Los objetivos de la RTFO, como las del resto de legislaciones de los Estados miembros, eran aumentar la oferta de biocarburantes según los objetivos establecidos por el Gobierno y la Unión Europea y lograr un ahorro de emisiones de carbono en el transporte. El Reino Unido fue uno de los primeros en recortar los porcentajes de incorporación de biodiésel y bioetanol en el gasóleo y la gasolina, quedando en un 4,75 en 2013, cuando en un principio fijaron un 5% para 2010. Por otro lado, las enmiendas introducidas en 2011 en la RTFO buscaban mejorar los resultados de sostenibilidad e incentivar la producción de biocarburantes no procedentes de cultivos, dándole doble valor a los derivados de residuos.
En cuanto al primero de los objetivos, el informe publicado por el Ministerio de Transporte sostiene que se ha alcanzado un suministro seguro y conforme a la normativa por parte de todos los operadores, con un incremento significativo de la capacidad de producción. Sobre la reducción de emisiones, cifran el ahorro en 1,6 millones de toneladas de CO2 anuales, lo que equivale a retirar de la circulación a 600.000 automóviles. Puntualizan que estos cálculos tienen en cuenta los efectos del cambio indirecto del uso de suelo (ILUC, en sus siglas en inglés). Con dicha contabilización el ahorro de emisiones comparado con los combustibles fósiles llega al 56%. También reconocen que había una previsión de reducción mayor, pero que no se ha cumplido al bajar los porcentajes de incorporación.
99% de biocarburantes certificados como sostenibles
Los redactores del informe recuerdan que “el Reino Unido se ha situado en la vanguardia de los países que presionan para que tengan en cuenta los efectos indirectos de la producción de biocarburantes. Añaden que fue la famosa Gallagher Review (el nombre procede del director de la Renewable Fuels Agency que la impulsó, Ed Gallagher), la que concluyó que “los biocarburantes procedentes de cultivos podrían causar indirectamente la expansión de la producción agrícola en tierras ricas de carbono”. “Fomentar el uso de biodiésel derivado de residuos frente al de cultivos ha permitido alcanzar una significativa reducción de emisiones de carbono”, concluyen.
La valoración de los cambios de la normativa a raíz de la incorporación de los criterios de sostenibilidad en 2011 también es positiva. En la actualidad, el 99% de los biocarburantes se certifican como sostenibles y añaden que “la doble certificación de combustibles derivados de residuos ha supuesto un incentivo eficaz para su uso, ya que representó el 50% de la oferta en el año 4 (2012) y el 39% en lo que va de año”.
Por último, a lo largo del informe se afirma que la política de reducción de emisiones en el transporte es una de las más caras de llevar a cabo. Reconocen que es un medio eficaz para consolidar esa reducción, pero también que la producción de biocarburantes es más costosa que la de los combustibles fósiles. Sin entrar a valorar el ahorro en importaciones de petróleo, consideran indispensable continuar con el apoyo gubernamental para cumplir con los objetivos europeos, con independencia de cómo queden estos con la modificación normativa actualmente en marcha.
