Un grupo de activistas disfrazados de orangutanes y jaguares ha recorrido algunas estaciones del Metro de Madrid explicando que el cultivo masivo de soja y palma está arrasando los hábitats naturales de estos animales y está violando los derechos humanos de sus habitantes, por lo que piden al Gobierno de España que deje de utilizar dichas materias primas para producir combustibles. A través de la realización de esta acción, Ecologistas en Acción da el pistoletazo de salida a una campaña que incluye la exhibición de un anuncio en 35 estaciones de la red de Metro con un doble objetivo. Por un lado, sensibilizar a la ciudadanía sobre los graves impactos de la utilización del aceite de palma y de soja para fabricar combustibles, "a pesar de la imagen de sostenibles que a menudo se nos ofrece de estos carburantes".
Por otro lado, la campaña publicitaria de la organización ecologista quiere movilizar a la opinión pública para que reclame al Gobierno de España su apoyo a la propuesta del Parlamento Europeo de abandonar la palma y la soja como materias primas para la fabricación de combustibles en 2023. Para ello, los anuncios exhibidos en la red de Metro cuentan con un código QR a través del cual se puede enviar fácil y rápidamente un mensaje al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y a la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, para pedirles que apoyen la mencionada propuesta del Parlamento.
"Pese a su promoción como combustible limpio durante las últimas décadas en el marco de la Directiva de Energías Renovables de la UE, hoy está demostrado que los carburantes elaborados a base de palma y de soja emiten hasta el triple y el doble de gases de efecto invernadero que el combustible fósil, respectivamente, si se tienen en cuenta las emisiones asociadas a la destrucción de ecosistemas ricos en carbono para cultivar palma y soja en su lugar", señalan los ecologistas. Por otro lado, la expansión masiva de cultivos —con la palma y la soja a la cabeza— para fabricar combustibles es "causa directa de la deforestación de miles de hectáreas de selvas tropicales, de violaciones de derechos humanos de comunidades locales y de importantes aumentos en el precio de alimentos básicos como aceites vegetales o cereales", entre otros, lo que se traduce en altos niveles de inseguridad alimentaria en diferentes puntos del planeta.
Pablo Muñoz Nieto, coordinador de la campaña de biocombustibles de Ecologistas en Acción: "con acciones como la de hoy queremos informar a la ciudadanía de la oscura realidad detrás de unos combustibles que nos venden como limpios. También animarla a que apoye nuestra demanda al Gobierno para que España se sume a los países que ya han decretado el abandono de biocombustibles a base de palma y soja. España tiene la oportunidad de dar un paso al frente en Bruselas anunciando el fin inmediato de estas materias primas en nuestros depósito"
La posición de España sobre este tema resulta de enorme importancia en el conjunto de la Unión. España fue el "primer productor de biodiésel" a partir de aceite de palma de la UE en 2020 y cuenta con una de las mayores industrias de Europa en lo que se refiere a producción de biocombustibles elaborados a base de aceites vegetales. Un dato como ejemplo: "en 2020 España vendió 1,4 millones de toneladas de biodiésel, más de la mitad producido a base de palma y soja". La realización de esta campaña se produce en un momento clave para el Gobierno, ya que tiene que decidir su posición en la revisión de la Directiva de Energías Renovables. Uno de los asuntos clave de dicha revisión es la decisión por parte de los Estados miembros de apoyar o no la eliminación de la palma y la soja de los combustibles en 2023, medida que ya fue aprobada en septiembre por el Parlamento Europeo.
Por otro lado, todas las miradas se dirigen al Gobierno de España tras la catalogación del aceite de palma por parte de la Comisión Europea como materia prima insostenible en 2019 —decisión traspuesta por España a su ordenamiento jurídico en septiembre de 2021—, el abandono de la palma y/o la soja ya decretado por nueve países de la UE (Austria, Alemania, Bélgica, Dinamarca, Francia, Italia, Países Bajos, Portugal y Suecia) y la intención de Alemania de abandonar los biocombustibles a partir de cultivos alimentarios.
