Hace ahora un año, la Comisión Europea (CE) publicó dos comunicaciones y una decisión en las que apremiaba a gobiernos, industrias y ONG a presentar esquemas de sostenibilidad de los biocarburantes. La CE animaba así a crear regímenes voluntarios y daba pautas sobre las normas que debían cumplir. Uno de esos criterios hacía referencia a la supervisión por auditores independientes de la cadena de producción en su conjunto, desde el agricultor y los sistemas de procesamiento de la materia prima al suministrador que vende la gasolina o el gasóleo en las estaciones de servicio, pasando por los comerciantes. La comunicación de la CE fijaba las normas necesarias para que estas auditorías sean fidedignas e inmunes al fraude.
Con anterioridad a este requerimiento de la CE, se habían presentado ya algunos sistemas, pero fue a partir de este momento cuando acabaron en sus manos el grueso de los 16 esquemas voluntarios diferentes propuestos. De ellos, a finales de mayo de este año solo pasaron el corte de la CE siete. Con posterioridad, los 27 Estados Miembros, representados por técnicos de diferentes organismos de cada país, aprobaron esos siete primeros esquemas, auditados y evaluados por una consultora externa, y el paquete se envió al Parlamento Europeo.
Los ecologistas denuncian a la CE por falta de información sobre los esquemas aprobados
En una columna de opinión publicada en el portal Ethanol Producer Magazine, Robert Vierthout, secretario general de ePure (European Renewable Ethanol Association), se aventura a pronosticar que “una vez que el periodo de información se cierre (veinte días después de su publicación en el Diario Oficial de la UE), los esquemas voluntarios de sostenibilidad tienen valor legal, y eso debería ocurrir a principios de agosto”. Si nos atenemos al ritmo de presentación y aprobación de medidas y esquemas a través de los diferentes organismos de la UE (la directiva se aprobó a principios de 2009), el optimismo de Vierthout no parece muy justificado.
Sí es cierto que los productores quieren que se despeje este camino lo antes posible, y así lo demuestra el responsable de ePure: “la industria de la UE siempre ha estado ansiosa por demostrar su voluntad de cumplir con las normas de sostenibilidad para los biocarburantes”. Sin embargo, no todos están satisfechos, en especial las ONG ecologistas, con el resultado del proceso. Cuatro de ellas han mostrado su rechazo a los cauces de participación e información que se han dado durante el mismo, hasta el punto de presentar a finales de mayo una demanda contra la CE ante la Corte de Justicia de la UE por violar las leyes de transparencia informativa.
Friends of the Earth Europe (FoEE), ClientEarth, Corporate Europe Observatory y la ONG belga Fern presentaron la demanda ante “la negativa de la Comisión a facilitar el acceso a la información en las decisiones relativas a la sostenibilidad de la política europea de biocarburantes”. Robbie Blake, de FoEE, afirma que "la CE ha eludido continuamente su responsabilidad legal de revelar hasta la información más básica sobre los sistemas de certificación voluntaria para biocarburantes”. Según Blake, “nos jugamos mucho, porque de aprobarse esquemas ineficaces se dará luz verde a los abusos sobre el medio ambiente”.
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