A través de la carta de Ana Botella se ha conocido el descontento general que existe entre las Administraciones Públicas, en especial ayuntamientos, ante la disminución de los ingresos derivados de la venta de electricidad a partir del biogás generado en depuradoras de aguas residuales y vertederos de residuos sólidos urbanos. A su vez, desde el sector del biogás agroindustrial, aún más castigado y menos desarrollado, consideran egoísta esta postura y esperan que alguna administración se muestre igual de comprensiva ante un descenso galopante de ingresos que se puede ver agudizado si se aprueba la propuesta de orden ministerial sobre parámetros de retribución a las renovables.
Esta última propuesta de orden es la que hizo definitivamente estallar a Ana Botella y mandar la carta a José Manuel Soria. Europa Press publica las dos peticiones principales que incluye la misiva. La primera consiste en una exención de todas las medidas regulatorias, tanto fiscales como retributribas, aprobadas desde 2012 para los servicios públicos de gestión y tratamiento de residuos y de lodos de depuración gestionados por las ciudades y las comunidades autónomas. La segunda pasa por que las instalaciones asociadas a la prestación de estos servicios públicos en operación antes de 2008 no se queden sin las retribuciones a la inversión y a la operación.
“Gran perjuicio económico para las administraciones”
En la carta, la alcaldesa de Madrid comparte "plenamente" la necesidad de dar un marco estable al sector eléctrico y de acometer reformas que garanticen su sostenibilidad financiera a largo plazo. Sin embargo, llama la atención acto seguido sobre la actividad de tratamiento de residuos, crucial en ciudades como Madrid, al depender en parte de la tarifa que reciben por generación de electricidad a través del régimen especial. Para Botella, las medidas fiscales y regulatorias impulsadas desde 2012 están provocando "un gran perjuicio económico a todas las administraciones que, como Madrid, cuentan con tratamiento de residuos y lodos con producción de energía eléctrica”.
No obstante, la instalación franquicia de la generación de energía con residuos, el vertedero de Valdemingómez, lleva años sin cumplir las expectativas que generó, especialmente tras la puesta en marcha de los complejos de biometanización. Como recordaba hace poco este portal, desde que en 2009 se pusieron en marcha las nuevas instalaciones de producción y depuración de biogás en el macrovertedero madrileño y en 2011 se anunció la inyección y venta del biometano han sido testimoniales los metros cúbicos que se han comercializado. El Ayuntamiento de Madrid habla de 300.000 euros en 2012, cuando algunas fuentes cifran en al menos 20 millones de euros los ingresos que se tendrían que haber producido.
Ana Botella incluye las dos plantas de biometanización de residuos entre las instalaciones perjudicadas por las medidas del Gobierno aprobadas y por aprobar que afectan negativamente a las renovables, además de una planta de producción de biometano, una incineradora, una instalación de producción de energía eléctrica a partir del biogás de vertedero y dos plantas de secado térmico de lodos. En todos los casos habla del beneficio ambiental que producen gracias a la gestión adecuada de los residuos, además de recordar que en la última década se han destinado 300 millones de euros a la inversión en estas instalaciones y su explotación requiere un gasto corriente anual de 35 millones de euros.