Tras conocerse la propuesta oficial de la Comisión Europea “para reducir los efectos de la producción de biocombustibles en el clima”, la sección de Biocarburantes de la Asociación de Productores de Energías Renovables (APPA) emitía un comunicado en el que valoraba positivamente que se eliminara la pretensión inicial de aplicar obligatoriamente a los biocarburantes unos factores de emisiones por el cambio indirecto del uso de la tierra (ILUC, en sus siglas en inglés). Para APPA Biocarburantes, lo contrario habría supuesto “la práctica desaparición de la mayor parte de la industria europea de biocarburantes, poniendo en grave peligro tanto el mantenimiento de los 100.000 puestos de trabajo directos creados por el sector en la Unión Europea, como la consecución del objetivo de energías renovables en el transporte fijado para 2020 (10%)”.
La CE propone, no obstante, incluir los factores ILUC en las comunicaciones que hagan los suministradores de combustible y los Estados miembros sobre la disminución de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) de los biocarburantes y biolíquidos. “Aunque sea con un valor meramente informativo, la Comisión persiste en el error de proponer unos factores ILUC derivados de diversos informes que no han sido validados científicamente y cuyos modelos numéricos presentan graves carencias y limitaciones metodológicas”, afirman desde APPA Biocarburantes.
Se propone un límite de biocarburantes de cultivos inferior al alcanzado ya en España
Mucho más crítica se muestra la asociación con la propuesta de limitar al 5% la aportación de los biocarburantes fabricados con cultivos alimentarios, ya que “prejuzga negativamente sus impactos sin base alguna, olvidando que la producción de biocarburantes es una importante fuente de coproductos para la alimentación animal y poniendo en serio peligro la consecución del objetivo del 10% para 2020”. APPA Biocarburantes califica de inaceptable que dicho límite sea inferior al ya alcanzado en España, donde la contribución de los biocarburantes al consumo en el transporte ha superado ya el 7% en términos energéticos. “Este nivel debería ser respetado en cualquier caso”, apostillan.
Por otro lado, exigen también modificaciones “para salvaguardar las legítimas expectativas de las inversiones realizadas y previstas en plantas ya autorizadas pero que no podrán ser operativas antes del 1 de julio de 2014, sin exigírseles incrementos adicionales en la reducción de sus emisiones de gases de efecto invernadero a los previstos en la directiva de energías renovables”. Hace unos días, Pekka Pesonen, secretario general del Copa-Cogeca (asociación de organizaciones agrarias y cooperativas europeas), añadía que “cualquier propuesta debe garantizar la confianza de los inversores y evitar que se pongan en peligro los objetivos de 2020 fijados en el marco de las políticas existentes”, y pedía a la Comisión que “revise la propuesta y el estudio de impacto, de lo contrario la estrategia de la UE a favor de la bioeconomía va a
colapsar”.
Por último, APPA Biocarburantes se muestra de acuerdo en incentivar especialmente aquellos biocarburantes fabricados con materias primas que tengan mayores ventajas ambientales y de seguridad de suministro. Pero entienden que no se debería realizar “mediante mecanismos que no reduzcan su consumo real, aumentando en consecuencia el de los carburantes fósiles, como hacen inevitablemente los sistemas de doble y cuádruple valor que propone el proyecto”. Proponen que “en vez de seguir recurriendo a trucos contables se debería incluir alternativamente objetivos mínimos de consumo y/o incentivos fiscales para estos biocarburantes que presentan ventajas adicionales”. En cualquier caso, esperan que “estos defectos puedan ser corregidos adecuadamente durante la tramitación legislativa del proyecto que ahora se inicia”.
