Según el informe elaborado por la consultora Cerulogy para Transport & Environment “el consumo europeo de aceite de soja podría aumentar de dos a cuatro veces de aquí a 2030 en comparación con el que se usa actualmente”. Calculan que para atender dicho suministro se necesita “una extensión del área deforestada de bosques tropicales y humedales mayor que la ciudad de Londres”.
Otros cálculos del informe suben “hasta 38 millones de toneladas de CO2 adicionales las que se podrían emitir en 2030 si no se toman medidas reguladoras en Europa para catalogar el aceite de soja como materia prima insostenible”. Y todo “debido a la política de biocombustibles de la Unión Europea (UE)”, concluyen desde T&E y Ecologistas en Acción, que ha dado a conocer el informe en España.
Consideran que “el monocultivo de la soja es una de las principales causas de la deforestación de biomas de gran importancia como la Amazonía, la sábana El Cerrado y El Chaco, ubicados en América Latina”. Sin embargo, según datos de la Bolsa de Comercio de Rosario (Argentina), el principal destino del aceite de soja sigue siendo la alimentación, sobre todo en China, la UE y Estados Unidos.
El doble para alimentación que para usos industriales, pero crece en el transporte
Argentina es el cuarto productor mundial de aceite de soja y primer exportador de esta materia prima. En los datos del informe de la Bolsa de Comercio de Rosario, que abarca de octubre de 2018 a septiembre de 2019, la UE derivó 1.400 millones de toneladas de aceite de soja para alimentación y 950 millones para uso industrial. Lo que sí parece evidente es que este uso industrial va en aumento.
Si se coge la estadística de biocarburantes que elabora la CNMC, se aprecia que desde 2015 en España ha ido creciendo el consumo de aceite de soja para producir biodiésel. En ese año fue del 14,7 por ciento del total de materias primas empleadas, frente al 65,4 del aceite de palma. Los porcentajes siguieron más o menos estables en 2016 (10,3 y 72,4) y 2017 (17,4 y 62,2), pero se duplicaron a favor del aceite de soja en 2018 (34,5 y 55,4) y 2019 (28,2 y 44,7).
El aceite de soja sigue sin entrar en el hidrobiodiésel
En el porcentaje del 44,7 de la palma entra tanto el aceite puro como el extraído de los racimos de la planta, que tiene la denominación de FFB, acrónimo en inglés de oil palm fresh fruit bunches. Parece claro que la industria, ante el plazo dado por la Comisión Europea para que progresivamente el biodiésel de aceite de palma pierda la condición de combustible renovable antes de 2030, intenta buscar alternativas en otras materias primas. En 2019 también creció el procedente de aceites de cocina usados, hasta el 13,3 por ciento.
Eso sí, el hidrobiodésel consumido en España y producido principalmente por Repsol y Cepsa sigue copado por el aceite de palma, ya que roza el cien por cien (99,1) como materia prima empleada, sea virgen o como FFB. Ni el FFB ni el destilado de ácido graso de la palma, conocido como PAFD (palm fatty acid distillate) son considerados en España como materias primas para producir biocarburantes avanzados, según la última resolución de la CNMC que determina cuáles cuentan doble por tener esta consideración para cumplir con los objetivos de biocarburantes en el transporte.
“La CE debe catalogar como insostenible el biodiésel de soja”
Rosalía Soley, portavoz de Ecologistas en Acción, afirma que “la normativa de la UE no tiene en cuenta la expansión indirecta y los efectos de esta. Si se consideran, la mayoría de los biocombustibles que se usan en Europa presentan emisiones de gases de efecto invernadero muy elevadas, principalmente los casos de los aceites de palma, soja y colza".
Cristina Mestre, coordinadora de Biocombustibles de Tranport & Environment, añade que “la CE debe catalogar como insostenible el biodiésel de soja igual que pasó con el de palma. De lo contrario, la soja corre el riesgo de quebrar los planes climáticos de Europa". Ambas declaraciones se enmarcan en la presión para que España no incluya este biocarburante en los objetivos que se marque para cumplir con la directiva de renovables, que establece un catorce por ciento de estas en el transporte para 2030.
