“Dada la incertidumbre sobre cómo cuantificar los efectos indirectos, la asamblea general de RSB en 2013 decidió centrarse en el papel que los productores individuales pueden desempeñar en la prevención de impactos indirectos y desarrolló un mecanismo para promover los biocombustibles con un menor riesgo de causar efectos indirectos negativos”. Así comenzó la andadura del esquema RSB en su toma en consideración del CIUT, ahora plasmado en el documento Principios y criterios para la producción sostenible de biomateriales, biomasa y biocarburantes.
En dicho documento se revisan y actualizan los principios y criterios de un esquema que cuenta con el aval ambiental de tener entre sus miembros al World Wildlife Fund (WWF) y a la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (IUCN). Ya en 2015, la RSB, con el fin de minimizar la ocurrencia del CIUT, desarrolló un conjunto de criterios e indicadores que deben cumplir las empresas certificadas para demostrar que sus operaciones tienen un bajo riesgo de CIUT.
Más rendimiento sin conversión adicional de tierras
Todos ellos aparecen en la revisión de los principios y criterios publicados ahora. El modelo implantado por la RSB obliga a demostrar a los operadores que la obtención de la materia prima, sea para biocarburantes u otros bioproductos, se consigue con un aumento en el rendimiento sin ninguna conversión adicional de tierras (estableciendo una fecha de referencia) y que provienen de áreas que no fueron cultivadas previamente o que no se consideraron tierras de cultivo.
Pero en la revisión de esos principios y criterios la RSB se centra principalmente en otros, tanto de índole administrativo como ambiental y social. Por ejemplo, mencionan la integración del requisito de cálculo de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) con otras herramientas de medición disponibles y, en concreto, desarrollan un nuevo enfoque para medir las derivadas de las operaciones forestales. Otras dos novedades son los nuevos requisitos para el manejo integrado de plagas y para facilitar las denuncias y demandas de los trabajadores y las comunidades locales.
La revisión presentada ayer por la RSB se produce cuatro meses después de la publicación del informe del Tribunal de Cuentas Europeo, que cuestionaba la efectividad del sistema para certificar la sostenibilidad de los biocarburantes de la CE, que incluye dicho esquema entre otros diecinueve.
No al biodiésel de aceite de palma, pero sí a otros propuctos que lo llevan
A Florent Marcellesi, europarlamentario de Equo/Los Verdes/European Free Alliance y ponente de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural en el Parlamento Europeo, siguen sin convencerle los cambios que muestran algunos esquemas como el RSB, que certifica entre otros el biodiésel de aceite de palma. Acaba de presentar una propuesta de opinión al informe de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria en la que denuncia “la alarmante escala de deforestación provocada por la producción del aceite de palma”.
Marcellesi muestra su preocupación por el hecho de que “los sistemas de certificación no sean una verdadera garantía de que el aceite de palma se ha producido de forma sostenible”, y cita en concreto la Certificación de Aceite de Palma Sostenible (CSPO, en sus siglas en inglés), por “no ser eficaz a la hora de garantizar las normas aplicables y su cumplimiento”. Pide además “la eliminación de todos los biocombustibles de primera generación que, como el aceite de palma, provocan deforestación y compiten por la tierra con la producción de alimentos o no reducen significativamente las emisiones de gases de efecto invernadero”.
En el texto del proyecto de opinión, el representante de Equo añade que es consciente de la importancia del aceite de palma como parte de diferentes sistemas de cultivo intercalado para garantizar la seguridad alimentaria y los ingresos de los pequeños agricultores. Por eso, para otros productos que no son biodiésel solicita favorecer su etiquetado y establecer “un marco normativo con medidas vigorosas y ejecutables para garantizar que todos los actores de la cadena de suministro, incluidas las entidades financieras de la UE y las inversiones y préstamos que facilitan, no participen en la deforestación”.
