A finales del mes de febrero, El País fue de los primeros medios de comunicación en informar sobre el contenido de la postura española con respecto a la nueva directiva europea de energías renovables. La filtración ha ido a más, y hoy todo el mundo sabe que España se opone firmemente a prohibir el biodiésel de aceite de palma según propone el Parlamento Europeo y a limitar los biocarburantes convencionales acorde con la propuesta de la Comisión Europea.
La pasada semana, Ecologistas en Acción volvió a revelar el contenido de la postura española, que según Nuria Blázquez, responsable de biocombustibles, "es contraria a los compromisos adquiridos en la Cumbre de París, además de ir en contra de los derechos humanos y la conservación de la biodiversidad".
La reacción coincidió con una nueva campaña de recogida de firmas (España: más aceite de palma... menos selvas tropicales) de Salva la Selva, una de las ONG más activas contra el cultivo de palma en Indonesia y Malasia. Klaus Schenk, portavoz de la organización, afirma que “la mayor parte del aceite de palma en España (1,2 millones de toneladas en 2017) se destina a la producción de biocombustibles”. “El Gobierno español debe respaldar la protección de las selvas tropicales y eliminar el aceite de palma del biodiésel de las energías renovables”, concluye Schenk.
Confluencia de APPA Biocarburantes con el Gobierno español
Por el contrario, en declaraciones a Energías Renovables, la sección de Biocarburantes de la Asociación de Empresas de Energías Renovables (APPA) respalda en lo esencial la postura de España, muy crítica con las propuestas acordadas en el Parlamento Europeo de eliminar el biodiésel de aceite de palma y dejar el porcentaje de incorporación de los biocarburantes convencionales en el alcanzado en 2017, en torno al cinco por ciento.
APPA Biocarburantes apoya la postura española contraria a ambas limitaciones. En cuanto al segundo, considera que “esta limitación no es aceptable, ya que se traduciría para España en un límite máximo aproximado del 4,75 por ciento a partir de 2021, muy inferior al ya fijado para 2020 (7 por ciento) y a la capacidad productiva disponible en nuestro país”. Consideran “fundamental mantener la propuesta inicial del Consejo de Europa de establecer dicho límite en el 7 por ciento para todos los biocarburantes convencionales durante la próxima década”.
No cerrar la puerta a ninguna materia prima utilizable
También tildan de “fundamental que se mantenga la propuesta inicial del Consejo de apoyar el principio de neutralidad en cuanto a las materias primas utilizables, sin realizar ninguna excepción, ya que todo el biodiésel de palma consumido en la UE, al igual que el resto de los biocarburantes utilizados, cumple estrictos criterios de sostenibilidad que aseguran que no genera deforestación y consigue importantes ahorros de emisiones”.
No obstante, el establecimiento y cumplimiento de esos criterios de sostenibilidad y su certificación han sido puestos en tela de juicio tanto por las ONG ecologistas y de ayuda al desarrollo como por el Tribunal de Cuentas Europeo. Este último, en un informe de julio de 2016, no considera estas certificaciones “totalmente fiables”.
APPA Biocarburantes reconoce que establecer los límites que propone el Parlamento Europeo, “afectaría negativamente a la industria española de biocarburantes, a las inversiones realizadas, a los puestos de trabajo generados y a la confianza regulatoria del sector. También dificultaría la consecución de los objetivos y encarecería el coste de su cumplimiento, al obligar a utilizar tecnologías más onerosas”.
Mantener la participación de los aceites de cocina usados
En consonancia con la acusada dependencia de materias primas del exterior, en especial del aceite de palma, la misma asociación avisa que su prohibición “violaría la normativa de la Organización Mundial de Comercio, al tiempo que incrementaría el coste de cumplimiento de las obligaciones de combustibles renovables en España, ya que este aceite es la principal y más económica materia prima utilizada por la industria española”.
APPA Biocarburantes también apoya al Gobierno español para impedir que se limite la contribución de los biocarburantes fabricados a partir de aceites de cocina usados y grasas animales de categoría 1 y 2, y se rechace la propuesta del Parlamento de incluir en la nueva directiva diversas menciones al principio de jerarquía de los residuos, que priorizan otros usos de estos sobre el aprovechamiento energético.
El escollo de los multiplicadores
La patronal española no está tan de acuerdo con la posición española en la “aplicación de multiplicadores (otorgar más valor a la participación de determinadas tecnologías en el transporte) para el cálculo de la contribución de la electricidad renovable utilizada en el transporte ferroviario y en vehículos de carretera”.
En este caso apoyan la propuesta de la Comisión de “eliminar completamente estos multiplicadores, ya que no tienen realmente fundamento técnico ni efecto incentivador, sino que sólo sirven para reducir artificialmente la ambición de los objetivos de renovables en transporte”.
La soledad de España
Por último, a la vista de los mencionados multiplicadores eléctricos, les parece incluso “muy poco ambicioso el objetivo de renovables en el transporte propuesto por el Consejo (14 por ciento en 2030)”. “Consideramos que dicho objetivo debería elevarse hasta el 17 por ciento, un valor que la UE puede alcanzar en 2030 de manera eficiente en cuanto a costes, según concluye un reciente informe de la Agencia Internacional de Energías Renovables.
Las posturas, divergentes, entre las propuestas del Parlamento, la Comisión y el Consejo europeos, más las de los Estados miembros, están en plena fase de puesta en común para llegar a un acuerdo final. Mientras, y en el caso del aceite de palma, Ecologistas en Acción lamenta que “al contrario que otros países de la UE, como Holanda o Portugal, el Estado español se ha posicionado claramente en contra de esta eliminación”. El citado artículo de El País afirmaba que solo Italia acompaña a España en esta postura.
