El próximo martes 13 de noviembre, Manuel Bustos, director de APPA Biocarburantes, tendrá oportunidad de dar a conocer en persona a José Domínguez, secretario de Estado de Energía, la batería de propuestas para consolidar el desarrollo de la industria de los biocarburantes en España, convencionales y avanzados. Al menos así lo prevé la agenda del Ministerio para la Transición Ecológica (Miteco).
“Un objetivo de energías renovables en el transporte de al menos un 17 por ciento para 2030, más allá del escaso 14 previsto en la nueva directiva de energías renovables”; y “mantener el actual mecanismo obligatorio de venta o consumo de biocarburantes, con una senda creciente de obligaciones anuales a partir del 8,5 por ciento ya fijado para 2020, que debería complementarse con objetivos específicos y separados en gasolinas y gasóleos”.
Estas son algunas de las peticiones de APPA Biocarburantes en plena recta final para la elaboración y aprobación del plan nacional integrado de energía y clima 2021-2030 (PNIEC). La patronal busca que el sector industrial que representa no se quede descolgado del mismo.
“Papel clave” en el próximo plan nacional integrado de energía y clima 2021-2030
Por eso reivindica el “papel clave” que el biodiésel y el bioetanol deben tener en 2030 porque aseguran que “según todas las previsiones, entre el 70 y el 80 por ciento del parque circulante de vehículos ligeros seguirá funcionando entonces con motores de combustión”. Dentro de este panorama, “los biocarburantes serán la única opción renovable, al igual que para la aviación, la navegación marítima y los vehículos pesados de carretera”, añade APPA Biocarburantes.
Su presidente, Óscar García, considera que, de cara al PNIEC “el Gobierno debería hacer una apuesta decidida por los biocarburantes en el marco de unos objetivos de energías renovables y de descarbonización en el transporte ambiciosos y robustos”. Y sugieren algunos medidas más.
Entre estas están la “introducción obligatoria en las estaciones de servicio de gasolina y gasóleo con un diez pociento en volumen de bioetanol (E10) y biodiésel (B10), respectivamente” y “maximizar la contribución de los biocarburantes convencionales hasta el límite del 7 por ciento previsto en la nueva directiva, sin fijar límites inferiores a los permitidos, ni hacer distinciones entre distintos tipos de biocarburantes convencionales”.
Muy dependientes del biodiésel de aceite de palma
Debido a las restricciones que se prevén para los biocarburantes convencionales en la nueva directiva, en especial al biodiésel de palma y soja, la industria española se sitúa en una posición crítica, ya que, por un lado, es productor principalmente de biodiésel (por cada tonelada que produce de etanol fabrica cinco de biodiésel), y, por otro, este se fabrica mayoritariamente con aceite de palma (62 por ciento). Tecnológicamente, pero no en costes, la industria afirma estar preparada para emplear otras materias primas.
Aunque ha habido años (2015) que los aceite de cocina usados y las grasas animales han llegado a suponer la segunda materia prima más utilizada (16 por ciento) tras el aceite de palma ahora no llegan al uno por ciento. Sin embargo, APPA Biocarburantes defiende que el Gobierno apueste más por ellos y le pide que les dé un valor doble para “incentivar al máximo su fabricación y consumo”, y superar el límite del 1,7 por ciento dentro de la directiva.
Por último, reclaman otras dos medidas: “cumplir en términos físicos los objetivos obligatorios de consumo de biocarburantes avanzados previstos en la nueva directiva a partir de 2022, sin aplicarles doble cómputo desde ese año” y “no contabilizar el consumo de combustibles de carbono reciclado para los objetivos de renovables en transporte, sino para un objetivo medioambiental separado”.
