Llegados a este punto, y desde una vocación divulgadora, queremos compartir en estas líneas y explicar, con una mirada crítica, el cambio de paradigma que ha vivido el sector fotovoltaico durante los últimos años y, al mismo tiempo, constatar las particularidades de su estrecha relación con el sector asegurador.
Para entender la situación actual del seguro para las energías renovables, y más concretamente para la energía solar fotovoltaica, tenemos que remontarnos al Plan de fomento de las Energías Renovables, aprobado en 1999, y sus posteriores desarrollos normativos. Ese año, la potencia fotovoltaica instalada en todo el Estado no llegaba a los 10MW.
En 2007, con el objeto de acelerar el sector para acercarse a unos objetivos aún lejanos, el gobierno del socialista Rodríguez Zapatero publicó el decreto 661/2007 para estimular la inversión en energía limpia. La resolución establecía unas tarifas reguladas fijas e importantes primas, a medio y largo plazo, para incentivar la promoción de la generación eléctrica de fuente fotovoltaica.
El decreto provocó el desembarco de constructoras y grandes fondos de inversión que, acogiéndose a una alta rentabilidad situada entre el 7 y el 9%, apostaron por la construcción de grandes parques solares. Se calcula que en solo dos años se multiplicó por 27 la potencia instalada a finales de 2006 en toda la península ibérica.
Este contexto generó una coyuntura muy favorable para el negocio asegurador. Los grandes parques fotovoltaicos permitían optimizar los programas de mantenimiento y su protección era relativamente sencilla y económica. Estos factores, junto a que el sector asegurador consideraba la tecnología fotovoltaica como de bajo riesgo, facilitó que las aseguradoras cubriesen las instalaciones de placas solares con unas condiciones muy favorables y a unos precios muy competitivos.
La crisis golpea la fotovoltaica
Pero esta situación se precipitó con el estallido de la crisis financiera que desencadenó la quiebra de Lehmann Brothers y que culminó, en el caso de España, con la intervención de las cuentas del Gobierno central por parte de la Comunidad Europea. El gobierno socialista en 2010, y posteriormente el Partido Popular, aplicaron moratorias y recortes del 30 y el 50% en la tarifa regulada de inversión en energías renovables. Esto supuso un retroceso importante de la rentabilidad marcada en 2006.
La crisis económica posterior –que impactó muy profundamente en el sistema financiero y en el sector de la construcción– generó, a su vez, un parón importante en la ejecución de nuevos proyectos. Por su parte, la caída de las aportaciones de las administraciones públicas conllevó la reducción drástica de los recursos disponibles para el correcto mantenimiento de las instalaciones ya construidas. En pocos años, el parque de instalaciones fotovoltaicas había envejecido notablemente por la falta de nuevas instalaciones a la vez que los programas de mantenimiento sufrían una paulatina degradación a causa de la crisis económica.
Por si fuera poco, en los años posteriores al estallido de la crisis se dispararon los robos de cobre que terminaron afectando gravemente a las instalaciones y a la producción. Este aumento de la siniestralidad terminó impactando negativamente en el resultado técnico de las compañías aseguradoras, muchas de las cuales decidieron excluir la industria fotovoltaica de su oferta después de asumir importantes pérdidas.
En menos de una década, un negocio incentivado por las administraciones públicas con el que importantes fondos de inversión habían previsto ganar grandes cantidades de dinero dejaba de ser rentable. Eso hizo que ya no fuera interesante para agentes económicos poco vinculados al territorio y a sus comunidades. El llamado “impuesto al sol” decretado por el gobierno popular en 2015 supuso una traba más al impulso de nuevas instalaciones fotovoltaicas en España, mientras la energía solar seguía creciendo en muchos otros países.
Pero en los últimos años, la evolución de distintos factores políticos y económicos ha revertido notablemente esta situación: una de las primeras medidas del primer gobierno de Sánchez fue la derogación del “impuesto al sol” en 2018. Además, en el marco de las ayudas y subvenciones Next Generation promovidas por la Unión Europea para fomentar la reconstrucción poscovid y el cambio de modelo energético, se concedieron cerca de 1.320 millones de euros para el autoconsumo, el almacenamiento energético y la climatización renovable.
Estas ayudas han llegado en paralelo al incremento del precio de la electricidad por la conjunción de la crisis de recursos y los conflictos geopolíticos a escala planetaria y un abaratamiento del precio de los materiales de las instalaciones, lo que supuso que muchas personas y colectivos hayan decidido dar el salto a la energía renovable a través de la instalación de módulos fotovoltaicos.
Cambio de paradigma: de los grandes a los pequeños
En este punto es importante destacar el cambio de paradigma entre el boom de los locos 2000 y la situación actual. Mientras hace quince años fueron grandes fondos de inversión internacionales quienes apostaron por la construcción de grandes parques solares, en la actualidad es la ciudadanía, ya sea a título individual u organizada en colectivos como las comunidades energéticas, la que está impulsando esta transición. Este aspecto es especialmente relevante, ya que supone una atomización de la potencia instalada lo que, más allá del empoderamiento ciudadano, tiene importantes implicaciones para el sector asegurador.
Este repunte en la demanda ha promovido la aparición de instaladoras e ingenierías con poca experiencia en el sector, la popularización de instalaciones sobre techo y una mayor fragmentación de las instalaciones. Para las aseguradoras, que arrastraban una mala experiencia en el sector de los años anteriores, estos nuevos retos suponían importantes barreras, ya que, en muchos casos, dificultaba la protección y el correcto mantenimiento de las instalaciones. Además, las nuevas instalaciones sobre cubierta implican nuevos riesgos como el incendio de la vivienda o la nave y la posible pérdida total de la instalación.
Como mediadoras de seguros, desde Arç Cooperativa nos encontramos en una compleja situación al recoger las necesidades de la ciudadanía, cooperativas y otros colectivos que apuestan por este modelo de generación de energía renovable y trasladarlo a las compañías aseguradoras. Nuestro compromiso con la sostenibilidad y la transición ecosocial nos impulsó a negociar con compañías y diseñar productos aseguradores para los pequeños actores y favorecer así el cambio de modelo energético.
Queremos reivindicar la importancia de tejer alianzas y generar sinergias positivas con las organizaciones referentes en la promoción de una transición energética sostenible, justa y solidaria, como Unión Renovables o Som Comunitats, en Cataluña. De este modo, hemos podido imaginar, diseñar y poner a disposición del sector un catálogo de productos adaptados tanto a las pequeñas instalaciones de autoconsumo, como a las comunidades energéticas locales, a las instalaciones de producción de pequeña y mediana escala o al resto de agentes relacionados con el sector de la fotovoltaica, como ingenierías, instaladoras, fabricantes, distribuidores de componentes, propietarias y comercializadoras.
En Arç Cooperativa estamos comprometidos con una transición ecológica justa, democrática y participativa y seguiremos poniendo toda nuestra experiencia y conocimiento a disposición de los otros agentes que participen activamente en esta transición.
*Albert Castillo es socio de Arç Cooperativa-CAES
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