La propuesta de Greenpeace, que se enmarca en la petición de interés del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico para recabar iniciativas y definir las líneas estratégicas del Plan de Recuperación, presenta una colaboración púbĺico-comunitaria entre colegio-ayuntamiento y comunidad educativa (alumnado-familias-equipo docente) para la instalación de un autoconsumo fotovoltaico compartido. Es decir, dotar al colegio de una instalación solar fotovoltaica que produce electricidad no solo para las propias necesidades del centro, sino que comparte parte de su producción con familias de la comunidad educativa que estén en situación de vulnerabilidad y pobreza energética. Además, el proyecto apuesta por procesos de aprendizaje, empoderamiento y reinversión colectiva para producir, usar y gestionar más eficientemente la energía. La organización considera que la regulación normativa de las comunidades energéticas locales, que actualmente está preparando el Gobierno para adaptarse a los requerimientos de las directivas europeas, es "una gran oportunidad para que se puedan materializar proyectos de este tipo sin obstáculos, en un contexto actual de desconfianza de la ciudadanía hacia el uso de la energía, de modo que esta adquiera un mayor protagonismo en la transición energética renovable y en la lucha contra la pobreza energética".
Con esta iniciativa la organización demanda al Gobierno que se diseñen e implementen las estrategias, normativas y herramientas necesarias "que faciliten la configuración de este tipo de comunidad energética local, para que se traslade a todo el país y se frene tanto la pobreza energética como la emergencia climática".
María Prado, responsable de la Campaña Renovables y Transición Energética en Greenpeace España: “debemos reinventar la forma en que consumimos energía tanto desde las ciudades como los pueblos, y algo tan vertebrador como los colegios lo puede hacer posible si el Gobierno, las comunidades autónomas y los ayuntamientos dan todos los pasos necesarios para implementar desde ya proyectos como este”
La organización, que ya presentó en diciembre su valoración y propuesta a la consulta del Ministerio sobre la transposición europea de esta nueva figura jurídica quiere dar ahora un paso más "con la apuesta por un proyecto concreto de indudable potencial transformador para nuestras ciudades y pueblos en un escenario de recuperación económica verde, justa e inclusiva frente a la Covid19 y en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia que se beneficiará además de una interesante movilización de fondos europeos".
María Prado: “nuestras ciudades, que concentran el 85% de la población, y nuestros pueblos, que se enfrentan a grandes retos de despoblación, necesitan avanzar en la transición energética con ejemplos claros que promuevan la participación proactiva de la sociedad en el uso de la energía. Colegios de Huelva, Valencia o Barcelona ya han mostrado su interés por esta iniciativa, y sabemos que muchos más se sumarían para erradicar la pobreza energética de sus familias si la legislación lo facilitase y apoyase”
Greenpeace considera que erradicar la pobreza energética y empoderar a la ciudadanía en su derecho al uso de la energía "deberían ser dos líneas estratégicas para la necesaria transición energética y la recuperación económica del país". Según la organización ecologista, conseguir una apuesta desde el gobierno por esta colaboración público-comunitaria "sería una gran palanca de cambio para construir ciudades y pueblos más resilientes ante el cambio climático, y una sociedad más justa, e inclusiva, que invierta en cuidar nuestro medioambiente y futuro con energía limpia y renovable y con una clara perspectiva de género".
