Greenpeace no quiere que Repsol entre en el "mercado" de las comunidades energéticas. Ni Iberdrola, ni Endesa, ni Naturgy. La organización ecologista ha presentado este pasado mayo una serie de alegaciones al borrador de real decreto (RD) sobre comunidades energéticas que ha presentado el Gobierno, un RD muy esperado (que llega con mucho retraso) y mediante el que el Ejecutivo pretende desarrollar dos figuras llamadas a revolucionar (ese era y es el objetivo) el escenario eléctrico: la comunidad de energías renovables (CER) y la comunidad ciudadana de energía (CCE). El Gobierno ha abierto a consulta su borrador, en fin, y Greenpeace (y otras varias organizaciones) han propuesto que se prohíba "expresamente" la participación (en ese escenario, el de las comunidades de energía) de entidades que dispongan de una cuota de mercado de un 10%, o sea, del oligopolio. Para evitar que Repsol, Endesa, Iberdrola y compañía se merienden también (o perviertan) el "negocio" de las comunidades energéticas.
Las alegaciones de Greenpeace
«Observamos cómo en la práctica, nuevos modelos de negocio están ya siendo promovidos y controlados por grandes grupos energéticos disfrazados de comunidades energéticas, pervirtiendo así el concepto de democratización y de comunidad de energía renovable, y que además se empiezan a replicar por todo el territorio nacional (caso de Toda Energía promovida por Edinor-Petronor-Repsol, que además accede a las subvenciones estatales). Consideramos, por tanto, vital que (...) la participación de grandes grupos empresariales que ejercen actualmente una posición de dominio en el mercado energético sea expresamente prohibida, bajo cualquier forma jurídica que adopten»
Lo dice Greenpeace, que ha enviado una serie de alegaciones al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, que abrió a consulta pública hace unos días su propuesta de real decreto para regular las dos figuras jurídicas comprendidas dentro del ámbito de las comunidades energéticas: las comunidades de energías renovables y las comunidades ciudadanas de energía.
"La trasposición de las directivas -dicen los ecologistas- se ha demorado casi dos años desde el plazo máximo marcado por Europa y no responde al espíritu de las directivas europeas". Greenpeace critica con dureza por ello al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Y lo critica porque, tras agotar el plazo máximo de trasposición, Transición Ecológica ha añadido nada más y nada menos que dos años de retraso a la susodicha trasposición de esas directivas. O, mejor dicho, a la "propuesta de borrador" (porque solo es una propuesta todavía), una propuesta que, además, "se queda a mitad de camino -denuncian los ecologistas- a la hora de impulsar las comunidades energéticas". Dos años de retraso, por una parte, y sin embargo muy poco tiempo, por otra, para la consulta y las alegaciones. Greenpeace denuncia así también la "falta de participación pública real" en el proceso, "que ha contado -recalca- con un plazo de consulta inferior a un mes". Según los ecologistas, todo ello vuelve a poner de manifiesto "el escaso interés del Gobierno en promover y facilitar la participación de la ciudadanía y garantizar una transición energética participada".
Porque esa es la clave: la participación activa de la ciudadanía en un escenario -el energético- que hasta hoy siempre le ha estado vedado. Y las comunidades energéticas son instrumentos de participación "cuya finalidad primordial -y esta es la otra clave- es proporcionar beneficios medioambientales, económicos o sociales a sus socios o miembros o a las zonas locales donde opera, en lugar de ganancias financieras" (que eso es lo que dice la propia directiva).
La oenegé del arco iris, tanto en solitario como con otros colectivos de los que forma parte, como la Coalición por la Energía Comunitaria o la Alianza por el Autoconsumo, ha presentado así alegaciones al borrador de real decreto sobre comunidades energéticas por el que se desarrollan estas dos figuras: comunidades de energías renovables (CER) y comunidades ciudadanas de energía (CEC), "muy esperadas por la sociedad civil para poder participar con garantías de igualdad en el sistema energético, tal como dicta Europa". La organización denuncia la falta de participación pública real en el proceso y exige mayor ambición a la norma.
El discurso de los ecologistas
«En un contexto de crisis climática, energética, socioeconómica y de biodiversidad, y en un punto de inflexión para conseguir no sobrepasar los 1,5°C de incremento de la temperatura media global, la apuesta por la democratización de la energía a través de las comunidades energéticas es más urgente que nunca»
María Prado, portavoz de Greenpeace: “ha sido una decepción enorme constatar la falta de visión y ambición del Gobierno a la hora de regular las comunidades energéticas e impulsar una verdadera democratización energética tal como reza el espíritu de las directivas europeas y el propio preámbulo del presente real decreto”
Greenpeace denuncia que muchos de los artículos "son una transcripción literal de las directivas europeas, lo que dificulta su interpretación debido a su escaso desarrollo normativo". La organización insiste en que el documento propuesto "carece de ambición, al no desarrollar el alcance de su articulado" y lo considera "una pérdida de oportunidad, por no resolver las numerosas actuales barreras, conocidas por la sociedad civil, que obstaculizan el correcto despliegue de las comunidades energéticas, entre las que destacan las barreras técnicas, de financiación, legales y sociales".
Distribuidoras
Otra de las demandas clave de Greenpeace está relacionada con las distribuidoras (Endesa, Iberdrola, Naturgy y EDP son las dominantes). La organización ecologista y así mismo otras "demandamos -dicen- que la actividad de distribución eléctrica sea permitida a esta figura [la de la comunidad de energías renovables] como se permite en las comunidades ciudadanas de energía en la directiva UE 2019 / 944 que faculta a los Estados miembros a permitir que las comunidades ciudadanas de energía se conviertan en gestores de redes de distribución".
Lo solicitan en términos absolutos y así mismo frente a los abusos de las distribuidoras dominantes. Según Greenpeace, "las distribuidoras y otros grupos empresariales energéticos están imposibilitando el desarrollo del autoconsumo colectivo, puerta de entrada habitual para la mayoría de omunidades energéticas, en tanto dificultan obtener el acceso y conexión a la red eléctrica, así como su posterior transferencia de energía, y dificultan el éxito del autoconsumo individual, en tanto obstaculizan la transferencia de energía y compensación de excedente".
Greenpeace denuncia explícitamente en sus alegaciones el "abuso continuado e injustificado de las distribuidoras tanto para autorizar la conexión como en los trámites posteriores (lecturas, transferencias y compensación de excedentes)" y apela por otro lado a "la necesidad de ventanilla única, de protocolos estandarizados de tramitación, marcos de facilitación financieros".
La organización ecologista hace especial hincapié en sus alegaciones en cómo las comunidades energéticas "están sufriendo retrasos injustificados relacionados con la solicitud de los puntos de conexión". En ese sentido, Greenpeace considera que "la evaluación que debe llevar a cabo el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía debería abordar esta situación y proponer soluciones como la ventanilla única dependiente de la administración pública para solicitar los puntos de conexión o establecer plazos concretos y un régimen sancionador por retrasos injustificados".
Es por todo ello por lo que "demandamos al gobierno -explican- una regulación explícita para impedir que estos grupos de interés dificulten el éxito de las comunidades energéticas en fiel cumplimiento al espíritu de las directivas europeas y al propio preámbulo de este Real Decreto".
En el preámbulo del RD se incide efectivamente en la condición, participada y democrática, de estas comunidades
«Las comunidades de energías renovables permiten de esta forma una mayor implicación de los ciudadanos y autoridades locales en la transición energética. Mediante la participación de estos sujetos en los proyectos de energías renovables se moviliza capital privado adicional, revirtiendo asimismo los beneficios directamente en ellos, lo que incrementa la aceptación local de las energías renovables.
Para evitar abusos y garantizar una amplia participación, las comunidades de energías renovables deben poder conservar su autonomía respecto de los miembros individuales y de otros actores habituales en el mercado que participen en la comunidad como miembros o socios, o que cooperan de otras formas, como por ejemplo mediante la inversión.
Las características particulares de las comunidades de energías renovables en relación con su tamaño, su estructura de propiedad y el número de proyectos pueden obstaculizar su competitividad frente a actores tradicionales. Por ello, podrán establecerse medidas que garanticen que estas comunidades puedan competir en igualdad de condiciones con otros productores, participen en el sistema energético y se facilite su integración en el mercado.
Las denominadas comunidades ciudadanas de energía (...) configuran un vehículo de participación ciudadana a través del cual los participantes pueden ver satisfechos todos sus derechos y libertades como consumidores finales de energía eléctrica, en aspectos relativos al acceso a la red en condiciones de no discriminación, y de participación en los mercados de electricidad gestionando los activos de generación que puedan tener asociadas»
Por otro lado, Greenpeace pide que el RD incluya la figura del gestor de autoconsumo y los coeficientes dinámicos. "Ambas son demandas reiteradas -dicen los ecologistas- que permitirían a estas comunidades dar un salto de escala en el actual complicado sistema enerǵetico dominado por el tradicional oligopolio energético".
«Sobre el gestor de la red de distribución (distribuidoras), consideramos IMPRESCINDIBLE [la mayúscula es de Greenpeace, así lo escribe en sus alegaciones] exigir y garantizar la obligatoriedad de su cooperación y facilitación, ya que está resultando una de las principales y graves barreras al correcto desarrollo del autoconsumo colectivo (y por ende de las comunidades energéticas) tanto en los procesos previos a la conexión como en los posteriores (lecturas, transferencias y compensación de excedentes). Proponemos que se diseñe a nivel estatal un marco regulatorio específico para regular dicha cooperación y/o un régimen sancionador que realmente sea persuasivo en caso de no cumplir con sus obligaciones legales, y que por tanto permita asegurar la efectiva cooperación. Obligaciones que por otro lado ya tienen adquiridas por ley, al ser titulares y gestores de las redes de distribución pero que de un modo u otro consiguen ralentizar, bloqueando de facto el correcto desarrollo»
En el documento presentado por el Gobierno tampoco se plantean objetivos vinculantes de potencia instalada o de las actividades o servicios permitidos a las comunidades, ni ofrece plazos vinculantes para cumplir con su actual articulado.
La organización también echa de menos una mención expresa a la importancia de estas figuras para combatir la pobreza energética. Entre otras medidas, se deberían añadir y desarrollar criterios que faciliten la integración de personas vulnerables y en situación de pobreza energética en las comunidades energéticas y asignar recursos económicos, formativos y de índole social que lo posibiliten, desde una perspectiva de derecho a la energía y no asistencialista.
Greenpeace critica, además, que el presupuesto asignado al desarrollo de estas figuras, hasta ahora de unos 100 millones para la puesta en marcha del programa CE-Implementa, es insuficiente para avanzar en una transición energética ecológica y justa que no deje a nadie atrás, tal como presume el Gobierno de estar impulsando.
Ampliar y mejorar la propuesta
Por todo ello, desde Greenpeace instan al Gobierno a mejorar la propuesta, ampliando el articulado, estableciendo una legislación clara y completa, respaldada por un desarrollo normativo adecuado e incluyendo el régimen sancionador que asegure su cumplimiento, antes de la publicación del Real Decreto.
Por último, la organización exige al Gobierno que facilite todos los mecanismos necesarios para promover la participación real y efectiva de la ciudadanía en los procesos de consulta pública "para que estos no se conviertan en un mero trámite administrativo por parte de las instituciones públicas".
En caso contrario "se seguirá perpetuando, denuncian desde Greenpeace, el control efectivo del sistema energético en manos de las grandes corporaciones energéticas que basan sus actividades en negocios fósiles y nucleares, fallando así el espíritu de las directivas europeas que pretende una descarbonización del sistema energético y la democratización del mismo otorgando la soberanía energética a la ciudadanía".
