La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, ha presentado el informe de ejecución del Plan Más Seguridad Energética (Plan +SE), y ha recordado que las comunidades autónomas deben remitir sus planes de ahorro y eficiencia antes del 1 de diciembre.
Durante el encuentro también se ha tratado la evolución del Plan de Recuperación Transformación y Resiliencia, cuya implementación depende tanto del Gobierno central como de los regionales. En este sentido, a petición de las comunidades autónomas, se ha planteado incrementar hasta el 5% los gastos de gestión de los expedientes que pueden justificar las comunidades autónomas en el programa de Movilidad eléctrica y sostenible (Moves III), ahora situado en el 2,5%, y el programa de Incentivos al autoconsumo, el almacenamiento energético y las instalaciones térmicas con renovables, actualmente en el 3%. La subida permitirá aumentar los recursos administrativos y agilizar las tramitaciones.
La vicepresidenta Ribera ha anunciado la próxima ampliación del Programa Moves III. Destinado a subvencionar la compra de vehículos y la instalación de puntos de recarga y dotado con 800 millones de euros, recibirá -informa el Ministerio- 400 millones adicionales, "a la vista de su éxito". Según los datos facilitados por Transición Ecológica, se han recibido más de 90.000 solicitudes y 15 comunidades autónomas han solicitado su ampliación. Así mismo, la ministra confirmó ayer que las diferentes líneas de fomento para las instalaciones de autoconsumo también se verán reforzadas con 500 millones adicionales, "de acuerdo con lo previsto en el Plan +SE".
Mantenimiento de los hitos de la tramitación de renovables
Finalmente, el Gobierno ha confirmado en la Conferencia con las comunidades autónomas que se mantienen los hitos marcados por la normativa para tramitar los proyectos de energías renovables, con los objetivos de evitar el bloqueo de la capacidad de acceso a la red eléctrica, garantizar la seguridad jurídica de los promotores y demostrar la credibilidad de la Administración a la hora de cumplir sus compromisos.
Los proyectos de renovables tienen cinco años para ejecutarse desde el momento en que obtienen el derecho de acceso a la red eléctrica, con varios hitos intermedios que deben cumplirse. El próximo 25 de enero se cumple el plazo para que numerosos proyectos obtengan la Declaración de Impacto Ambiental.
