“Queremos felicitar al gobierno de Aragón por haber tomado esta importante decisión. La mejora de la agilidad de las tramitaciones es, en este momento más que nunca, clave para que se reactive la actividad de todo el entramado de autónomos y empresas que pueden hacer del autoconsumo una vía más de recuperación económica y generación de empleo en los municipios tras la crisis actual por la COVID-19”, ha señalado José Donoso, director general de UNEF, cuyo trabajo ha sido clave para que Aragón haya dado este paso.
César Gimeno, delegado de UNEF en Aragón, ha comentado que “desde UNEF y en concreto desde la Delegación Territorial de Aragón, estamos tremendamente contentos de que el Gobierno de Aragón haya tomado en consideración nuestra solicitud de sustituir la licencia municipal de obras por una declaración responsable con autoliquidación para instalaciones de autoconsumo sobre cubierta, edificaciones y pérgolas de aparcamiento, sin limitación de potencia".
Desde la patronal solar explican que la licencia de obras era una de las barreras administrativas más importantes para la implantación masiva del autoconsumo, por lo que esta medida va a ayudar a que se acelere la implantación de estas instalaciones.
“Igualmente aplaudimos la medida de supresión de la autorización administrativa para las instalaciones de autoconsumo sin excedentes, ya que no puede tener el mismo trato regulatorio, una gran instalación de generación, que una instalación para consumo propio, que ni siquiera hace uso de la red eléctrico”, ha añadido Gimeno.
Así, a partir de hoy, la comunicación previa sustituirá la licencia de obras, trámite que no se ajusta a la naturaleza de una instalación sobre cubierta y que conlleva retrasos de hasta ocho meses en la tramitación del proyecto. "La licencia de obras supone un impacto en el coste de la instalación y desanima a los ciudadanos que quieren apostar por el autoconsumo para reducir su factura eléctrica y contribuir a la lucha contra el cambio climático", afirman desde UNEF.
Con ello, Aragón pasa a formar parte de las nueve Comunidades Autónomas -entre otras, Baleares (Ley 7/2013), Extremadura (Ley 11/2018), Cataluña (Decreto Ley 16/2019) y Andalucía (Decreto-ley 2/2020)- que han eliminado este trámite.
