Según un comunicado de la ONG ecologista, a través de esta acción, Greenpeace eleva el tono de su denuncia del pasado sábado, cuando troleó 40 oficinas de las tres grandes eléctricas al pegar en sus escaparates el mensaje "Oficina de bloqueo al autoconsumo". Según l aorganización ecologista, estas empresas "imponen trámites administrativos innecesarios y desproporcionados y alargan los procedimientos injustificadamente". Además señalan que "cada compañía cuenta con protocolos de actuación propios en cada delegación, algo que dificulta aún más el proceso", según se recoge en el informe 'Autoconsumo en España: diagnósticos, retos y propuestas'.
"El oligopolio energético bloquea sistemáticamente a aquellas personas que quieren hacer autoconsumo solar con sus vecinos y comunidades energéticas para adecuarlo a sus intereses empresariales. Si hasta ahora han frenado el desarrollo renovable para adecuarlo a su ritmo, en este momento lo hacen también con el derecho de la ciudadanía a participar en la transición energética y ayudar a frenar el cambio climático",ha denunciado María Prado, coordinadora de la campaña de clima, energía y movilidad de Greenpeace.
La acción viene motivada porque según los ecologistas "Iberdrola y otras grandes eléctricas someten a un calvario burocrático a quien desea instalar placas solares para autoconsumo colectivo" en un contexto en el que "una de cada seis personas pasó frío en España por no poder pagar la calefacción en 2022", mientras Iberdrola, Endesa y Naturgy "obtenían beneficios multimillonarios". Por ello, defienden que "con el autoconsumo solar, cada hogar podría ahorrar entre un 40% y un 60% en la factura de la luz".
Mientras se incrementan los impactos del cambio climático, estas empresas eléctricas "roban a la ciudadanía su derecho a disfrutar de una de las mejores herramientas para obtener energía limpia y barata", por lo que desde Greenpeace exigen a las eléctricas que "dejen de poner trabas al autoconsumo solar colectivo" y que "agilicen los procedimientos para que la tramitación completa dure como mucho tres meses". También reclaman "que se use y se publique un único criterio de tramitación en todo el territorio español" y "que ofrezcan una ventanilla única de expediente".
