Si la reforma eléctrica hubiese que medirla por la cantidad de normas que en tan poco tiempo se quieren implantar no cabe duda de que es un esfuerzo loable, pero si se hace sobre previsiones y cambios metodológicos faltos de rigor o sin justificación, el resultado de tal esfuerzo será el contrario al perseguido. Eso parece deducirse del informe de la Comisión Nacional de Energía (CNE) de 24 de julio sobre la propuesta de orden del Gobierno que revisa los peajes de acceso de energía eléctrica.
La razón más importante que explica el desequilibrio entre ingresos y costes del sistema eléctrico es el constante descenso del consumo desde 2007 y la pérdida de ingresos que año tras año provoca realimentando el déficit de la tarifa. Para corregirlo, el Ministerio de Industria ha decidido que dos terceras partes de los costes del sistema se financien con los peajes aumentando el precio de acceso de los consumidores, dando más peso a lo que se cobra por potencia contratada y rebajando el término de energía consumida. De esta manera, la facturación por la potencia contratada aumenta un 91,8% y pasa de representar el 35,5% de los ingresos de acceso al 63,8%, penalizando a los consumidores que contratan en baja potencia, cuyo precio medio sube un 73%, y reduciendo la facturación media un 20% a los de alta potencia.
La mayor recaudación que espera el Ministerio con este cambio metodológico se fía a que los consumidores pagarán más y consumirán más. Pero el Gobierno ha revisado a la baja tres veces la previsión de demanda eléctrica para 2013, del -0,3% al -1,4% y ahora al -2,4% cuando en lo que llevamos de año ha bajado -3,3%, y la CNE considera que la demanda eléctrica puede bajar aún más por el hecho de que el 75% de la facturación de los peajes de acceso corresponde a consumidores conectados a baja tensión, donde la demanda ha descendido más, y que ahora son los más castigados. Si se tiene en cuenta que la potencia contratada es cinco veces la máxima que se demanda y que la propia estimación que hace la CNE es que los ingresos por peajes están sobrevalorados en 289 M€ debido a una diferente previsión de la potencia contratada, los erróneos cálculos de demanda pueden arruinar la reforma eléctrica antes de que se aplique.
El Ministerio de Industria también modificó a la baja la previsión en el precio de la electricidad en el mercado mayorista de 44 a 41 €MWh cuando en el mes de mayo de 2013 aumentó un 139% por la mayor producción de carbón y cuando hasta entonces había bajado un 16% por la mayor generación renovable. Si la intención del Gobierno es prescindir de las renovables es seguro que el precio mayorista tenderá a subir. El informe de la CNE recuerda que en la medida que la mayoría de los costes de acceso no dependen de la potencia contratada por el consumidor y que se esperan menores ingresos por las medidas fiscales de la Ley 15/2012, debería el Ministerio de Industria justificar los elevados incrementos del término de potencia de los peajes de acceso de los consumidores.
El Fondo Monetario Internacional acaba de hacer una previsión de estancamiento del PIB y del empleo para España hasta 2016, lo que va a hacer imposible cumplir los objetivos de déficit público. Ambas circunstancias hacen más que probable la no recuperación del consumo eléctrico y la imposibilidad de trasladar a los presupuestos del Estado parte de los costes del sistema. Así pues, las bases del anteproyecto de ley del sector eléctrico, como de las propuestas de UNESA, de consolidar en los mecanismos de peajes y presupuestos del Estado la estabilidad del sistema eléctrico caen por su propio peso.
La conclusión es que la reforma se ha improvisado y los ingresos del sistema eléctrico se han calculado con torpeza. El éxito depende del crecimiento de la demanda eléctrica y del precio de la luz en el mercado mayorista. El alargamiento de la crisis económica, las variaciones climáticas y los precios de los hidrocarburos ponen en evidencia el escaso rigor de las medidas adoptadas y que el problema no es de recaudación sino de modelo energético. Cuando acabe 2013 la demanda eléctrica seguirá descendiendo y el déficit tarifario descontrolado. El año perdido se seguirá cargando al consumidor de manera injusta y antisocial, sin que nadie justifique por qué consumiendo menos tiene que pagar más y sin libertad para poder elegir.
