El Boletín Oficial del Estado (BOE) publicó el pasado cinco de agosto la orden IET/1459/2014, orden que establece un cupo de 450 megavatios (MW) eólicos en Canarias para "su puesta en servicio con anterioridad al 31 de diciembre de 2016". Esa norma establece además una prima para la energía eólica en el archipiélago (como es sabido, las primas a la eólica han sido eliminadas en todo el resto del territorio nacional). Esta "reglamentación singular" -así la califica el Ministerio de Industria, Energía y Turismo (Minetur)- pretende atender "a las especificidades derivadas de su ubicación territorial" (generar electricidad con combustibles fósiles en Canarias es mucho más caro que generarla con viento). La propia orden ministerial reconoce que los costes variables de generación por unidad de energía en el archipiélago oscilan entre los 184,4 euros por megavatio hora (€/MWh) de Tenerife y los 263,2 de El Hierro.
Mil empleos fijos
El coste de la prima al megavatio hora eólico producido en Canarias y establecido en esa orden estará muy por debajo de esos números, pues oscilará entre los 54,77 €/MWh de La Gomera y los 103,15 de Tenerife. Las primas recogidas en esa Orden -denominadas retribución a la inversión- son las de 2014, 2015 y 2016. La incertidumbre, pues, queda en suspenso hasta 2017, cuando el Ejecutivo revisará, de cara al siguiente trienio, esos incentivos (véase sobre el particular la entrevista al director de políticas energéticas de la Asociación Empresarial Eólica, AEE, Heikki Willstedt). La instalación de los 450 MW eólicos en Canarias previstos en la mencionada orden IET supondría en todo caso -y según cálculos de la AEE- una inversión de unos 630 millones de euros (M€), la creación de aproximadamente 3.500 empleos en los años de construcción de los parques (2015-16) y entre 1.000 y 1.400 puestos de trabajo fijos en las islas.
112 millones de euros de ahorro cada año
Además, la AEE asegura que "el ahorro de costes para los consumidores eléctricos, si se instalan los 450 MW eólicos previstos, será de 112 millones de euros anuales con los precios actuales de los combustibles fósiles". O sea, que, a partir del momento en el que comiencen a operar todos los parques previstos -algo que debería suceder antes del 31 de diciembre de 2016- los consumidores canarios se ahorrarán prácticamente un millón de euros cada tres días. La Asociación estima que, "durante toda la vida útil de las instalaciones (20 años), el ahorro total sería de 2.240 millones". La pregunta es, pues, ¿por qué la eólica no ha despegado en Canarias si todo el mundo sabía que era tan barata? La corrupción -que salpicara al consejero de Industria canario, Luis Soria, hermano del ahora ministro- y el BOE son seguramente los responsables.
Corrupción en Canarias
Según el presidente de la Asociación Eólica Canaria (Aeolican), Rafael Martell, que participó ayer en la jornada «La eólica en Canarias», coorganizada por AEE y Aeolican, las circunstancias que han frenado la eólica en Canarias "están todas en el BOE", si bien lo cierto es que algunas "circunstancias" están también pendientes de juicio diez años después de denunciado el caso, que fuera destapado en el ya remoto 2004. Lo que sucedió, grosso modo, fue lo siguiente: la Policía denunció entonces una trama dentro de la Dirección General de Industria del Gobierno canario para favorecer a determinados empresarios en el reparto de las licencias eólicas del concurso de 2004 a cambio de sobornos. Y, una vez hecho público el asunto, el Gobierno de Canarias anuló el concurso ante la sospecha de fraude y hoy está personado como acusación particular
Cohecho, malversación
El pasado mes de julio (julio de 2014), en el enésimo episodio del Caso Eólico, la Audiencia Provincial de Las Palmas difundía un auto (contra el que todavía cabe recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de Canarias), desestimando todas las quejas de las defensas de los acusados, que alegaban una supuesta parcialidad del juez que, desde su punto de vista, deberían provocar la nulidad del caso. A día de hoy, la Fiscalía pide siete años de cárcel contra Celso Perdomo -entonces director general de Industria- por delitos de violación de secretos, cohecho y malversación; tres años y medio de cárcel para su novia, Mónica Quintana, por malversación y cohecho; dos años de cárcel para el funcionario Honorato López; y un año y medio de cárcel para los empresarios Enrique Guzmán, Alfredo Briganty y José Ignacio Esquivel por cohecho.
El fantasma de la inseguridad jurídica
Diez años después, el caso sigue pendiente de juicio, y la eólica canaria, secuestrada, algo que ahora podría revertirse si la orden IET del pasado mes de agosto acaba materializándose en los 450 MW que prevé. ¿Problema? Pues uno, muy concreto: la inseguridad jurídica que ha sembrado el Ejecutivo Rajoy en los últimos tres años, período a lo largo del cual ha ido aprobando normas de carácter retroactivo que hacen sospechar a los inversores que, si ayer cambiaron la ley... ¿por qué no iban a volver a cambiarla mañana? Lo denunciaba ayer el presidente de la AEE, José López-Tafall, en la jornada susodicha: Tafall dijo para empezar que "la nueva normativa [que ha eliminado las primas que habían comprometido los anteriores gobiernos] aún dará sorpresas en los próximos meses”, y concluyó finalmente que, "en este escenario, va a ser difícil atraer nuevas inversiones".
Lo que pide AEE
Además, el presidente de la AEE se refirió a la contradicción que supone la normativa para los sistemas extrapeninsulares: la Orden Ministerial que incentiva las nuevas instalaciones eólicas y fotovoltaicas tiene como fin sustituir la generación convencional por generación renovable para reducir el extracoste de generación, que se ha incrementado un 38% desde el año 2009 (ese 38% lo reconoce el propio BOE, página 62572). “Pero los parques ya instalados generan los mismos beneficios de reducción de costes y se les penaliza, al aplicarles un cambio de régimen retroactivo igual que al resto de instalaciones de España”, ha dicho Tafall. En este sentido, AEE propone que los parques existentes en Canarias perciban "un incentivo a la reducción de costes de generación durante toda su vida útil, de modo que no haya discriminación con las demás tecnologías de generación".
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