El plazo de inscripción en el registro administrativo de autoconsumo (plazo fijado en el RD "para adaptarse al presente real decreto") era de seis meses, por lo que debía expirar el día 10 de abril (u 11, que las fuentes no se acaban de poner de acuerdo con la fecha). Sea como fuere, lo cierto es que Industria abrió también ayer la ventanilla para que los autoconsumos que así lo desearan tuvieran algo más de tiempo para apuntarse. El Gabinete de Comunicación de Industria nos ha asegurado hace unos minutos que la apertura del día 11 no fue una prórroga y que, además, no tienen noticia de que vaya a haber prórroga alguna. Tras todo ello flota la amenaza de las sanciones. A saber: el RD de Autoconsumo establece multas de hasta sesenta millones de euros para quienes no acaten la nueva norma, norma que daba seis meses de plazo para regularizar las instalaciones que ya estaban en marcha en octubre (fecha de aprobación del RD), pero norma también que se han comprometido a derogar todos los grupos parlamentarios del nuevo Congreso (todos, menos el PP, lógicamente). Y norma, en todo caso, que, en teoría, entraba o entra completamente en vigor ayer (u hoy), tras los seis meses susodichos.
¿Y qué ha pasado?
Pues parece ser que no han resultado del todo eficaces las amenazas, esas sanciones desorbitadas, que han sido unánimemente criticadas por los ecologistas, los sindicatos, las asociaciones de consumidores y todos los grupos parlamentarios (todos menos el PP, lógicamente). Y parece ser que no han sido lo suficientemente eficaces esas amenazas porque lo cierto es que, aunque Industria ha apurado el plazo (o quizá haya añadido un día), solo se han apuntado 8 de los aproximadamente 46 megas de autoconsumo que la patronal estima podría haber ya en España. Eso sí: la prórroga del miedo (ayer) ha servido para que 35 instalaciones se hayan sumado (ayer) al registro. No son muchas (en total ahora mismo hay unos 330 autoconsumos de toda España registrados), pero son un buen puñado, por muy mucho que la suma de potencias acumulada (8) siga lejísimos de los 46 megas que estima la patronal.
Las espadas siguen en alto
La incertidumbre y el miedo -que son los dos grandes rasgos de la política energética de este Ejecutivo- siguen dominándolo todo. El hecho de que 227 diputados (los pertenecientes a todos los grupos parlamentarios menos el PP) se hayan comprometido por escrito a derogar el RD de Autoconsumo en cuanto haya nuevo gobierno ha tranquilizado en cierta medida al sector, que por eso probablemente no ha querido ceder al miedo -lo que se ha venido a denominar terrorismo regulatorio- y ha decidido no acatar una norma que quiere ponerle un impuesto al sol. Ahora habrá que ver hasta cuándo prorroga el plazo el Ministerio. De momento, en todo caso, el haber logrado que se registren 8 de los aproximadamente 46 megas que estima la patronal no parece sino un fracaso. Y con respecto a esa prórroga-modificación de la letra de la ley, vaya aquí una cierta reflexión.
La doble vara de medir
El Ministerio de José Manuel Soria recibió la semana pasada al viceconsejero de Industria, Energía y Comercio del Ejecutivo regional, Adrián Mendoza, que llegó a Madrid para defender los intereses de los agricultores-desaladores de su tierra: industrias agroalimentarias que desalan agua con energía eólica amparados en una norma autonómica que promovía la desalación con esa energía renovable. Pues bien, con la entrada en vigor del RD de Autoconsumo, en teoría vigente desde ayer, esas industrias van a tener (o tendrían, o tendrán) que hacer fuertes inversiones si quieren seguir autoconsumiendo la electricidad eólica con la que alimentan sus desaladoras. Y eso es lo que quieren evitar los agricultores-desaladores de Canarias, que no piden ayudas para la desalación, ni primas para los kilovatios hora que vierten a la red cuando están paradas las desaladoras (pueden verter hasta el 50% de la electricidad que generan, pero no más).
Lo único que pretenden es dejar las cosas como estaban, pues sus aerogeneradores benefician al medio ambiente (kilovatio hora generado por el viento, kilovatio hora que no es generado en una central térmica que quema gas o fuelóleo) y benefician a sus negocios, pues hacen su agricultura más competitiva, al abaratar los costes (a los agricultores les sale más barato desalar con el viento que comprarle la electricidad a Endesa, que es la empresa que monopoliza el mercado eléctrico canario). En fin, que, para evitar que el RD de Autoconsumo obligue a los agricultores-desaladores canarios a afrontar onerosas inversiones (para adaptar administrativamente sus instalaciones a la nueva norma), llegó la semana pasada a Madrid el viceconsejero Mendoza.
¿Respuesta de Industria?
El Gobierno no puede modificar la letra del RD de Autoconsumo porque está en funciones. Eso le dijeron los señores del Gobierno la semana pasada al viceconsejero. Eso le dijo el mismo Gobierno que modificó ayer (y estira hoy también) el calendario que fija ese mismo RD. A estas horas, según ese censo, hay registradas 38 instalaciones de autoconsumo solar FV de menos de diez kilovatios y 288 instalaciones de más de diez kilovatios (kW). Entre estas últimas, la casuística es muy diversa: hay autoconsumos de 190 kW, de 400, de 700, de 950, de 4,6 MW. Las preguntas -ya lo decíamos ayer- se acumulan: ¿aplicará un gobierno en funciones una ley que rechazan explícitamente 227 diputados y más de 18 millones de votantes? ¿Se sentirá legitimado como para aplicar una ley que sabe es rechazada por la inmensa mayoría social y, sobre todo, parlamentaria?
En todo caso, y si, a pesar de tener toda la sociedad española en contra, el PP decide aplicar su norma... ¿Asignará el Ejecutivo Rajoy –gobierno en funciones- partidas presupuestarias extraordinarias -un gobierno que ha incumplido su objetivo de déficit- para dotar al Ministerio de Industria de los recursos humanos y técnicos que son necesarios para emprender la búsqueda de instalaciones de autoconsumo no registradas? ¿Articulará un Gobierno en funciones –sabedor del rechazo social y parlamentario que suscita esta norma- los mecanismos y procedimientos que son precisos para que, a partir de mañana, sean tramitadas esas denuncias y cobradas esas multas? ¿Han salido esta mañana ya -de las dependencias ministeriales- los inspectores en pos de instalaciones clandestinas? Parece poco probable en esta España en funciones 2016.
