“Se trata una ley preparada de espaldas de la ciudadanía, basada en fomentar el consumo de electricidad, y por si esto falla, incrementar la factura (..), señala Ecologistas en Acción, que califica la reforma de “ataque a la democracia”. La organización ecologista señala, además, que “la reforma llegará incluso a la esperpéntica situación de que los consumidores paguen a las térmicas de gas en ciclo combinado por estar paradas, mientras las renovables son definitivamente paralizadas, y las instalaciones ya construidas sufren un duro golpe”.
Greenpeace mantiene que "los consumidores están siendo estafados por el abuso de poder de las grandes eléctricas y la sumisión del Gobierno”; considera “un escándalo” la necesidad de intervenir en el mercado eléctrico ocurrida en las últimas horas; y continúa animando a la ciudadanía a rechazar esta ley a la vez que ahorra todos los meses en su recibo de la luz sumándose a la incitativa "Bájate la potencia".
Muchos millones en juego
Esta reforma “hará inviable económicamente el autoconsumo, con el que las familias podrían ahorrarse hasta 170 euros al año en su factura eléctrica”, destaca la patronal UNEF, al tiempo que advierte que “la subida de precios (de la electricidad) nada tiene que ver con las primas al sector renovable, que cuenta con una moratoria que no permite instalar nuevas plantas desde 2012”.
UNEF subraya que “esta no es la primera ocasión en que los precios del mercado mayorista de la electricidad elevan significativamente los costes por encima de lo previsto. Del total del déficit eléctrico existente, 10.702 millones de euros son consecuencia de la diferencia entre el precio del mercado que el Gobierno utilizaba para establecer las antiguas “tarifas integrales” y el precio que se produjo en el mercado eléctrico entre 2002 y 2009”.
La otra gran asociación fotovoltaica, Anpier, se muestra convencida de que la nueva ley del sector eléctrico supone el inicio de un rosario interminable de quiebras de familias por toda la geografía española: “55.000 familias que animadas por el propio Estado invirtieron sus ahorros en el desarrollo y la producción de energía solar fotovoltaica, y que no podrán afrontar sus compromisos de pago con la Banca porque el Estado no asumirá, en virtud de la nueva Ley, los compromisos de pago adquiridos”.
“Ninguna familia hubiera destinado ni un solo euro de haber previsto el engaño”, sostiene Anpier. “Desde 2010, para superar los drásticos recortes del anterior Gobierno, tuvieron que refinanciar sus huertos solares a tipos de intereses que, en la mayoría de los casos, superaron el 5% de interés anual”.
Un mercado distorsionado
Para la Asociación de Productores de Energías Renovables, APPA, “la falta de competencia en el mercado eléctrico y la retribución excesiva de las nucleares y las grandes hidráulicas son la causa principal del déficit de tarifa y no las primas a las renovables, como intentan trasladar a la opinión pública el Gobierno y las cinco grandes eléctricas”.
Al respecto, APPA recuerda que “cuantas más renovables entran en el sistema más baja el precio de la luz, como pone de manifiesto el Estudio del impacto macroeconómico de las Energías Renovables en España en 2012”. Según dicho estudio, las renovables abarataron el precio del mercado eléctrico el año pasado en más de 4.000 millones de euros. Además, la reforma no toca lo más mínimo el funcionamiento del mercado eléctrico y se ceba en recortes a las energías renovables al considerarlas culpables del déficit de tarifa.
Para el presidente de APPA, José Miguel Villarig, “bien visto está que esto no es así, pues dos años después de que el Gobierno paralizara las energías renovables con una moratoria los problemas del sector eléctrico siguen ahí, el déficit aumenta y se sigue incrementando de manera sorprendente el precio de la luz cuando baja la demanda eléctrica”.
La única salida
La Fundación Renovables, que había anticipado con todo detalle el fracaso del paquete de medidas de esta reforma, vuelve a reclamar, “pero hoy con más premura, una gran reforma estructural del sector energético como única salida a la caótica situación actual, que, de prolongarse, puede tener consecuencias nefastas para nuestro país”.
“Hemos llegado a un punto en el que es un clamor la inutilidad de todas las medidas adoptadas contra las renovables en los últimos cinco años por este y por el anterior Gobierno”, continua la Fundación, que pide al Ejecutivo “reconocer ese fracaso” y abrir otra vía con un gran acuerdo de Estado con las principales fuerzas políticas y con las organizaciones sociales y del sector.
“Este ejecutivo que solo había hablado con las grandes corporaciones sabe ahora que éstas están dispuestas a llevarse por delante lo que sea, por ejemplo la economía de millones de familias y pymes, forzando una subida de la luz del 11%, en defensa de su intereses”. Unos intereses –prosigue la Fundación– “que hasta ahora no solo no se han visto afectados por la situación de crisis y reducción de la demanda sino que mantienen unos escandalosos niveles de beneficios, que doblan además a los de las empresas europeas del sector”.
