Según ha trascendido a la prensa, las consultoras The Boston Consulting Group y Rolland Berger están trabajando en el IDAE, calculando los costes de inversión de las 64.300 instalaciones del régimen especial (renovables y cogeneración) que hay en España. A partir de sus estimaciones, el Gobierno establecerá unos parámetros retributivos que servirán para recortar los costes del sistema eléctrico en 1.350 millones de euros y para que dichas instalaciones perciban una teórica rentabilidad del 7,5% durante toda su vida útil. Las dos consultoras cobrarán 900.000 euros más IVA por el trabajo.
“¿Por qué hay que pagar tanto dinero a unas consultoras para conocer unos datos que podían haber pedido directamente a los productores?” se ha preguntado Miguel Ángel Martínez-Aroca, presidente de Anpier, en rueda de prensa celebrada ayer en Madrid. “La Administración ya conoce esos datos –ha proseguido– porque los tiene el IDAE, pero los datos del IDAE, que son reales, no les sirven, necesitan otros. Además, hace unos años, cuando se nos acusó de fraude, ya se nos pidieron todos los datos de las instalaciones. ¿Por qué ahora no han hecho lo mismo?”.
Anpier, dentro de su batalla por defender a los afectados por los sucesivos recortes retributivos sufridos por la energía fotovoltaica, ha decidido dar un paso al frente y entregar a la Administración los datos reales de 1.000 instalaciones fotovoltaicas representativas del parque solar nacional. El escrito presentado al IDAE especifica que los mil expedientes se entregan a la Administración “al único objeto de que no puedan alegar desconocimiento de datos ciertos de las plantas en cuestión”, en previsión de ulteriores acciones legales.
De acuerdo con los datos de Anpier, los mil expedientes representan el 1,8% de la potencia total (unos 90 MW), de los que un total de 482 corresponde a instalaciones menores de 25 kW, 145 a plantas entre 25 kW y 50 kW, y 373 a plantas entre 50 kW y 100 kW.
En cuanto a los costes de inversión del millar de instalaciones –el quid del trabajo de las consultoras–, más del 75% de las instalaciones de tecnología fija pagaron más de 6.000 €/W, y más del 60% de las instalaciones con seguidores desembolsaron más de 8.000 €/W. En relación a la financiación, más del 80% tiene un apalancamiento superior al 75% (menos del 5% se construyó sin financiación bancaria) y el 40% paga intereses mayores del 5%. Cinco entidades bancarias concedieron el 60% de los préstamos: BBVA (18,2%), Caixa Bank (16,5%), Caja Rural Navarra (11,9%), Cajamar (7,4%) y Santander (7,2%).
A reclamar al IDAE con notario
Anpier se personará en el IDAE el 22 de octubre, acompañada por un notario, para reclamar el pliego de la licitación que ganaron las dos consultoras, que, contraviniendo lo establecido por la Ley 30/92, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, no se ha hecho público. Anpier ya lo ha reclamado y esa fecha concluye el plazo en que debería haberse dado respuesta a su petición.
“Podría haber responsabilidades penales por no informar públicamente de la licitación –ha comentado Martínez-Aroca– y, en cualquier caso, este defecto de forma podría favorecer los intereses de los productores fotovoltaicos. Anpier lucha por defender los intereses de 55.000 familias y pequeños inversores en fotovoltaica en tres frentes: el jurídico, el político y el mediático, y en esa lucha haremos cualquier cosa que esté en nuestra mano”.
