Según la organización, un marco legislativo transversal con objetivos de reducción anuales y con un reparto de las responsabilidades por sectores, permitiría a España convertirse en un referente en la lucha para frenar el cambio climático y cumplir sus objetivos de reducción. “Las leyes europeas e internacionales desarrolladas en materia de cambio climático han sentado las bases y han definido los objetivos, pero es necesario diseñar un mecanismo que permita su cumplimiento” aseguran.
Para reducir los elevados niveles de contaminación se necesitan políticas ambiciosas y bien diseñadas, y en este sentido la organización propone una articulación legal basada en los presupuestos de carbono –cantidad de GEI establecida que se puede emitir en un periodo a largo plazo por un sector determinado- y los proyectos domésticos de mitigación. Ambos sistemas están dirigidos a la internalización de los gases de efecto invernadero y a su integración en el ámbito público y en las cuentas de resultados. “Con los presupuestos de carbono se busca reducir las emisiones acumuladas y no las puntuales, que es lo que se suele hacer para lograr los objetivos en momentos concretos”, señala Alejandro González, responsable de energía de Amigos de la Tierra.
La avanzadilla
El hecho de que el Reino Unido y Escocia cuenten con leyes de cambio climático o que el País Vasco haya presentado un borrador, que de ser aprobado por el parlamento, podría convertirse en la primera iniciativa de este tipo que entra en vigor en España son ejemplos claros de que la propuesta es viable. Según Mike Childs, propulsor de “The Big Ask” en Reino Unido, “este tipo de leyes asegura al gobierno en funciones y a los que les preceden reducir sus emisiones de manera efectiva, y que todos los sectores públicos implicados puedan diseñar sus políticas en función de unos objetivos establecidos”.
Para Childs, la Climate Change Act, aprobada en 2008, responde a “un modelo de ley exportable a cualquier otro país, como por ejemplo a España”. En este caso concreto se establece por ley la creación de un comité de asesores de cambio climático que se encargan de proporcionar los presupuestos de emisiones anuales y que vigilan el cumplimiento de los objetivos, lo que según el experto medioambiental, “es junto a la implicación mostrada por todos los partidos políticos para sacarla adelante parte del éxito”.
Otro hecho clave para la viabilidad de la ley inglesa es el apoyo que ha tenido por parte de las empresas energéticas, incluso antes de presentarse la moción. En este sentido, explica Childs, “lo que ellos buscan es tener un calendario u hoja de ruta que les permita hacer sus inversiones y poder ir transformándose o incorporando otras fuentes de energías como las renovables”. En cuanto a las razones que han permitido este consenso, Childs señala: “seguridad energética, volativilidad del precio de los combustibles fósiles, inestabilidad en los países exportadores de petróleo y gas y el hecho de querer ser líderes en el uso de energías limpias”.
Los objetivos vinculantes de la propuesta británica pasan por obtener reducciones de emisiones de gases de efecto invernadero de un 80% como mínimo en 2050 mediante acciones en el Reino Unido y en el extranjero, y por disminuir las emisiones de CO2 en un 26% para 2020.
El proyecto de ley de Euskadi
El debate en España parece haber superado la fase del sí o no y ahora se sitúa en el “para cuándo”. La iniciativa de Ley de Cambio Climático en el País Vasco podría suponer el despegue definitivo, ya que según nos comenta Childs, “el hecho de que otras comunidades sigan la iniciativa vasca y formulen sus propias leyes de cambio climático podría cristalizar en una ley de ámbito nacional”.
La propuesta presentada hace una semana está en parte inspirada en la normativa escocesa y establece principios y orientaciones para que todas las administraciones públicas, como ya están haciendo las empresas, se comprometan a incorporar la variable ambiental y climática a todos sus planes sectoriales. El proyecto, que podría ser aprobado en diciembre, plantea entre otras cosas el uso de tecnologías bajas en carbono, medidas de mitigación, promoción de certificados de sostenibilidad, la formación y el empleo verde o la edificación de cara a 2016 de todos los edificios públicos cero emisiones.
Esta ley supone, además, una oportunidad para transformar el tejido empresarial de Euskadi en uno más eficiente, y al igual que ocurre con las otras leyes de cambio climático, obligará a las diferentes administraciones implicadas –transporte, medioambiente, energía- a informar periódicamente al Parlamento sobre los objetivos alcanzados en emisiones.
Más información:
www.tierra.org
www.euskadi.net
