Entre agosto y noviembre de 2012 la Comisión Europea (CE) inició sendas investigaciones de las importaciones de biodiésel de Argentina e Indonesia para tomar medidas antidumping y antisubvención, en respuesta a las denuncias presentada por el European Biodiesel Board (EBB). La pasada semana, la CE publicó el reglamento que establece las medidas antidumping, tras confirmar que “a medida que aumenta el volumen de las importaciones a bajo precio procedentes de los países afectados se deteriora considerablemente la situación económica de la industria de la UE”.
Por todo ello, la CE “establece un derecho antidumping provisional con respecto a las importaciones de ésteres monoalquílicos de ácidos grasos y/o gasóleos parafínicos obtenidos por síntesis y/o hidrotratamiento, de origen no fósil, en estado puro o incluido en mezclas originarios de Argentina e Indonesia”. Traducido a un lenguaje más llano, las empresas exportadoras de biodiésel de ambos países tendrán que pagar un arancel especial por cada tonelada neta puesta en el mercado europeo. El importe se fija a partir de un margen de dumping provisional que se estima en el 10,9 % como el más alto para las exportadoras argentinas y en el 9,6 % para las indonesias.
De cero a 105 euros por tonelada exportada
La cantidad a abonar varía según la compañía y el país. El gravamen más alto lo soportarán las empresas argentinas, con 104,92 euros por tonelada como máximo y 65,24 como mínimo. En el caso de Indonesia, una de las empresas investigadas, Cilandra Perkasa, no tendrá que pagar ningún arancel especial, mientras el resto varía entre los 24,99 y los 83,84 euros por tonelada. Desde Argentina, como recogía la pasada semana el portal amERica, el Gobierno rechaza la medida y la achaca a "la incapacidad de los productores europeos para competir con productores más eficientes".
La industria argentina, agrupada en la Cámara Argentina de Biocombustibles (Carbio), considera que “hubiera sido mejor que la CE considerara la pobre performance de la industria europea y los factores domésticos, tales como la sobrecapacidad, ausencia de integración vertical, limitado acceso a materias primas agrícolas y lejanía a las redes de transporte". Por su parte, la EBB ha recibido con satisfacción las medidas, calificándolas como un “primer paso para hacer frente a las importaciones de biodiésel injustas y poco competitivas de estos países”.
Lo de "solo" un primer paso se explica porque el secretario general de la EBB, Raffaello Garofalo, entiende que los márgenes de dumping provisionales establecidos no van a eliminar el riesgo de que “los impuestos a la exportación que aplican ambos países sigan fomentando las importaciones desleales”. Garafalo echa mano del “margen de perjuicio provisional”, que en algunos casos llega al 31,8 %, según cifra la propia CE en el texto del reglamento, para pedir que se fijen márgenes de dumping mayores al máximo actual del 10,9 %. Cree que aún se está a tiempo de aplicar “mayores derechos adicionales dentro de las medidas anti-subvenciones, que se definirán en los próximos meses".
