El PP quiere convertir España en "el mercado de referencia del gas natural en el Mediterráneo". Eso contábamos, allá por el mes de noviembre de 2011, en una noticia en la que recogíamos las líneas maestras –en materia de política energética- del programa electoral del Partido Popular, documento de 214 páginas (está en Rajoy.es) que mencionaba las "energías renovables" en una sola ocasión. Desde aquel lejano mes de noviembre, y más allá de aquella letra escrita, la política energética del gobierno ha ido pariendo normas que no solo han beneficiado al gas (tal y como era previsible, dado ese discurso programático), sino que, además, han perjudicado gravemente (según todas las fuentes consultables del sector) a todas las energías renovables.
El Ejecutivo considera que lo razonable es el 7,5
El último zarpazo al sector llega ahora de la mano de una propuesta de Orden Ministerial (OM) en la que se concretan los parámetros retributivos de las instalaciones renovables, es decir, el precio al que debe ser pagado un kilovatio limpio. Y, en lo que a eso se refiere, el buque insignia de la política energética del Partido Popular, la Ley del Sector Eléctrico que entrara en vigor hace cinco semanas, alumbra el concepto de "rentabilidad razonable", que el Ejecutivo Rajoy va a emplear a partir de ahora para retribuir los kilovatios renovables. La idea del gobierno es sustituir las primas -que el Gobierno consideraba que proporcionaban a estas tecnologías una rentabilidad no razonable- por la denominada "rentabilidad razonable", que el Ejecutivo considera debe ser concretamente del 7,5%, como máximo.
La CNE no tiene constancia de nada parecido
Con ese horizonte (7,5, ahora rebajado a 7,39), el Ejecutivo Rajoy contrató a dos consultoras: Roland Berger y Boston Consulting Group. ¿Objetivo? Que, por una parte, estudiasen las inversiones que tuvieron que hacer en su momento los promotores de las instalaciones renovables, los costes de operación y mantenimiento de las mismas y la rentabilidad de esos kilovatios (primados); y, por otra, que ajustasen, a partir de esa información, esa rentabilidad al nuevo modelo (7,5, ahora 7,39) retributivo, un modelo muy criticado por cierto por la Comisión Nacional de Energía, que, en su Informe 18/2013, señalara que "no se tiene constancia de que exista un modelo similar en ninguna jurisdicción de la Unión Europea, así como tampoco en otros países de cuyos sistemas de apoyo se tiene conocimiento a través de asociaciones internacionales de organismos reguladores".
Una modelo que viola la seguridad
El nuevo modelo, además, es retroactivo, pues "viola la seguridad jurídica" anterior de las instalaciones, que fueron financiadas con arreglo a unos parámetros que había establecido el propio legislador en el Boletín Oficial del Estado. A saber: el BOE aseguraba a los productores de kilovatios renovables la percepción, durante un período muy concreto, de unas primas determinadas por cada kilovatio que generasen sus instalaciones. Pues bien, con arreglo a esas percepciones (a esas previsiones de ingresos), los promotores de estas instalaciones hicieron sus estudios de viabilidad, negociaron sus líneas crediticias y firmaron sus acuerdos financieros. Y, ahora, esos promotores se encuentran con que el gobierno reduce por decreto sus ingresos. Ingresos con los que contaban para hacer frente a sus obligaciones financieras, a la deuda.
Retribuciones arbitrarias
Pues bien, según el comunicado difundido hoy por Aprean, la entrada en vigor de la Orden Ministerial tendrá "un efecto devastador en toda la industria de energías limpias en Andalucía, con pérdidas de más de 400 millones de euros en la región". Así, Aprean considera que esta es "la regulación más perniciosa que jamás se haya dictado en un país desarrollado contra un sector económico". La patronal andaluza condena asimismo explícitamente que el Ejecutivo destruya "el único sector industrial en el que Andalucía ha ostentado un liderazgo internacional, con un desarrollo modélico en todo el mundo y con el más alto grado de competitividad". Además, Aprean acusa al Ejecutivo de establecer "estándares elaborados con criterios arbitrarios, que no se corresponden con la realidad del sector y aprobados con total falta de transparencia".
La patronal pide cordura a Industria
En su comunicado, la asociación explica que el nuevo ajuste impuesto por el Gobierno deja sin retribución a toda la potencia renovable instalada antes de 2005, el 37% del total, "lo que aboca al sector a la deslocalización y venta de activos, así como a nuevos ajustes de plantillas, siendo la energía eólica la tecnología más penalizada por la reforma". Aprean no sólo critica con firmeza que se aplique un concepto de “rentabilidad razonable” arbitrario a las instalaciones, sino que condena además muy duramente "que se haya fijado en el 7,39%, frente al 9% después de impuestos que utiliza la Comisión Europea en sus escenarios de inversión para poder cumplir los objetivos de consumo a través de energías renovables de la Unión Europea a 2020 y 2030". Aprean concluye su comunicado reclamando "cordura" al Ejecutivo.
