El Acuerdo de París firmado en diciembre de 2015 en la COP21, para luchar contra el calentamiento global entrará previsiblemente en vigor el 4 de noviembre, o sea en menos de un año desde su adopción por parte de 195 países, una velocidad no prevista en principio.
Ha sido posible porque 72 países que representan el 56,75% de las emisiones ya lo han ratificado, cumpliendo así con las premisas de que para entrar en vigor, debía ser ratificado por, al menos, 55 partes que representaran como mínimo el 55% de las emisiones globales de gases de efecto invernadero, y eso se ha cumplido básicamente con el acuerdo de la UE (responsable de cerca del 12% de las emisiones mundiales), así como de China y Estados Unidos (responsables de otro 38% más).
Para ayudar a la consecución de estos objetivos, en paralelo a todo lo anterior, cerca de 200 países reunidos en Kigali (Ruanda), han alcanzado en estos últimos días, un acuerdo para reducir gradualmente los hidrofluorocarbonos (HFC), unos gases de efecto invernadero que atrapan miles de veces más calor que el dióxido de carbono (CO2) y que están presentes en sistemas de refrigeración, espumas y aerosoles. Están creciendo en el mundo a un ritmo anual del 10%, contribuyendo con ello al calentamiento global.
Estos gases HFC, fueron implementados después de que el Protocolo de Montreal (1987) acordara la eliminación gradual de los clorofluorocarbonos (CFC) y los hidroclorofluorocarbonos (HCFC) en la atmósfera, todos ellos gases destructores de la capa de ozono. Por lo tanto, los HFC fueron desarrollados para reemplazar a los CFC, aunque parece que no se tuvo en cuenta que los HFC son gases de efecto invernadero muy potentes.
En este acuerdo final se ha decidido que la eliminación de los HFC se realice en tres grupos de países a velocidades diferentes. Un primer grupo de países desarrollados, que serán los primeros en actuar y que en el 2019 deberán haber reducido su consumo un 10% con respecto a los niveles de 2011–2013, alcanzando una reducción del 85% en el 2036. Un segundo grupo, en el que se incluyen China y muchos países africanos, a los se les permite una transición hasta el 2024, aunque la reducción debe llegar al 80% en el año 2045. Y finalmente, un tercer grupo, en el que figuran entre otros India, Pakistán, Irán, Irak y los países del Golfo, que se han comprometido a iniciar la reducción en el 2028. Con todo ello y a pesar de las distintas velocidades, se espera que en el 2047 se puedan alcanzar unas cifras inferiores en un 85% a las del valor de referencia (2011-2013).
Por lo tanto, a finales de la década de 2040 se espera que solo con este acuerdo de Kigali, entre todos no se supere entre un 15 y un 20% de los niveles de 2011-2013, con una previsión de que su aplicación evite un aumento de medio grado en la temperatura de la Tierra durante este siglo. Evidentemente, y al igual que para cumplir con los objetivos de la COP21, se necesitará la creación de un fondo de financiación para la reducción de los HFC, cuyo coste se estima en miles de millones de euros, cantidad que no será fijada hasta la próxima reunión de los firmantes del acuerdo, prevista para 2017, dando prioridad a las ayudas para la investigación y el desarrollo de alternativas asequibles a estos gases, que ya existen, haciendo que la capa de ozono se recupere totalmente, volviendo a registrar niveles anteriores a 1980 de aquí a 2050. Este acuerdo de Kigali es jurídicamente vinculante en la lucha contra el calentamiento global, mostrando el camino a seguir para la próxima COP22, cumbre sobre cambio climático, que se celebrará en Marrakech (Marruecos).
Los acuerdos medioambientales en el mundo parece que son imparables, en paralelo a la evolución de las energías renovables y la sustitución a futuro de las energías contaminantes. Parece que en los últimos tiempos la cordura se va abriendo camino poco a poco.
