Las elecciones europeas han revelado el mal perder de la élite política que lejos de hacer autocrítica, se ha apresurado a descalificar la aparición de nuevos partidos como un intento de implantar políticas bolivarianas y no como reflejo de una sociedad democrática. El error es doble, por no querer entender el resultado electoral y por ignorar que, en aspectos como la política energética, los partidos gobernantes desde 2008 ya han implantado políticas bolivarianas de inseguridad jurídica y sobrecapacidad de combustibles fósiles en plena crisis de demanda.
La reforma eléctrica se ha hecho contra las renovables. Desde el RDL 14/2010 hasta el RD 413/2014, España es el país con más pleitos abiertos ante los tribunales internacionales de arbitraje junto con Venezuela, Argentina y Egipto. Las reclamaciones por inseguridad jurídica persiguen todas las apariciones internacionales del actual Gobierno que exige a los demás la estabilidad regulatoria que niega a los inversores en su país. La oleada de demandas no ha hecho más que empezar porque la retroactividad aplicada a las renovables resulta anacrónica en un país con una dependencia energética del petróleo y del gas equivalente al 5% del PIB. Venezuela, al menos, es dueña de su petróleo.
La alternativa impuesta a la reforma contra las renovables son las prospecciones de petróleo y de fracking, es decir, sustituir lo que se tiene por lo que no se tiene. Lo que parecía solo un empeño del Ministro de Industria y su Secretario de Estado ahora es la prioridad que la Presidencia del Gobierno ha establecido en la nueva Estrategia de Seguridad Nacional. La vulnerabilidad de España por su alta dependencia energética se resuelve dando carácter estratégico a las inciertas prospecciones de hidrocarburos y fracking. Se confunde la seguridad nacional con una pura especulación.
Si no se han descubierto en España hidrocarburos convencionales es muy difícil que existan reservas no convencionales; así lo ha acreditado la agencia de información sobre energía del Gobierno de EEUU (EIA). Lo más importante ante futuras crisis son cuestiones como los plazos, costes y precios, reservas, infraestructuras, impactos en el territorio, en el medio ambiente, en seguridad, responsabilidad civil, etc. Declarar estratégicas para la seguridad nacional las prospecciones sin esta información es una aventura de riesgo para el futuro del país. Hay más razones para declarar estratégicas las fuentes renovables porque son autóctonas, ilimitadas, de aplicación en el corto plazo, de las que tenemos toda la información y de las que poseemos la tecnología.
Para la seguridad nacional son más graves los riesgos del uso masivo de combustibles fósiles y la sobrecapacidad gasista que se sigue incrementando con más contratos de aprovisionamiento a largo plazo de EEUU, Azerbaiyan, Rusia o Argelia cuando la demanda de gas continua bajando. La poca transparencia de los mercados de hidrocarburos o el deseo de convertir a España en un gran centro de intermediación gasista no garantiza la seguridad de suministro sino negocios que poco tienen que ver con la seguridad nacional.
Los precios del crudo van a superar los 215 dólares en la próxima década, razón que hace absurda la decisión de apostar por la fuente de energía más cara y de la que carecemos. Por eso es más preocupante que no se considere el riesgo que supone para la seguridad nacional el desmantelamiento y deslocalización de la industria renovable, como principal fuente que garantiza el suministro, la adaptación al cambio climático, así como una base industrial sobre la que está girando el liderazgo de las naciones.
