El Grupo Parlamentario Socialista presentó el pasado jueves a votación en el Senado una moción en la que insta al Gobierno a que “instrumente un nuevo marco legal para la limpieza de masas forestales, prevención de incendios forestales y producción de energía, a través de medidas económicas que incentiven los costes de extracción de la madera y su consumo”. La moción se aprobó por unanimidad, aunque con una enmienda del Grupo Parlamentario Popular en la que rechaza la necesidad de un nuevo marco legal, al mencionar que tanto la actual Ley de Montes como las que regulan el mercado energético son suficientes.
Sin embargo, la senadora Marina Moya, del Partido Popular, afirmó en su intervención que “sí consideramos necesarias ciertas modificaciones legales y de desarrollo normativo que implanten medidas de orden económico y social con el fin de mejorar la transparencia del sector y solucionar defectos estructurales tanto en el monte como en las cadenas de valor de los productos obtenidos de ellos, incluidos aquellos destinados a la producción de energía”. Las medidas e incentivos propuestos se centran principalmente en el ámbito de la gestión forestal, de los que se beneficiaría la obtención de energía con biomasa.
Segunda moción de apoyo a la biomasa
En la defensa de la propuesta, el senador socialista Antonio Arrufat afirmó que “la biomasa, como recurso endógeno, supone menos dependencia del mercado exterior, tanto del gas como del petróleo, fundamentalmente. En cuanto a los compromisos de Kyoto, la producción de CO2 se compensa totalmente y se cumplen los compromisos de Kyoto y de energías renovables de acuerdo con la Unión Europea”. Arrufat precisó que “los incentivos irían a la limpieza final del monte, para que quede sin ningún resto, no haya plagas y no se contribuya a los incendios; a incentivar la propiedad con una cantidad; y a involucrar a la propiedad (en el caso de los ayuntamientos con recursos municipales y en el caso de particulares, recursos para el propietario) que hoy percibe muy poco o prácticamente nada”.
A mediados de septiembre, el PSOE registró en el Congreso de los Diputados una proposición en la que pide al Ejecutivo que redacte en el plazo máximo de seis meses una norma específica para las biomasas que permita conseguir los objetivos del sector fijados en el PER 2011-2020. En este texto se hacía sobre todo hincapié en la viabilidad de las instalaciones de generación eléctrica mediante un programa de financiación de este tipo de proyectos con el objetivo de que los avalistas tengan una menor exposición al riesgo, además de otras medidas relacionadas con la clasificación y escalonado de la potencia, eliminar el pre-registro para las plantas menores de 1 MW y simplificar los trámites administrativos y de acceso a la red.
La Asociación Española de Valorización Energética de la Biomasa (Avebiom) apoyó esta iniciativa y, poco después, Probiomasa, en una línea similar, rogaba al Gobierno que “elabore urgentemente un decreto específico para este tipo de industrias que contemple sus particularidades y los magníficos beneficios que inducen”. La moción aprobada en el Senado no acaba de satisfacer estas demandas, más aún con la enmienda del Grupo Parlamentario Popular de rechazo a establecer cualquier nuevo marco legal. Además, el Senado ya aprobó hace un año una moción a petición de la Confederación Española de Empresarios de la Madera (Confemadera) en la que instaba al Gobierno a elaborar y propiciar una estrategia de mejora de la competitividad del sector forestal y de la madera en la que se incluía el fomento del uso energético de la biomasa como energía renovable autóctona, contribuyendo además a la mejora de la limpieza de bosques y con ello lograr una mejor prevención en materia de incendios”.
