La Plataforma por un Nuevo Modelo Energético (Px1NME), de la que Morales de Labra es miembro, ya denunció en junio pasado ante la Fiscalía de Anticorrupción la prescripción de los 3.400 millones cobrados de más por las eléctricas. Un mes más tarde ampliaba la denuncia, añadiendo el posible delito de malversación de caudales públicos.
En su primera denuncia, la Px1NME instaba a la Fiscalía Especial contra la Corrupción a investigar los posibles delitos de prevaricación y/o tráfico de influencias por parte de expolíticos contratados con relevantes retribuciones en los órganos de administración y dirección de las empresas eléctricas.
Ingresos muy por encima de lo previsto
Según recuerda la Plataforma, los hechos se remontan al año 1997, cuando eléctricas y Gobierno pactan una transición de un mercado regulado a uno liberalizado, garantizando la recuperación de las inversiones efectuadas por aquéllas bajo el marco anterior. El instrumento de esta garantía, los denominados Costes de Transición a la Competencia o CTCs, prevé el destino de hasta un máximo de 2 billones de las antiguas pesetas para compensar a las eléctricas en el caso de que los precios de mercado fueran insuficientes para la rentabilización de las inversiones.
“La realidad, sin embargo, es que a partir del año 2005 el extraordinario incremento de los precios del mercado eléctrico –en el que, por cierto, tres de las propias eléctricas ostentan un notorio poder de mercado– permitió a las eléctricas ingresar mucho más de lo previsto”, afirma la Px1NME.
El procedimiento para reclamar a las eléctricas los importes cobrados en exceso nunca se inició, dando lugar a que haya prescrito la posibilidad de pretender la devolución. Y la cuantía no es precisamente una minucia: cerca de 3.400 millones de euros según datos de la propia Comisión Nacional de Energía publicados en 2008 y que atribuían el siguiente reparto: Endesa: 1.562 M€; Iberdrola: 1.159 M€; E.On: 432 M€; Gas Natural Fenosa: 276 M€ y EdP: 155 M€.
Divididos entre los 46,7 millones de habitantes en España, resultan 73 € por habitante, que se convierten en 92€ cuando sumamos el IVA y el impuesto sobre la electricidad y que la Administración “se ha olvidado” de reclamar a pesar de los reiterados recordatorios de la CNE. Algo que la Plataforma considera escandaloso y completamente inaceptable.
