Los objetivos de 2030 son menos ambiciosos que los de 2020. Ahora, el 27% de consumo de renovables vincula al conjunto de la Unión pero no a los Estados, el 27% de eficiencia energética es indicativo para toda la Unión y el 40% de reducción de emisiones vincula a la Unión pero no a los Estados. Se mantiene la asignación gratuita de derechos de emisión y aumentan las ayudas a la captura y almacenamiento de carbono. Los nuevos objetivos quedan por debajo de los que aprobaron la Comisión y el Parlamento a principios de 2014. No hay compromisos nacionales y se respeta la libertad de los Estados miembros para determinar su mix energético. Ninguno de los objetivos se traducirá en compromisos nacionales vinculantes. La renacionalización de la política de clima y energía supone un retroceso para Europa.
Donde la ambigüedad ha sido mayor es en lo decidido sobre interconexiones. Se incrementará la capacidad al 10% para 2020 y al 15% en 2030 solo de las interconexiones de electricidad de los Estados Bálticos, Portugal y España. No se fijan compromisos más concretos, ni presupuesto o asignación de costes y la financiación quedará dentro de los límites del marco financiero plurianual. Todo queda pendiente del plan de inversiones de 300.000 M€ que el nuevo presidente de la Comisión J.C. Juncker ha anunciado, pero sin que se sepa cómo se van a financiar y Alemania ha anunciado que no está dispuesta a gastar ni un euro. En un marco de renacionalización de la política energética, el acuerdo sobre interconexiones puede tener el mismo futuro que el adoptado en 2002, que estableció el objetivo del 10% de capacidad de interconexión y que doce años después sigue sin cumplirse.
Las conclusiones sobre seguridad energética plantean un escenario más desconcertante que el del Consejo de primavera y, aunque se refrendan las medidas para reducir la dependencia energética moderando la demanda, mejorando la eficiencia energética y las tecnologías hipo-carbónicas, se apuesta por los proyectos del Corredor Meridional de Gas y las capacidades de regasificación y almacenamiento. No hay ninguna cita a España ni a la necesidad de sustituir el gas ruso.
Se comprende por qué es un acuerdo sobre el que todos pueden cantar victoria, pero deja el futuro energético de Europa con más incertidumbres que certezas. ¿Cómo se van a pagar las interconexiones? ¿Cómo se logrará reducir un 40% las emisiones de CO2 y reforzar la seguridad energética con tecnologías autóctonas y limpias priorizando el suministro de gas? Lo decidirá libremente cada Estado.
¿Cambiará algo?
En relación a España, la pregunta que cabe hacer es si en doce años la capacidad de interconexión sigue en el 1,4% de la potencia instalada cuando el compromiso del Consejo Europeo de 2002 fue del 10%, ¿qué ha cambiado ahora para pensar que se van a cumplir los compromisos de 2020 y 2030? Los sucesivos gobiernos desde 2002 no se tomaron ningún interés por las interconexiones y tres años ha tardado el actual Gobierno para plantear la cuestión en Bruselas. Incluso cuando en noviembre de 2013 la Comisión Europea acordó las inversiones para nuevas interconexiones tampoco el actual Gobierno planteó la cuestión. Es el conflicto de Ucrania el que levanta la expectativa del sector gasista para vender el gas que compra a Argelia a toda Europa y el que hace reaccionar al Gobierno español por primera vez en doce años.
Pero la expectativa de convertir a España en un distribuidor en Europa del gas que compra a Sonatrach en sustitución del gas ruso no está expresada en los acuerdos de las instituciones europeas y su planteamiento contrasta con las posiciones e intereses de muchos Estados miembros.
En primer lugar, es un hecho que el centro de gravedad de la UE se ha desplazado hacia el este y todos los planes de redes transeuropeas tienen como principal objetivo desarrollar las conexiones entre la Europa central y los países del este y del sureste para llegar a Asia Central.
En segundo lugar, cuando en el conflicto de Ucrania la UE ha dejado al sector del gas fuera de las sanciones impuestas a Rusia ha querido preservar los contratos de los países europeos con Gazprom. La bajada del crudo ha suavizado el conflicto y la UE ha aplazado la entrada en vigor de su acuerdo con Ucrania a la vez que Rusia ha hecho lo propio con su acuerdo de suministro a China. Mientras, Gazprom ha comprado el mayor almacén de gas natural de Europa a Wintershall, filial de la alemana Basf, en el noroeste de Alemania y adquirirá otros dos más en Baja Sajonia y Austria a cambio de acceder a yacimientos en Siberia.
En tercer lugar, para las economías europea y rusa dejar las cosas como están es la opción más barata. La UE ha reducido sus presupuestos y el acuerdo sobre interconexiones no incluye la financiación. Aunque se dé más poder a la Comisión Europea son los Estados miembros los que tendrán que tomar la iniciativa. Países como Francia, Alemania o Italia no van a apoyar la apertura de sus mercados a la competencia que supone la distribución de gas argelino ni van a romper sus relaciones con Gazprom y poner en apuros a sus empresas nacionales. El Consejo Europeo, en sus conclusiones, solo se refiere a las interconexiones eléctricas.
El Consejo Europeo ha minusvalorado la gravedad de la dependencia energética de la UE y la importancia de la competencia en la reducción de los precios de la energía. Cuando el Gobierno español insiste en que se ha abierto la puerta al gas argelino en Europa, en el fondo debiera tener en cuenta que el déficit estructural del sistema gasista por la sobrecapacidad de las instalaciones y el aumento de las importaciones take or pay de gas, cuando su consumo se ha reducido al nivel de 2004, es un coste insostenible para el sistema energético. Insistir en importar más gas cuando las interconexiones, en el mejor de los casos, son proyectos a muy largo plazo puede ser un error estratégico excesivamente caro.
Conclusiones sobre el marco de actuación en materia de clima y energía hasta el año 2030. Consejo Europeo, Bruselas 23 y 24 de octubre de 2014
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