El director general de la Unión Española Fotovoltaica, José Donoso, denunció ayer ante el Parlamento Europeo que la reforma eléctrica en España incumple las directivas renovables europeas y solicitó acto seguido la intervención de las instituciones continentales "ante la arbitrariedad y la retroactividad de las medidas adoptadas por el Gobierno, que rompen el principio de seguridad jurídica -ha dicho- y crean una total incertidumbre hacia el futuro, dada la posibilidad de revisión del nuevo régimen retributivo cada tres y seis años". Y es que, efectivamente, la Ley del Sector Eléctrico dice, literalmente, lo siguiente: "este nuevo marco normativo consagra el principio de rentabilidad razonable y establece el criterio de revisión de los parámetros retributivos cada seis años para cumplir con el citado principio". Mientras que, en otro lugar del texto, señala lo siguiente: "cada tres años se revisarán para el resto del periodo regulatorio las estimaciones de ingresos por la venta de la energía generada, valorada al precio del mercado de producción, en función de la evolución de los precios del mercado y las previsiones de horas de funcionamiento".
Los antecedentes
El Gobierno contrató a dos consultoras -Roland Berger y Boston Consulting Group- para que estudiasen las inversiones que hay tras las instalaciones fotovoltaicas, las circunstancias en las que se produjeron esas inversiones, los números concretos de todas esas operaciones, y para que, a partir de ahí -y de los costes de operación y mantenimiento-, se estableciese ese 7,5% de "rentabilidad razonable" de la inversión de cada una de las 60.000 instalaciones fotovoltaicas que hay hoy en España. Pues bien, según UNEF, el método de cálculo de la retribución es "arbitrario". Y ese método va a suponer recortes de ingresos para las instalaciones fotovoltaicas que van a oscilar entre el 20 y el 50% (recortes que además podrían no ser los últimos, dada la redacción de la ley, que establece que "cada tres años se revisarán...").
Indefensión
El director general de UNEF ha explicado durante su ponencia la situación de indefensión en la que se encuentran los inversores fotovoltaicos tras la aprobación del nuevo marco regulatorio que, "con su carácter retroactivo, altera las expectativas lógicas y razonables de los inversores y llevará a la quiebra a gran parte de los 60.000 inversores que acometieron sus proyectos atendiendo a los marcos regulatorios vigentes anteriormente". La reforma eléctrica en España -ha explicado Donoso- supone "una grave infracción de los principios europeos y atenta contra los inversores, ciudadanos y los objetivos de eficiencia energética". La nueva Ley del Sector Eléctrico -ha añadido- "incumple el principio de seguridad jurídica y altera los principios de libre competencia del mercado y de sostenibilidad, al impedir de facto el desarrollo de nuevas formas de producción de energía, como el autoconsumo fotovoltaico".
Rentabilidad razonable
José Donoso ha denunciado en Bruselas que, con esta reforma, "el Gobierno no busca un beneficio razonable sino desmantelar las instalaciones existentes", ya que el nuevo sistema de retribución a las renovables, en el que se da un pago por megavatio en función de unos costes de inversión estándares "es arbitrario y discrecional" (en ese extremo la unanimidad ha sido sin fisuras: todas las patronales del sector de las renovables sin excepción han mostrado su rechazo frontal al sistema de retribución ideado por el Ministerio de Industria). Pues bien, según UNEF, los patrones de retribución fabricados por el Gobierno -a partir de la información de Roland Berger y Boston Consulting Group- "no reflejan la realidad bajo la que se acometieron las inversiones en su momento, lo que lleva a una situación por la cual entre el 30 y el 50% de las instalaciones no podrán refinanciar su deuda, ya que la Banca debería aplicar una quita del 60% y, por lo tanto, se verán arrastradas a la quiebra".
Del autoconsumo y los vertidos nucleares
Del autoconsumo también ha hablado Donoso ante el Parlamento Europeo. Ahí, el director general de la asociación ha abundado en el carácter discriminatorio de la reforma explicando ante los europarlamentarios el previsible impacto del Real Decreto de Autoconsumo que está ultimando el Gobierno, un RD que, al introducir un peaje extra o impuesto al sol a estas instalaciones, "hace inviable económicamente su desarrollo y va en contra de la libertad individual y la libre competencia del mercado". Según UNEF, la introducción de este peaje de respaldo "reduce gravemente el ahorro que estas instalaciones suponen y amplía el plazo de amortización (de 12 a 35 años para una casa particular y de 7,5 a 13 años o más para una pequeña o mediana empresa) impidiendo, de facto, su desarrollo en España". Además, en el colmo del paroxismo, el RD susodicho amenaza a quienes no registren sus instalaciones (paso previo necesario para pagar el peaje) con multas de hasta 60 millones de euros, "el doble que las contempladas para, por ejemplo, vertidos nucleares".
Apoyos en el Parlamento Europeo
La solicitud de UNEF ha contado con el apoyo de varios grupos parlamentarios europeos. Y, a pesar de la petición del Grupo Popular de archivar el caso, la Comisión -informa UNEF- ha decidido "mantener abierta la petición y vigilar el desarrollo de la Reforma Eléctrica en España, consciente del impacto que puede tener en las legítimas expectativas de los inversores en renovables y del futuro del autoconsumo en España". En ese sentido, el representante de la Comisión Europea ha expresado que la Comisión está “preocupada por la propuesta del estado español”, por lo que han enviado dos cartas solicitando más información a España de las que, ha dicho, no han recibido respuesta. Según UNEF, el representante se ha comprometido "a seguir persiguiendo al gobierno español para que le amplíe información y seguir de cerca el desarrollo normativo en España".
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