El decreto, que fue aprobado por el Consejo de Ministros el pasado 1 de febrero, ha sido convalidado con los votos a favor del Partido Popular, la abstención de CiU y Foro, y el rechazo de todos los demás grupos políticos (175 votos a favor, 140 en contra y 14 abstenciones).
Durante el debate, los grupos de la oposición reclamaron una reforma integral del sector energético y criticaron la "improvisación" continua y los "parches" del PP. La oposición pedía tramitar el decreto como proyecto de ley para poder incluir enmiendas, solicitud que, como se ha visto, la mayoría absoluta de los populares ha impedido.
Este decreto determina que la actualización anual de las primas se hará en función de la inflación subyacente sin alimentos elaborados ni productos energéticos y a impuestos constantes, y obliga a las empresas del Régimen Especial a elegir entre vender en el mercado sin prima o la tarifa regulada sin que pueda cambiar de opción en todo el año.
El Ministro Soria aseguró ante el Pleno que las reformas aprobadas a lo largo de 2012 para el sector eléctrico han permitido un ahorro de 3.586 millones de euros y avanzó que los cambios en ingresos y costes permitirán otro ahorro de 5.150 millones de euros este ejercicio, si bien reconoció que ni siquiera estas decisiones han permitido reducir el déficit de tarifa hasta el límite de 1.500 millones de euros establecido legalmente.
Todas las asociaciones renovables han manifestado en reiteradas ocasiones que el déficit de tarifa no está provocado por estas tecnologías. La última vez que lo hicieron conjuntamente fue el pasado 7 de febrero, calificando de "política de acoso y derribo" que va a acabar en los tribunales, incluidos los europeos, las actuaciones del Ministerio de Energía contra las renovables
Protermosolar, la patronal del sector termosolar, puntualiza, además, que utilizar el rango de decreto-ley tiene como consecuencia la privación del derecho a recurrir por parte de los afectados. “Con ellos se quiebra el derecho constitucional a la tutela judicial efectiva y el derecho a un recurso efectivo consagrado en el Convenio Europeo de Derechos Humanos”, asegura la asociación.
