Con el apoyo de diferentes entidades que defienden el derecho de aprovechar las energías renovables, los concentrados decidieron declararse culpables de utilizar la energía fotovoltaica, ya que consideran que se pretende impedir y penalizar a aquellos ciudadanos que quieren producir y utilizar su propia energía.
En palabras de Pep Puig, presidente de Eurosolar, “la generación renovable en nuestros hogares permite ahorrar en la generación de electricidad bruta, hecha con combustibles fósiles y nucleares, y las grandes pérdidas por transporte. En lugar de penalizar, deberían agradecer la eficiencia energética que fomenta”.
Para Jordi Miralles, presidente de la Fundación Terra, la nueva regulación “es un ataque directo a los Derechos Humanos y a la democracia energética, pues impide que cualquier persona pueda contribuir a la reducción de emisiones para evitar el cambio climático”.
Manel Rivero, de la empresa de educación energética Intiam Ruai, cree que “la soberanía energética ciudadana es un derecho inalienable que no se puede penalizar como pretende hacer el Gobierno español. Y aún con menos razón si es para proteger los intereses del oligopolio energético que está estrangulando a todos los sectores de la economía española y sobre todo a los usuarios domésticos”.
Marc Roselló, representante de la cooperativa Som Energia, apunta que “el Gobierno regula absolutamente en contra de la eficiencia energética, las renovables y la democracia energética. Se sigue trasladando a la factura eléctrica la obsesión por mantener un sistema basado en el aumento de consumo y las energías fósiles. Quieren impedir el autoconsumo porque es una herramienta de independencia y ahorro económico para la ciudadanía”.
