Números, números y más números fue lo que aportó a la jornada el exministro Cañete, como bien recogió al día siguiente la prensa nacional. Entre otras cosas, el hoy comisario de Acción por el Clima y la Energía dijo que la Unión Europea (UE) tiene previsto invertir 30.000 millones de euros (M€) en desarrollar servicios y tecnologías bajos en emisiones de carbono; que otros 38.000 M€ de los Fondos de Cohesión 2014-2019 irán a parar a inversiones que apoyen la descarbonización; que saldrá otro “importante porcentaje” en pos de ese mismo destino (la descarbonización) de la partida UE destinada a la Investigación y Desarrollo (que cuenta con 40.000 M€); y que lo mismo sucederá con una parte de la bolsa de los 33.000 M€ previstos para potenciar la competitividad de las pymes. Arias Cañete expuso además –según recogieron todos los medios al día siguiente- que la Comisión Europea estima que el cumplimiento del Objetivo UE de reducción de emisiones de CO2 para 2050 -un descenso de entre el 85 y el 90% de las emisiones de CO2 respecto de las registradas en 1990- animará la movilización de la formidable cifra de 745.000 M€ en inversiones al año, capital absolutamente descomunal que Cañete vaticinó saldrá fundamentalmente de inversores privados, pero en el que también habrá unos 100.000 M€ procedentes de fondos públicos.
Interconexiones
El último hito del discurso del comisario fueron las interconexiones: la creación de la Unión de la Energía pasa por las nuevas interconexiones eléctricas y gasistas previstas, explicó: el objetivo es alcanzar una tasa del 10% de la potencia instalada europea disponible en interconexiones en 2020. Para ello –dijo-, España, por ejemplo, debe desarrollar las 3 nuevas interconexiones eléctricas planificadas con Francia –dos a través de los Pirineos y una más, submarina, por el golfo de Vizcaya- y otra más con Portugal. En fin, mucho número: muchos de ellos, ya sabidos (por recogidos en estrategias, planes y textos legales); y otros, en clave, futurible, de estimación. Muchos números, en todo caso, que se llevaron los titulares de todos los medios que se hicieron eco de la jornada auspiciada por APPA.
El gran problema energético de España
Por su parte, el presidente de la Asociación de Empresas de Energías Renovables, José Miguel Villarig, señaló ese día la dependencia energética de España como “el gran problema que tenemos como país” y aludió a los “dos grandes errores” que nos habrían conducido a esta situación de déficit energético elevadísimo (muy por encima de la media europea); y asimismo de electricidad cara, una de las más caras del Viejo Continente. ¿Qué dos errores? “La falta de planificación”, precisaba Villarig en primer lugar, y “una tarifa interesadamente confusa e ineficaz”.
Con respecto al primero de los errores
Villarig sostiene que “la planificación es un elemento básico del conjunto regulatorio y debe ser vinculante para las actividades reguladas e indicativa para las liberalizadas”. Según el presidente de APPA, “para prevenir caídas de la demanda, crisis, errores… es indispensable disponer de una orientación estratégica permanente y revisable periódicamente”. Y, en ese sentido, la seguridad jurídica, “tan importante en el sector energético, depende de que la regulación sea estable y predecible”. Por el contrario –se ha quejado-, en los últimos años, “las leyes y reales decretos se cuentan por decenas, y las disposiciones, por cientos… y, en un sector en el que hay que invertir a largo plazo, no se puede improvisar o no se debe improvisar tanto”, ha concluido.
Interesadamente confusa e ineficaz
Villarig ha hablado en segundo lugar de un “diseño de la tarifa interesadamente confuso e ineficaz que mezcla permanentemente la política energética/económica con la regulación de la tarifa”. El presidente de APPA denunciaba así, por ejemplo, los costes extrapeninsulares, subvenciones que van a parar a las centrales térmicas de fuelóleo, carbón y gas de Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla. ¿Con qué fin? Pues para que la electricidad que generan, electricidad muy cara, no acabe repercutiendo –afectando- el bolsillo de los españoles que habitan esos territorios. Villarig está a favor de esa medida solidaria, pero considera que eso es política de cohesión territorial, y que, por ello, no debe ser costeada por los consumidores a través de la factura de la luz; debe ser costeada por todos los españoles a través de los Presupuestos Generales del Estado, que es algo que, por otra parte, ya establece la legislación vigente, aunque no se cumpla.
Tasa Soria
El presidente de APPA también ha criticado –no era la primera vez- la Tasa Soria del 7%, un impuesto que ideó el ministro que no sabía que tenía papeles en Panamá. José Manuel Soria –que ha dimitido recientemente por su implicación en los Panama Papers- aprobó esa medida a finales de 2012, es decir, en el primer año de su mandato. ¿Y qué es la Tasa Soria? Pues un impuesto, el 7%, a la venta de la producción. Un 7% general, que pagará el kilovatio hora de sol, y el kWh de gas, el nuclear y el de carbón, el eólico y el hidráulico. Es decir, un 7% que trata por igual kilovatios desiguales, un 7% al que le da lo mismo el cambio climático y los residuos nucleares. Además, se da otra circunstancia, apuntaba Villarig: “el hecho de que tengamos que pagar ese 7% de imposición sobre las ventas de energía hace que las renovables queden penalizadas, por ejemplo, frente a interconexiones”, esas que tanto proclamara Cañete al principio del acto.
Seis retos, seis
Villarig presentaba en el evento los retos a los que hoy se enfrenta el sector de las energías renovables (el presidente ha desgranado media docena): una reforma inacabada, la inseguridad jurídica, el efecto depresor de las energías renovables (lo que se ha venido en denominar el efecto caníbal), un mercado que no funciona, la necesidad de transitar hacia un modelo renovable, y una fiscalidad manifiestamente mejorable. “APPA –ha dicho- no pide reformas, sino mejoras: mejorar los marcos normativos de los que nos hemos dotado, en vez de sustituirlos tan a menudo, nos daría certeza. Una de las características de una buena legislación es que permanezca en el tiempo”, ha dicho.
Seis años, seis
Villarig también ha apostado por “corregir la inseguridad jurídica de la retribución, porque variar la rentabilidad razonable cada 6 años es generar incertidumbre”. Esa variabilidad, además, es injusta, ha venido a decir, pues, “una vez llevada a cabo la inversión y cerrada la financiación, no hay capacidad de respuesta. Por ello –ha concluido- la rentabilidad razonable debe extenderse durante la vida útil del proyecto” (el Ejecutivo Rajoy ha aprobado una ley de la rentabilidad razonable –rentabilidad que estima debe limitarse en el caso de las energías renovables al 7,5%- que incluye una cláusula de revisión de ese 7,5% cada seis años, algo con lo que no está de acuerdo el sector, que teme además la arbitrariedad de los criterios sobre los que se base esa revisión).
El mercado
El presidente de APPA está convencido de que “el mercado no funciona… hoy frena desarrollos y no da señales claras de precio, al menos no con reglas económicas. El mercado liberalizado –ha dicho Villarig- no tiene sentido cuando las decisiones fundamentales y los precios se determinan fuera del mercado. Si pretendemos ir a un mercado integrado, ¿qué sentido tiene que impongamos una fiscalidad del 7% a la producción?”. Villarig ha pedido armonizar también las ayudas, la retribución a la inversión, a la operación, los certificados verdes… al final –ha dicho- “precisamos armonización y sentido común”. Armonización de las ayudas y apuesta clara por una economía más descarbonizada: “el modelo deberá ser equilibrado y cada fuente de energía tendrá el papel que le corresponda o que le asignemos”. En esta transición, las renovables –ha explicado- están “llamadas a tener un papel destacado”. Porque mejoran la competitividad, producen con bajas emisiones de carbono y reducen dependencia energética. Eso sí, Villarig considera que “debemos crear y visualizar la senda hacia el mix energético al que aspiramos”. Y ahí desempeña un papel relevante la fiscalidad, de la que Villarig ha dicho “no da señales claras”. Antes al contrario: la fiscalidad –ha apuntado- es principalmente recaudatoria, y debería basarse en el principio de que "el que contamina paga".
Genera
Esa fue la visión que ofreció el presidente de la Asociación de Empresas de Energías Renovables (APPA), durante la jornada -«Energías renovables: competitividad, regulación, mercados», que tuvo lugar en Madrid el pasado 18 de marzo. Pues bien, la semana que viene APPA actualizará su análisis de la situación de las energías renovables en Genera, la Feria Internacional de Energía y Medio Ambiente, que está previsto tenga lugar en el Instituto Ferial de Madrid los días 15, 16 y 17. La Asociación, que va a contar con un espacio expositivo propio en la Feria (5D03, pabellón 5) participará en cinco jornadas, que ahondarán en la situación de las distintas tecnologías y “en las últimas novedades legislativas acerca de las energías renovables”.
Muchas tecnologías
Así, el miércoles, 15 de junio, APPA celebra una jornada, bajo el título “Estrategia española para impulsar las Energías Renovables Marinas”, mientras que el viernes, 17 de junio, la Asociación participará en cuatro jornadas. En la jornada organizada en colaboración con la Asociación Empresarial Eólica tratará “La inaplazable reactivación de la energía eólica”. La eólica de pequeña potencia centrará el debate de la jornada diseñada conjuntamente con el Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas, titulada “El crucial momento de la Minieólica en España”. Una tercera jornada, organizada en colaboración con el Ilustro Colegio Oficial de Geólogos, llevará por título “Nuevos avances en Geotermia Somera”. La cuarta de las jornadas, realizada en colaboración con Unión por la Biomasa, analizará el “Valor añadido que aporta la energía de la Biomasa”.
