El portavoz de la Junta, Miguel Ángel Vázquez, ha explicado que antes de presentar la demanda, el consejero de Economía e Innovación, Antonio Ávila, mantuvo conversaciones con el sector e intentó hablar con el ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, para explicar la situación andaluza, sin éxito. “El Gobierno ha hecho oídos sordos a la petición de diálogo”, dijo Vázquez.
La demanda presentada por el gobierno andaluz se dirige contra varios artículos de la ley 15/2012 de medidas fiscales para la sostenibilidad energética y contra otros tantos de los reales decretos 2/2013 y 29/2012. La ley 15/2012 grava con un tipo único de un 7% los ingresos por generación eléctrica, que tienen que añadir esta penalización a la supresión de los incentivos decidida con anterioridad por el Gobierno. La Junta entiende que, además de vulnerar los principios de seguridad jurídica y confianza legítima, la creación del impuesto, que podría repercutir finalmente en el consumidor, no tiene en cuenta las peculiaridades de un sector cuyos proyectos exigen un sobreesfuerzo inversor y tecnológico, y sitúa su tasa de rentabilidad en valores que impedirán a los promotores devolver la deuda financiera que asumieron en un marco retributivo muy distinto al actual. El Gobierno andaluz subraya, además, que el nuevo tributo es contrario a los principios de planificación energética estable fijados por la Unión Europea.
El RD-Ley 2/2013 de medidas urgentes en el sistema eléctrico y el RD-Ley 29/2012 de empleados de hogar, en el que el gobierno coló disposiciones relativas al sector energético, van en la misma dirección. El primero modifica el Índice de Precios de Consumo (IPC), con el que anualmente se actualizaba la retribución de los productores de energía eléctrica, por el IPC de inflación subyacente, que no contabiliza alimentos no elaborados ni productos energéticos y que suele ser más bajo (1,58% frente a 2,25% el pasado año). Además, esta norma impone como única posibilidad la vía de la tarifa regulada, lo que igualmente supone un cambio de las reglas establecidas que habían condicionado las decisiones de inversión de los promotores.
La tercera de las normas que se recurrirán, el RD-Ley 29/2012, exige con efectos retroactivos nuevos criterios a proyectos que se han sometido a una tramitación distinta para ser autorizados e inscritos en el registro administrativo de instalaciones de producción de régimen especial.
12.000 millones en el aire
La Junta recuerda que la supresión de los incentivos el pasado año ya ha supuesto dejar en el aire casi 12.000 millones de inversión en nuevas instalaciones. que podrían generar más de 38.000 empleos directos y supondrían 4.300 MW adicionales de potencia.
El Gobierno andaluz subraya que las medidas impuestas en las nuevas normas estatales se trasladarán a los mercados eléctrico y gasista, con un incremento de los precios resultantes que inevitablemente repercutirá en la factura que pagan los ciudadanos. Además, los Presupuestos Generales del Estado para 2013 no incluyen ninguna partida para renovables ni políticas de ahorro y eficiencia, abandonando los planes que se desarrollaban en estas dos ámbitos.
A juicio del Gobierno andaluz, las principales actividades perjudicadas serán las de la energía termosolar, que concentra en la comunidad autónoma el 61% de la potencia total instalada de España, y la biomasa, en la que también es líder. Las renovables cuentan en Andalucía con 1.400 empresas, que dan empleo a casi 45.000 personas.
El recurso ha sido muy bien acogido por Aprean, la patronal andaluza de las renovables. En declaraciones a Efe, Mariano Barroso, presidente de la asociación, señaló que las medidas del Gobierno central, entre ellas el recorte de las primas a las energías renovables, han hecho mucho daño al sector andaluz, ya que cuando se aprobaron esas modificaciones estaban a punto de instalar más de 1.500 megavatios eólicos.
Esta demanda se suma a otras cuatro planteadas en esta legislatura por la Junta de Andalucía sobre decisiones del Gobierno central en materia de educación, sanidad, tasas judiciales y horarios comerciales.
