En artículos anteriores abogué por un acuerdo entre la Administración y las empresas concesionarias de hidráulicas de embalse (HE). En este se primarían las ofertas provenientes de almacenamientos reversibles, entre ellos los de bombeo (ARB) a costa de las ejecutadas por las HE. Esto a cambio de la actualización y ampliación de sus actuales concesiones con instalaciones reconvertidas total o parcialmente en ARB.
La ecuanimidad y rectitud de un pacto de este tipo, aunque alejado de las dinámicas del mercado, se basa en que:
• La reversibilidad es el valor que imperiosamente necesita el sistema eléctrico español para seguir avanzando en su transición energética.
• En la situación actual la HE la está taponando.
• Las concesionarias de HE tienen el derecho privativo para el uso del agua de los embalses para “Usos industriales para producción de energía eléctrica”.
Recientemente el Miteco reformó la Ley de Aguas para dar acceso a nuevos entrantes en el uso del agua de los embalses; el objetivo era el de agilizar las necesarias inversiones en ARB. Esto lo hizo mediante el RDL 8/2023 que en su Art. 60 TRLA prioriza el uso del agua de los embalses para: “Almacenamiento hidráulico de la energía” sobre el mencionado que ostentan los concesionarios de HE.
Pero en el contexto del Art. 60 TRLA, en donde se priorizan distintos usos finales del agua, la acepción más adecuada para la palabra “uso” es la de “uso final”, en tanto que el “almacenamiento” siempre es un “uso intermedio” en un proceso y nunca, excepto en casos patológicos, un “uso final”. Por lo que el RDL ignora que el uso final del agua que se tomará de los embalses será en ambos casos el de producción de energía eléctrica, cuyo uso privativo lo tienen los actuales concesionarios.
Esto puede dar lugar a los conflictos jurídicos en los concursos de ARB. Estos alargarían las tomas de decisiones de inversión, tanto en ARB como en renovables. Además, se añade el riesgo de poner en cuestión la seguridad jurídica de nuestro país, en un momento donde todavía colea el tema de los laudos por la retribución a las renovables.
Las concesiones se otorgaron por un número excesivo de años, pero se dieron. Preferible es actuar en positivo con un pacto win win. Este no es un tema menor en la encrucijada actual de la transición energética en nuestro país, en la que se necesita seguir invirtiendo fuertemente en renovables, en almacenamientos reversibles (AR) de todo tipo, y en costosas redes de transporte y distribución.
Se une a esto la perspectiva del inminente inicio de parada de las nucleares que nos obliga a ir hacia adelante sí o sí, para no poner en riesgo el propio suministro eléctrico. En este sentido es una buena noticia que la nueva ministra del ramo tenga la formación de ingeniería, que seguro le proporcionará un conocimiento profundo del tema. Esto, además, facilitará la interlocución con los principales representantes de las empresas concesionarias, que también son ingenieros.
Porque a las empresas energéticas hay que ir encajándolas en su futuro papel. Vamos hacia un escenario de generación distribuida donde el rol de las compañías eléctricas, incluyendo a los gestores de red, tendrá que centrarse en servicios relacionados con la calidad, eficiencia, disponibilidad y seguridad de suministro, como son los de: trasporte de electricidad en los diferentes niveles de tensión; acople oferta y demanda; aseguramiento de precios a clientes; fiabilidad del suministro a largo plazo y ante catástrofes.
En la última DANA hemos podido constatar la necesidad de que este tipo de empresas velen por estos aspectos; en este caso el de asegurar el suministro eléctrico, que en gran parte de los casos necesitan almacenamientos energéticos. Por tanto, la continuidad de estas compañías como concesionarios de estos es inherente a la función a futuro de estos agentes
Además, un acuerdo de este tipo redunda en dar confianza a los inversores pues, incluso aunque se incrementasen los vertidos de renovables en los próximos años, el solo anuncio de un gran plan de ARB asumido por parte de estas compañías, sería suficiente para que estos incluyesen en sus estudios de rentabilidad de sus inversiones en renovables la existencia de estos en las fechas comprometidas. Lo que no cortaría el actual ciclo inversor en renovables.
Otra de las ventajas para el consumidor, que al fin y al cabo es el que paga las subvenciones, sería que estas se las ahorrarían en los ARB y permitiría esperar a la anunciada bajada de precio de AR con baterías si en el futuro fueran necesarios. Aunque es difícil de cuantificar a priori, una solución de este tipo disminuiría el impacto medioambiental respecto a la opción de que varios agentes realicen las inversiones en ARB, al facilitar las ubicaciones y evitar duplicaciones de equipos. La zona del embalse sería considerada un emplazamiento único, en el que no existirían servidumbres de otros para poder optimizar el conjunto.
Desde el punto de vista de cubrir la estacionalidad del conjunto eólico–solar, los ARB entre embalses deberían ser prioritarios en la negociación por la gran capacidad de almacenamiento que añadirían al sistema; le seguirían los que usasen el embalse actual como depósito superior con incremento de salto, puesto que estos producirían una doble mejora, por el mejor aprovechamiento energético del agua de lluvia embalsada. España dispondría así de un gran parque de turbinas operativas que darían estabilidad dinámica a la red; además de unos ARB de gran capacidad, vida centenaria, tecnología propia y sin materiales escasos.
