La financiación es fruto de la ley Bipartita de Infraestructuras (Bipartisan Infrastructure Law Battery Materials Processing and Battery Manufacturing) aprobada por la Administración Biden-Harris a finales del año pasado como parte de la Ley de Inversión en Infraestructuras y Empleo. Una parte fundamental de esta estrategia consiste en invertir más de 7.000 millones de dólares en las cadenas de suministro de baterías, para reforzar la capacidad estadounidense de procesamiento, fabricación y reciclaje de minerales esenciales, como el litio, el níquel y el grafito.
Según dijo ayer el presidente Biden al dar a conocer las empresas beneficiarias, los primeros 2.800 millones de dólares de subvenciones generarán más del triple de esta cantidad en beneficios económicos, gracias a las instalaciones de producción y procesamiento de baterías a escala comercial que ayudarán a construir.
La Ley Bipartita de Infraestructuras está diseñada para ser el motor que impulse el despliegue acelerado del almacenamiento en baterías y facilitará la producción estadounidense de tecnologías maduras existentes, como los cátodos de fosfato de hierro y litio y los ánodos de grafito, que en la actualidad proceden casi exclusivamente de importaciones chinas.
Además, la financiación impulsará la I+D de tecnologías más innovadoras en las primeras fases de comercialización, como los ánodos de silicio y las técnicas avanzadas de producción de baterías. También se apoyarán proyectos de producción de materias primas, siendo la extracción de litio un área de interés urgente para la industria de las baterías en todo el mundo.
En todos los casos, las empresas beneficiarias de las ayudas, que oscilan entre 50 y más de 300 millones de dólares, compartirán los costes de sus proyectos con inversiones propias que, en algunos casos, igualan o superan las subvenciones.
Biden también presentó ayer la Iniciativa Americana de Materiales para Baterías (American Battery Material Initiative), que pretende coordinar los esfuerzos del gobierno federal y trabajar con organizaciones del sector privado y público, sindicatos, diferentes comunidades y gobiernos en el extranjero. Esta estrategia busca potenciar y hacer crecer la cadena de suministro de materiales para baterías.
