La compañía israelí tiene proyectos en diez países, con inversiones por un valor de 26.000 millones de euros y cuenta con el apoyo del fondo de inversión estadounidense Vanguard Group y las entidades financieras Credit Suïsse y JPMorgan Chase. Aterrizó en España en 2021 con la construcción de Gecama (Generación Eólica de Castilla-La Mancha), un gran proyecto eólico con una potencia instalada de 300 MW en la provincia de Cuenca.
Ahora, la compañía quiere construir un sistema de almacenamiento energético de baterías de litio, que según los denunciantes, es rechazado tanto por los vecinos de Abizanda, donde se quería instalar inicialmente, como por los de Samitier/Mediano (La Fueva, Huesca), donde se plantea su ubicación en la actualidad. La compañía también está comprando derechos de conexión para grandes parques fotovoltaicos en Valencia y Andalucía a través de la empresa Renovalia.
“Estas transacciones forman parte de una burbuja especulativa que se está perpetrando en todo el territorio estatal sin importar su población a través de la compra-venta de derechos de conexión para megaparques energéticos que, en muchos casos, nunca llegan a construirse”, afirman las organizaciones denunciantes. “Ante esta situación, la oposición vecinal no para de crecer frente a estos macroproyectos que suponen la destrucción del suelo, la tala de bosques y el desgaste de la actividad agrícola en el mundo rural”, añaden.
El genocidio en Gaza
Consideran, además, que "este modelo y sus impactos ecológicos y sociales queda ahora agravados por la presencia de una empresa israelí que dice promover la meta cero neto en emisiones, mientras construye en territorio palestino ocupado".
Enlight Energy ha construido el proyecto eólico más grande de Israel sobre los Altos del Golán, un territorio ocupado ilegalmente según señaló el Consejo de Seguridad de la ONU en la Resolución 242. “Se trata de una zona de gran interés militar y geopolítico para Israel porque desde sus alturas se divisa Damasco y es una de las fuentes de agua potable de las cuales se abastece el país, representando entre el 15 % y el 33 % del agua total que consume el Estado de Israel”, afirman las orgnizaciones ecologistas. La empresa también tiene dos proyectos fotovoltaicos en el llamado “Gaza Envelope”, la zona de seguridad de 7 kilómetros alrededor de la frontera con Gaza.
“El Estado español no debe hacer acuerdos con empresas que tienen sede y trabajan en el país que ahora mismo está cometiendo un genocidio contra la población palestina, con más de 44.000 asesinatos oficiales, más de 100.000 heridos y miles de personas desaparecidas, siendo estas estimaciones muy conservadoras”, afirma Esther Monge Hernández, portavoz de BDS País Valencià.
“La transición hacia un sistema energético de bajas emisiones es necesaria y urgente. Pero no a costa de los derechos humanos y apoyando a una empresa que se beneficia de la ocupación ilegal de Palestina”, concluye Cristina Alonso, responsable del área de Justicia Climática de Amigas de la Tierra.
