En España se está viviendo una situación de emergencia social caracterizada por un alto nivel de desempleo, temporalidad y pobreza. La tasa de paro es del 16% y se eleva al 40% para los jóvenes menores de 25 años. Además, casi la mitad de los desempleados llevan más de un año sin trabajo. España no sólo lidera el paro juvenil en la Unión Europea, también se sitúa a la cabeza en temporalidad. Alrededor del 25% de los trabajadores por cuenta ajena tienen un contrato temporal, lo que contrasta con otros Estados Miembro como Francia (15,3%), Alemania (10,7%) o Grecia (10,1%).
El desempleo y la creación de empleo en condiciones de precariedad son la principal fuente del aumento de la desigualdad y de la modificación de los perfiles de pobreza y exclusión social. Por eso aproximadamente la cuarta parte de la población española se encuentra en Riesgo de Pobreza y/o Exclusión Social, un indicador que se prevé que haya empeorado con la pandemia de la Covid-19.
En la coyuntura actual resulta imprescindible que cualquier plan que pretenda abordar la recuperación y la transformación de la economía española establezca como una de sus prioridades maximizar la creación de empleo. Más aún cuando existe una preocupación fundada sobre la incapacidad de nuestro tejido productivo para continuar reabsorbiendo a los trabajadores en situación de Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE). De los más de 3,5 millones de trabajadores que llegaron a estar sujetos a ERTE en los peores momentos de la pandemia, siguen sin reincorporarse a su actividad más de 500 mil personas, una mayoría procedentes del sector servicios (turismo, hostelería, comercio, …).
El Gobierno español ya ha puesto en pie su propio Green New Deal, el “Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la Economía Española”, para movilizar cerca de 72.000 millones de euros entre 2021-2023, con una inversión verde del 40%. Y ha asignado más de 6.800 millones a una de sus principales políticas palanca: la rehabilitación de edificios.
En la recién aprobada Ley de Cambio Climático y Transición Energética, el Gobierno se ha dado de plazo hasta el 22 noviembre de 2021 para elaborar un Plan de Rehabilitación de Viviendas y Renovación Urbana. Una ventana de oportunidad para elevar los objetivos de rehabilitación de viviendas establecidos en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) y reorientar la actividad de la construcción como un yacimiento de empleos verdes.
Durante la pandemia, la construcción fue el segundo sector económico que mejor se comportó, después de la agricultura, y su principal valor a futuro radica en su enorme capacidad de arrastre sobre otros sectores industriales.
La crisis económica y financiera de 2008 y el estallido de la burbuja inmobiliaria destruyeron más de un millón y medio de puestos de trabajo en la construcción que ahora podrían recuperarse para integrarse en la cadena de valor de la rehabilitación de edificios. Por ello, el Instituto Sindical de Trabajo, Ambiente y Salud (ISTAS) ha propuesto dos escenarios para la rehabilitación energética del sector residencial que significarían aumentar los compromisos vigentes, fijados en realidad en un contexto previo a la crisis sanitaria y a los fondos europeos de recuperación.
Escenarios para la recuperación económica y la creación de empleo
En el Escenario 1, ISTAS propone la rehabilitación energética profunda de 2,3 millones de hogares a 2030 y 12 millones a 2050. Esto significaría aumentar un millón de viviendas el objetivo actual a 2030, adelantar 10 años el objetivo de 2050 y rehabilitar 5 millones más para 2050, respecto a la actual hoja de ruta del Gobierno.
La senda del Escenario 1 exigiría una velocidad crucero de unas 500 mil viviendas anuales -equivalente a una tasa de renovación de 2% anual- durante 2032-2043, lo que favorecería la creación de un mercado estable de la rehabilitación, óptimo para generar un tejido empresarial sólido con empleo de calidad.
Para el Escenario 2 se propone una senda aún más ambiciosa para rehabilitar unos 2,8 millones de viviendas a 2030 y 15 millones de viviendas a 2050. En este caso, la velocidad de crucero rondaría las 700 mil viviendas anuales durante el período 2035-2044, equivalente a una tasa de renovación de 2,75%, más cercana al ritmo de los países europeos más activos en rehabilitación. 
Adicionalmente ISTAS ha evaluado los potenciales beneficios de la puesta en marcha de estos escenarios de rehabilitación, desde el punto de vista del ahorro en energía, en gasto sanitario, así como las emisiones de gases de efecto invernadero evitadas, entre otros indicadores. En empleo, el Escenario 1 crearía un total de 403.600 puestos de trabajo, de los cuales 132 mil serían empleos directos. El Escenario 2 tendría un potencial de 460.000 puestos de trabajo, con 150 mil empleos directos.
Potenciales beneficios ambientales y socio-económicos para 2030
Asimismo, para ambos escenarios se ha propuesto actuar anualmente en, al menos, un 20% de hogares vulnerables como una estrategia a largo plazo para paliar la pobreza energética.
En conclusión, las actuales crisis económica y climática nos empujan como país a elevar los compromisos adquiridos en rehabilitación energética de viviendas. Planes de rehabilitación más ambiciosos tendrán beneficios adicionales en términos de cohesión social y territorial, gracias a la reorientación del sector de la construcción y la dinamización y enverdecimiento de las economías locales.
