Greenward Partners, empresa de activación de capital ecológico en España, ha hecho público hoy el manifiesto Rehabilitar el Futuro, que cuenta como primeros firmantes con la Asociación Nacional de Empresas de Servicios Energéticos (Anese), la Asociación de Empresas de Eficiencia Energética (A3e) y Green Building Council España (GBCe). Conjuntamente, aglutinan a medio millar de empresas, asociaciones profesionales y empresariales, centros de investigación, instituciones académicas y centros tecnológicos, entre otros, de toda la cadena de valor del sector de la eficiencia energética en la construcción y rehabilitación de edificios.
Rehabilitar el Futuro propone al Gobierno desarrollar 20 líneas de actuación, encabezadas por el reconocimiento de la eficiencia energética de los edificios como un interés general prioritario en la Ley de Cambio Climático y Transición Ecológica aprobada por el Consejo de Ministros el pasado 19 de mayo y que ahora comienza su tramitación parlamentaria.
Los firmantes del manifiesto destacan que un 30% del potencial que tiene la eficiencia energética se esconde en los edificios. La rehabilitación energética de edificios, añaden, genera de forma inmediata un volumen importante de puestos de trabajo -que, además, no se pueden deslocalizar-, al tiempo que reduce las emisiones y mejora la calidad de vida de los ciudadanos. En concreto, según la CEOE, por cada millón de euros invertidos en rehabilitación energética se crean y se mantienen entre 24 y 27 empleos al año.
Un parque edificatorio viejo e ineficiente
A día de hoy, el parque inmobiliario es uno de los elementos que más contribuyen al calentamiento del planeta y a la contaminación, siendo responsable del 40% del consumo de energía final y de un tercio de las emisiones de CO2. En España, en concreto, el 80% de los edificios es ineficiente en términos energéticos (certificación energética E, F o G). Asimismo, más de la mitad del parque edificatorio tiene más de 40 años y es anterior a la introducción de cualquier normativa en materia de aislamiento energético.
El plan de rehabilitación anunciado por el Gobierno español antes de la epidemia del coronavirus contemplaba la necesidad de movilizar 45.000 millones de euros en ahorro y eficiencia energética para renovar 1,2 millones de viviendas y crear entre 42.000 y 80.000 empleos cada año hasta 2030.
En Europa, estas actuaciones son prioritarias. Cara a la recuperación económica post-Covid, la Comisión Europea plantea como prioridad una “oleada de renovación inmobiliaria”, con un presupuesto de inversión anual de 250.000 millones de euros, que será cubierto en una quinta parte con financiación pública a través de fondos estructurales y del Banco Europeo de Inversiones, y el resto, supuestamente con financiación privada.
Según los firmantes del manifiesto, "España cuenta con la voluntad política, la tecnología, el tejido empresarial y los recursos privados para cubrir las necesidades de financiación que los fondos públicos no pueden cubrir”. El proyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Ecológica que el Gobierno ha remitido al Congreso de los diputados es “ambicioso en sus objetivos”, añaden, y eleva hasta un mínimo del 35% el ahorro en el consumo de energías primarias que se tiene que producir por la aplicación de medidas de mejora de la eficiencia (con respecto a la línea de base conforme a normativa comunitaria).
“Desde Rehabilitar el Futuro, aplaudimos la firme decisión con la que las administraciones públicas están situando la lucha contra el cambio climático en el centro de sus políticas. Una vez establecidos los objetivos, es necesario el desarrollo de las políticas e instrumentos efectivos que permitan alcanzarlos. Es hora de pasar de la emergencia climática a la emergencia legislativa; de las palabras y compromisos, a los hechos y los medios”, se afirma en el comunicado.
Las propuestas de Rehabilitar el Futuro incluyen medidas fiscales, administrativas, financieras y de certificación y seguimiento, entre otras, en un marco de colaboración público-privada, con el objetivo de maximizar la contribución de la rehabilitación energética a la recuperación económica y a la lucha contra el cambio climático, con el mínimo impacto en las cuentas públicas, y favoreciendo los esquemas de autofinanciación a través de los ahorros energéticos.
