El Ayuntamiento de Cádiz ha remitido al Ministerio de Energía una serie de aportaciones y propuestas con las que pretende ayudar a mejorar el diseño del bono social nacional. Las propuestas remitidas están basadas -informa el Ayuntamiento- en la propuesta del bono eléctrico gaditano y versan sobre los criterios de acceso al mismo, el contenido específico del bono y el mecanismo de financiación. Estas aportaciones se enmarcan en la consulta pública abierta por el Ministerio para la implementación del Real Decreto-Ley 7/2016, de 23 de diciembre, RDL que regula "el mecanismo de financiación del coste del bono social y otras medidas de protección al consumidor vulnerable". La consulta pública tiene como objetivo recabar, directamente o a través de organizaciones representativas, la opinión de las personas y entidades potencialmente afectadas por la norma proyectada.
Pro-gre-si-vi-dad
Según el Ayuntamiento de Cádiz, a diferencia del bono estatal, que consiste en un descuento del 25% de la factura eléctrica, "independientemente de las necesidades energéticas de la familia", la propuesta del bono social gaditano contempla la progresividad de la bonificación en función de la renta, "es decir, la bonificación de una cantidad de energía y de potencia suficientes, en base a la renta per cápita familiar y el número de habitantes de la vivienda". El Consistorio que preside José María González (Por Cádiz Sí Se Puede) también ha informado al Ministerio de que el bono social gaditano va acompañado de "formación a las familias en recibo eléctrico y ahorro energético". El Ayuntamiento pretende así ayudar a las familias a mejorar en su uso y gestión de la energía, "al tiempo que se contribuye a la sostenibilidad ambiental".
Protagonistas
En la elaboración de la propuesta gaditana han participado -informa el Ayuntamiento- los siguientes agentes del sector: Cáritas Diocesana, Mujeres de Acero, Asamblea Popular Luis Pérez (San Mateo, 15M), la Asociación Pro Derechos Humanos de Cádiz (APDH), la Fundación Dora, la Fundación Virgen de Valvanuz, la Asociación de Consumidores Facua, la Asociación Cardijn, la AAV. Cádiz Centro, la Federación de AA.VV. 5 de Abril, Agaden, Cruz Roja, la Plataforma por un Nuevo Modelo Energético y la Asociación Equa. Así mismo, también han participado en la elaboración del documento de propuestas miembros de PSOE, Ciudadanos, Ganar Cádiz, Podemos y Partido Popular; técnicos y representantes políticos del Área de Asuntos Sociales y representante de Eléctrica de Cádiz; y también lo hicieron personas en situación de vulnerabilidad económica receptoras de ayudas de la luz.
Según el alcalde de Cádiz, José María González, la ciudad de Cádiz ha hecho "un valiosísimo esfuerzo de colaboración para diseñar y validar una propuesta de bono social eléctrico justo y sensato, y esperamos que el Gobierno contemple las sugerencias y mejore el bono estatal”. Así, en la carta dirigida al Ministerio, el regidor ha plasmado los elementos más relevantes de la propuesta. Son estos.
1. Que todas las familias, independientemente de la compañía con la que tengan contratado el suministro eléctrico, puedan acceder al bono social del Estado.
2. Que todas las empresas comercializadoras (y no solo las de referencia) puedan ofrecer el bono social del Estado, máxime, cuando van a tener que costearlo.
3. Que el mecanismo de financiación del bono social no perjudique a las pequeñas y medianas comercializadoras, ni a los clientes de las mismas, poniéndose un tope a su aportación al bono social que no supere el 7% de sus márgenes anuales.
4. Que se establezca un mecanismo de financiación del bono social proporcionado, no discriminatorio y transparente, es decir, ajustado a la legalidad para que no sea nuevamente desacreditado por el Tribunal Supremo e invalidado.
5. Que se establezca la obligación de que las compañías eléctricas (todas) colaboren (financien) de manera solidaria y proporcionada a su volumen de negocio, en las medidas que incluya este RDL 7/2016.
6. Que las administraciones públicas no tengan que asumir más allá del 50% de los costes derivados del pago de facturas para evitar cortes del luz, siendo el otro 50% aportado por las empresas del sector eléctrico (todas).
7. Que el reglamento del RDL 7/2016 incorpore el principio de precaución y las compañías eléctricas tengan la obligación de cerciorarse de que una familia no se encuentra en situación de vulnerabilidad, antes de proceder a un corte de luz.
Por su parte, el concejal David Navarro, en calidad de presidente del Consejo de Administración de Eléctrica de Cádiz, también ha enviado un escrito con aportaciones solicitando que el mecanismo de financiación del bono social se aplique proporcionalmente al volumen de negocio de cada comercializadora y no sobre la base del número de clientes, "dado que esto perjudica enormemente a pequeñas comercializadoras cuyo mercado se centra fundamentalmente en el sector doméstico" (muchos clientes, pero poca potencia, poco negocio, y poco margen, en comparación con otras comercializadoras, cuyos clientes son muchos menos, pero contratando mucha más potencia).
Por último, Cádiz también solicita en ese escrito que las comercializadoras de energía eléctrica no COR (o sea, las que no son Comercializadoras de Referencia), que aportan fondos a la financiación del bono social nacional, puedan aplicarlo a sus clientes en igualdad de condiciones y sin necesidad de transferirlos a una COR. La propuesta del Gobierno central es que solo puedan ofertar bono social las comercializadoras COR (las conocidas como el oligopolio: Iberdrola, Gas Natural, Endesa y compañía). Por su parte, el Consistorio gaditano ha señalado que llevará nuevamente al Consejo de Administración de Eléctrica de Cádiz la votación del bono eléctrico gaditano el próximo mes, “pues se mantienen todas las razones para ponerlo en marcha” ha añadido el alcalde.
