El Ayuntamiento de Barcelona informa que "no solo se actuará en caso de emergencia energética, sino que también se asesorará a las familias más vulnerables sobre cómo reducir el consumo o sobre subvenciones para mejorar el aislamiento de las viviendas". Para poder realizar esta tarea -informa el Consistorio-, se contratará a 100 parados de larga duración y se invertirán 4,5 millones de euros en los próximos dos años. Según la teniente de alcaldía de Derechos Sociales, Laia Ortiz (Iniciativa per Catalunya Verds), "no solo combatimos la pobreza energética, sino que además informamos a las familias sobre sus derechos, siendo proactivos y ofreciendo asesoramiento sobre ahorro energético o sobre ayudas para la rehabilitación".
Así -informa el Ayuntamiento-, "el personal de los puntos de asesoramiento energético se ofrecerá a tramitar los informes de exclusión residencial o gestionar las multas y otros trámites de las compañías eléctricas, entre otros; para poder atender todo esto, se contratará y formará a 100 personas en situación de vulnerabilidad procedentes del programa Làbora".
Balance de la prueba piloto
En noviembre del 2015, el Consistorio barcelonés abrió los primeros puntos de asesoramiento energético. En los cinco meses que ha durado la prueba piloto, se ha actuado en 3.100 hogares, de los cuales el 60% sufría pobreza energética moderada o severa. Además, en un 13% de los casos se les había cortado el suministro. En estas oficinas se han gestionado 450 cortes de suministro de servicios: 133 de electricidad, 225 de gas y 96 de agua. Y se ha abierto 220 expedientes a las compañías de acuerdo con lo que establece la Ley 24/2015.
También se ha constatado que solo una tercera parte de los usuarios conocía la existencia del bono social y únicamente un 17,3% había recurrido, aunque el 65% cumplían los requisitos. Laia Ortiz también ha recordado que la ley otorga un papel de corresponsabilidad a las compañías suministradoras en casos de vulnerabilidad. En ese sentido, Ortiz ha avisado a las compañías suministradoras de que el Ayuntamiento dejará de pagar ayudas para cubrir facturas y deudas derivadas de la pobreza energética si no acuerdan un convenio que concrete qué parte asumen las empresas: "o forman parte de la solución o la deuda de las familias estará encima del tejado de las compañías". “Las eléctricas tendrían que asumir como mínimo el 50% de la factura”, ha dicho.
