La pandemia del coronavirus ha puesto de manifiesto las debilidades estructurales de la capacidad productiva de la Unión Europea para suministrar bienes y equipos esenciales, como los respiradores o las mascarillas para protegernos de los riesgos sanitarios.
La deslocalización del tejido industrial a terceros países, como ha ocurrido en la manufacturación textil, ha sido la estrategia de muchas empresas europeas para mejorar su competitividad. Como resultado, la economía europea se ha tercerizado de manera rotunda, y en particular, la estructura económica de los países del sur tiene una enorme dependencia de sectores como el turismo. Una actividad que genera un empleo “estacional, precario y de bajo valor añadido", como apuntaba el ministro Garzón hace unos días, reconociendo una verdad incómoda para muchos.
Además, la crisis ha puesto en una situación muy difícil a la industria que nos queda, como la automoción que emplea a 13 millones de europeos. En Francia la respuesta no se ha hecho esperar, y su presidente ha anunciado un plan de rescate de 8.000 millones para apoyar y repatriar la producción de vehículos eléctricos e híbridos, un espaldarazo para la industria francesa pero un aprieto más para los centros industriales de esas firmas en España.
En nuestro país han caído como una losa los anuncios de cierre de las plantas de Nissan en Barcelona y de Alcoa en Galicia, no por esperados menos crudos. Llueve sobre mojado y la sangría no terminará aquí.
En este contexto, urge que la salida verde para la reconstrucción económica persiga los objetivos de una política energética y climática ambiciosa al tiempo que contribuya a relanzar la industria como un eje de crecimiento del empleo de calidad y de relocalización de empresas.
En España, llevamos años aspirando a que la aportación de la industria alcance el 20% del PIB español, y se espera que la próxima Estrategia Industrial España 2030 contribuya a ello con una hoja de ruta claramente marcada por la revolución de la Industria 4.0 y la transición hacia una economía baja en carbono. En el marco de la transición ecológica, el PNIEC y la Estrategia de Transición Justa tienen previsto la elaboración de un Plan de Desarrollo Industrial de Energías Renovables que maximice el desarrollo económico y la creación de empleo industrial a lo largo de toda la cadena de valor.
El empleo industrial es proporcionalmente de mejor calidad, con menor temporalidad y mejores salarios que otros sectores económicos, y por eso muchas organizaciones sindicales y empresariales abogan por impulsar la fabricación nacional de bienes y equipos asociados al gran despliegue que se necesita de tecnologías renovables. No en vano, para cumplir los objetivos de renovables del PNIEC se prevé movilizar una inversión de 125.000 millones de euros.
Hasta el momento, el sector eólico ha sido de todas las renovables el que ha conllevado la mayor generación de empleo industrial en España. Su trayectoria así lo demuestra: el sector eólico nacional es el tercer exportador del mundo en aerogeneradores, dispone de 207 centros de fabricación con presencia en prácticamente todas las comunidades autónomas y cuenta con más de 1.000 patentes eólicas a sus espaldas. En línea con este compromiso, la Asociación Empresarial Eólica ha propuesto medidas para la Agenda Sectorial de la Industria Eólica, como contribución a la Estrategia Industrial para España 2030.
Por su parte, UNEF ha publicado su propuesta para una “Estrategia Industrial Fotovoltaica” que consolide el sector español. Aunque la fabricación de células solares esté prácticamente externalizada fuera de Europa, hay que poner en valor la fuerte posición de nuestra industria en la cadena de fabricación de la tecnología fotovoltaica, con respecto a la electrónica de potencia, seguidores, estructuras y, sobre todo, su liderazgo en la fabricación de seguidores solares y de inversores.
También Comisiones Obreras ha reclamado un programa de sostenibilidad ambiental para la recuperación post-Covid 19, en el que urge la puesta en marcha de un plan industrial para las renovables, la inclusión de criterios en las subastas para favorecer la producción nacional (como la huella de carbono), el impulso al diálogo social y una colaboración estrecha entre los Ministerios de Industria y Transición Ecológica.
