Las condiciones regulatorias y económicas auguran un mercado dinámico y de expansión de las energías renovables en España en la próxima década. Después de años de reivindicación por el parón renovable, ahora toca defender un modelo sostenible, próspero y equitativo.
¿Y cuáles serían los aspectos sociales y ambientales que deberían abordarse en este horizonte de crecimiento del sector de las renovables? En primer lugar, sería aconsejable una especial cautela en el desarrollo de macroproyectos, estableciendo zonas de exclusión por su valor ambiental. Las recomendaciones para la sostenibilidad ambiental de las instalaciones fotovoltaicas elaboradas por UNEF y las propuestas de la Plataforma por un Nuevo Modelo Energético para reducir el impacto ambiental de las grandes instalaciones fotovoltaicas son valiosas contribuciones en este sentido.
Además, los nuevos proyectos deben comprometerse con las economías locales y la cohesión territorial, maximizando los co-beneficios y distribuyéndolos más equitativamente. Merecen una atención específica las zonas de transición que hayan sufrido cierres de centrales térmicas o áreas muy despobladas que precisen de reactivación económica.
Por otro lado, reforzar el I+D+i de las tecnologías renovables –que debe primarse en futuras subastas– permitirá responder a desafíos tales como su sostenibilidad ecológica, la optimización de sus costes y rendimientos, la mejora de su aplicabilidad, integración en red o capacidad de almacenamiento, entre otros. Ejemplos como el de Vestas, que recientemente se ha comprometido a fabricar aerogeneradores “cero residuos” en 2040, requerirá una importante labor de I+D+i para eliminar todos los deshechos de su cadena de valor.
También hay que considerar la innovación social, que ya ha llegado de la mano de la financiación colectiva de proyectos o la compraventa directa de energías renovables entre consumidores y pequeños productores renovables. La democratización de la energía exige priorizar la participación ciudadana y la entrada de actores de pequeño tamaño. La nueva normativa en autoconsumo compartido y la figura prevista de las comunidades energéticas pueden ser un punto de inflexión para la llegada de nuevas iniciativas relacionadas con la gestión de la demanda distribuida o de autoconsumo virtual compartido.
Si el crecimiento del sector renovable es estable podrá proporcionar las mejores condiciones para crear y conservar el tejido empresarial y generar empleo de mayor calidad. El desarrollo de instalaciones renovables debe redundar en el impulso de la fabricación nacional de bienes de equipos para toda la cadena de suministro de estas tecnologías. El trabajo conjunto entre el Ministerios para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico y el de Industria va a ser clave para identificar los mecanismos adecuados y coherentes con el marco regulatorio comunitario para lograrlo, así como para elaborar y desarrollar el Plan Industrial para las Energías Renovables contemplado en la Estrategia de Transición Justa.
Otra demanda social es reducir la brecha de género, ya que ellas representan solo el 32% de la fuerza trabajadora de las energías renovables, y además de forma concentrada en los puestos de administración en detrimento de los puestos STEM de las áreas de producción e instalación.
También se debe mejorar la participación de las mujeres en el ámbito de la energía y su incorporación a los espacios de debate, reflexión y decisión, línea en la que trabajan la Red de Mujeres por una Transición Energética Ecofeminista y la Asociación de Mujeres de la Energía.
Por último, para promover la mejora de las condiciones laborales del sector es ineludible consolidar la negociación colectiva en muchas de las actividades comprendidas a lo largo de la cadena de valor de las energías renovables y alcanzar acuerdos específicos, como un nuevo convenio estatal para la operación y mantenimiento. Una experiencia positiva es la de Siemens Gamesa que recientemente renovó su Acuerdo Marco Global, el primero y único del sector de las energías renovables a nivel internacional.