Las comunidades autónomas son responsables de gestionar y conservar un ingente parque de edificios públicos de distintos tipos, tales como administrativo, educativo, asistencial, sanitario o cultural. A la compleja diversidad de usos se le suma la extensión y dispersión territorial.
Para hacernos una idea, encontramos comunidades uniprovinciales como Navarra, responsables de gestionar 350 edificios con un consumo energético de 158 GWh al año. Otras, como Castilla y León, la autonomía con más superficie, disponen de 1.500 edificios con un consumo de 200 GWh/año de electricidad y 300 GWh/año de gas. O Andalucía, la comunidad más poblada, dispone de 4.000 edificios que consumen 1.000 GWh de electricidad, más de 400 GWh en combustibles fósiles gaseosos y cuatro millones de litros de gasóleo para calefacción.
En general, los edificios públicos más depredadores de energía son los hospitales, que engloban en torno a la mitad de la factura energética autonómica. Al mismo tiempo son las instalaciones más complejas de renovar por sus funciones y por su actividad ininterrumpida durante todo el año, más ahora con la coyuntura de la pandemia sanitaria.
Otro reto importante es la rehabilitación integral de los centros educativos, que puede contribuir no sólo a reducir las necesidades energéticas en calefacción, sino también a combatir el calor extremo, particularmente en la mitad sur peninsular, así como hacer frente a las nuevas necesidades de accesibilidad o de ventilación de las aulas para prevenir los contagios por coronavirus.
Las comunidades autónomas están llamadas a ejercer un papel ejemplarizante y contribuir a los compromisos nacionales en materia de rehabilitación. El Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC), en cumplimiento de la Directiva de Eficiencia Energética, se compromete a la renovación energética por encima del 3% del parque de edificios de la Administración General del Estado. Asimismo traslada este objetivo del 3% al resto de las administraciones autonómicas y locales.
Por otro lado, el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia contempla específicamente el diseño de un Programa de Impulso a la Rehabilitación de Edificios Públicos, el PIREP. La elaboración de este Programa lo está liderando el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, que está trabajando en colaboración con las comunidades autónomas.
De los 1.080 millones de euros con los que está dotado el PIREP, 480 millones se distribuirán entre las administraciones autonómicas, de acuerdo a unos criterios de reparto, y el resto se destinará a las entidades locales. Nos encontramos, por tanto, en un momento crítico en el que las comunidades autónomas tienen que confeccionar un listado de actuaciones prioritarias que comunicar al Ministerio para planificar la rehabilitación de los edificios públicos de los próximos años.
Afortunadamente las autonomías españolas no parten de cero, aunque con notables diferencias, algunas ya disponen de un diagnóstico energético del comportamiento de sus edificios, de un histórico de medidas implementadas y de un plan de nuevas inversiones para mejorar su rendimiento.
Por ejemplo, los Gobiernos de Castilla y León y Navarra han implantado un sistema de información energética, evaluado el rendimiento energético de los edificios bajo su gestión y publicado los datos en portales de transparencia. Por su parte, la Red de Energía de la Administración de la Junta de Andalucía, desde 2007, ha impulsado 354 auditorías y 786 inventarios energéticos, e identificado 1.549 medidas de ahorro, eficiencia energética y energías renovables valoradas en una inversión de 67 M€. Mientras, el Gobierno Catalán, en aplicación de su Plan de Ahorro y Eficiencia Energética en los Edificios y Equipamientos, ha intervenido parcialmente en más de 307 edificios, lo que representa un 10% de los edificios ocupados.
Éstas y otras experiencias serán próximamente dadas a conocer en un nuevo trabajo de ISTAS.
