El documento recoge como "condiciones indispensables" las siguientes: que la futura ley cuente con "objetivos concretos de reducción para cada uno de los sectores principales en emisión de gases de efecto invernadero, a corto, medio y largo plazo (2020, 2030 y 2050), la hoja de ruta con acciones concretas para alcanzar esos objetivos y unos indicadores que permitan medir la evolución de los compromisos". Solo así -señala el diputado de Equo-, "España se pondrá al día con los compromisos de París".
Extractamos a continuación el documento presentado por Equo
1) Objetivos concretos de reducción para cada uno de los sectores principales en emisión de gases de efecto invernadero, a corto, medio y largo plazo (2020, 2030 y 2050). El compromiso por parte de La Unión Europea sigue siendo el de reducir el 20% de sus emisiones para el 2020 y el 40% para el 2030, con respecto a los niveles de 1990. Asimismo debe establecerse un objetivo ambicioso para el año 2050, llegando hasta la emisión cero.
2) Establecimiento de una hoja de ruta con acciones concretas para alcanzar esos objetivos, en la que se tendrían que tener en consideración los siguientes sectores:
2.1 Energía
Es imprescindible que una ley de cambio climático vaya acompañada de un Plan de Transición Energética en el que se contemple el objetivo de alcanzar un horizonte 100% renovable, así como el desarrollo de medidas de eficiencia energética.
2.2 Transporte
Debe abordarse de forma sistemática la reducción de emisiones a través de la electrificación del sector, y el impulso al ferrocarril. Las ciudades deben jugar un papel central en la reducción de emisiones en el transporte.
2.3 Industria y comercio.
2.4 Agricultura y ganadería, usos del suelo, y deforestación.
2.5 Residuos. Implementación de política de Residuo Cero.
2.6 Otros sectores.
3) Establecimiento de unos indicadores que permitan hacer un seguimiento de la evolución de los compromisos. Entre los indicadores deben incluirse las emisiones de CO2 y de otras gases de efecto invernadero (metano, gases fluorados…).
4) Abordar el reparto competencial con las comunidades autónomas, así como la creación de un organismo de coordinación autonómica.
5) Establecimiento de un organismo de participación pública, para el seguimiento y evaluación del proceso, y otro de asesoramiento científico.
6) Financiación adecuada para llevar adelante los objetivos.
