Muy lejos del modelo energético del siglo XXI. Enumerar las acciones y decisiones del gobierno de Rajoy en materia de política energética vendría a ser como hacer una larga lista de “cosas que no tienes que hacer para llevar tu modelo energético hacia el siglo XXI”: los recortes y la moratoria de las renovables, el impuesto al sol, las sucesivas reformas del mercado eléctrico, los tejemanejes para reabrir Garoña, la apuesta por el fracking, las prospecciones petrolíferas en Canarias, los Costes de Transición a la Competencia, la indemnización de Castor, la burbuja gasística, la pobreza energética o las puertas giratorias.
Es de justicia reconocer que la responsabilidad en algunas de estas cuestiones es compartida con el anterior gobierno socialista. Sin embargo, hay que destacar la virulencia y determinación con la que el Partido Popular (PP) se ha empleado en marcar una política energética contraria a las tendencias europeas y al sentido común. Para entender el balance de la política energética de Rajoy resulta mucho más ilustrativo analizar las características del modelo energético que nos ha dejado en herencia que realizar una pormenorizada descripción de las nefastas decisiones tomadas.
A día de hoy, tras sucesivas reformas, España tiene uno de los mercados eléctricos más caros de Europa. En una abultada parte fija de la factura se mezclan costes y peajes de todo tipo: los que son necesarios para el mantenimiento del sistema, los que son herencia de decisiones políticas, retribuciones por infraestructuras descontroladas y otros que simplemente se pueden considerar como subvenciones encubiertas a las eléctricas. Pero es que, además, la parte variable (la que depende del precio de generación) se calcula con un mecanismo que no optimiza la aportación de las tecnologías más baratas, sino todo lo contrario: premia las más caras.
Esto nos deja un sistema injusto, donde se produce un elevadísimo e injustificado trasvase de rentas de las familias y las empresas a las grandes eléctricas. El gobierno no se cansa de repetir que los precios de la electricidad son similares a los países de nuestro entorno (ojalá que nuestro salario mínimo fuera también similar: España 707 € – Francia 1.480 €). El gran peso de la factura energética en las familias ha hecho que hasta el 17% de los hogares españoles sufra pobreza energética. Algo que el Partido Popular ha tardado años en reconocer, y frente a lo que ahora anuncia medidas que siguen sin garantizar el derecho a la energía a toda la población.
En el fondo, enriquecerse escandalosamente con un bien básico como la energía es profundamente antidemocrático. El mercado energético en España está controlado por unas pocas empresas que, gracias a las puertas giratorias, tienen una gran influencia sobre la regulación energética. Con una Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia cuya efectividad como organismo independiente de supervisión regulatoria está cuestionada, nos encontramos sin ningún mecanismo de control ciudadano sobre el mercado eléctrico.
En este punto, conviene recordar que nuestro sector energético está mayoritariamente controlado por fondos de inversión extranjeros (incluidas las redes de transporte de electricidad, gas y petróleo). Esto supone que el objetivo de dar una alta rentabilidad a sus inversores primará sobre otras cuestiones, como el interés general o la seguridad energética.
Esta concentración de la generación, la distribución y la comercialización en unas pocas manos nos deja como resultado un sistema obsoleto por muchas razones. En primer lugar, porque prima tecnologías del pasado basadas en las grandes centrales de producción (gas, carbón, nucleares) que son altamente contaminantes (y no sólo en emisiones de CO2, pensemos en el gran problema de los residuos nucleares). Esta es, además, una manera de producir energía ineficiente (con importantes pérdidas en el transporte hasta los puntos de consumo) y que nos hace altamente dependientes tanto de las importaciones de materias primas (y de la variabilidad de sus precios) como de las empresas que producen electricidad.
Estas últimas características de nuestro modelo energético (obsoleto, contaminante, ineficiente y dependiente) se han visto acentuadas por el veto a las renovables y al autoconsumo. Hoy, la gran revolución de la energía es que las personas sean productoras de su propia electricidad, es decir, que sea posible la producción a pequeña escala, cerca de donde se consume y sin necesidad de grandes inversiones.
Esto significa que ya no necesitamos al oligopolio ni sus grandes centrales de producción. En un momento en el que no se discute que el futuro son las renovables, el gran debate político es en manos de quién ponemos las renovables: del oligopolio o de la ciudadanía.
El gran legado energético del Partido Popular ha sido reforzar los beneficios de las grandes eléctricas con una regulación más que favorable y privilegiar las tecnologías controladas por el oligopolio en el mix eléctrico (que son también las más caras y contaminantes). Esto lo ha hecho castigando y poniendo trabas a las pequeñas inversiones en renovables y personas autoconsumidoras, mientras apostaba por grandes proyectos e infraestructuras energéticas de dudosa utilidad, que incrementan nuestra factura dejando altas rentabilidades a no se sabe muy bien quién.
El nuevo modelo energético del siglo XXI debe partir del principio de que la energía es un derecho, no un bien especulativo para enriquecerse. Ese modelo debe ser todo lo contrario del que nos han dejado cinco años de política energética de Mariano Rajoy, es decir, que debe ser democrático, justo, limpio, eficiente, distribuido y controlado por la ciudadanía.
