Además, el porcentaje de hogares españoles que se declaran incapaces de mantener su vivienda a una temperatura adecuada en invierno es del 11% (alrededor de 5,1 millones de personas), según los datos aportados por la Asociación de ciencias Ambientales. en su informe “Pobreza, vulnerabilidad y desigualdad energética. Nuevos enfoques de análisis. España 2006-2016”.
Entre las causas de este espectacular aumento, señala Ecodes, encontramos el incremento del precio de la energía, la disminución de los ingresos de las familias por la crisis, el desconocimiento de cómo hacer un consumo eficiente o un parque residencial construido sin criterio de eficiencia energética.
Respecto a las medidas que se están poniendo en marcha para hacer frente a la pobreza energética (convenios entre ayuntamientos y compañías suministradoras, leyes de pobreza energética, etc), la ONG indica que van destinadas, en su mayoría, a paliar el problema en la situación extrema, cuando las familias se enfrentan a cortes por impagos.
Ecodes cree, sin embargo, que hay que enfrentar la situación a través de medidas integrales. que ayuden a la familia a prevenir estos impagos. Por ello, en 2013, puso en marcha el programa “Ni Un Hogar Sin Energía” para ayudar a las familias en riesgo de pobreza energética a reducir sus facturas energéticas.
“Empezamos revisando sus contratos, recomendamos hábitos de consumo responsable de la energía e implementamos sencillas medidas de eficiencia energética. Todo esto se hace en colaboración con empresas que aportan materiales o participan con voluntariado corporativo, con voluntariado ciudadano y con servicios sociales municipales u ONG que nos ayudan a detectar las familias que se encuentran en situación de vulnerabilidad energética”, señala.
“Además, para aquellas familias que no podemos visitar en su hogar disponemos de un cuestionario on-line que ofrece pautas para mejorar la contratación de suministros energéticos y hacer un consumo más eficiente”.
A lo largo del proyecto, ha intervenido en más de 550 hogares en 14 ciudades españolas logrando ahorros medios de 35 % con medidas de eficiencia energética, hábitos de consumo responsable y cambio de contratos para adecuarlos a las necesidades reales.
Datos obtenidos
En estas visitas ha detectado que casi la mitad de los contratos analizados de consumidores vulnerables están en el mercado libre, -el 47%-, cifra que ha aumentado especialmente este último año, debido, en gran parte, a las agresivas políticas comerciales de las compañías.
“Nuestra recomendación para estos consumidores es un cambio al mercado regulado, donde este colectivo se encuentra más protegido y en muchos de los casos, con posibilidad de optar al bono social. De hecho, pese a que un 71% de las familias con las que hemos trabajado cumplen con los requisitos que se establecen para tener derecho al bono social, sólo un 18% disfrutan del mismo. Por otro lado, se ha detectado que un 47% de los hogares tiene potencias contratadas demasiado altas, lo que se traduce en facturas demasiado elevadas”.
Las propuestas de Ecodes
En cualquier caso, considera que los programas de apoyo directo a las familias deben de complementarse con otras medidas. Ecodes propone las siguientes:
1 Reconocer y definir oficialmente, a nivel nacional, de una vez por todas, la pobreza energética y la figura de consumidor vulnerable en línea con lo que ya hacen la ley aragonesa y la ley catalana.
2 Definir los requisitos para la obtención del Bono Social. El gobierno ha publicado el Real Decreto-Ley 7/2016 que redefine la financiación y obtención del bono social. No obstante, urge establecer con claridad la definición de colectivo vulnerable, los umbrales de renta para obtenerlo y los porcentajes de descuento en función de estos umbrales.
Ecodes considera, además, que este real decreto, que establece que las compañías comercializadoras financiarán el bono en función del número de clientes, y no en función del volumen facturado, perjudica a las pequeñas compañías que tienen un número mayor de clientes individuales con menor volumen facturado. Sería necesaria una revisión de este punto para una financiación más justa y equitativa. También debería establecerse un bono social para el gas o el uso de bombonas de butano.
3 Asegurar el suministro en momentos críticos. El impago de una factura de energía doméstica puede llevar a la suspensión del suministro. El corte de la luz en el hogar de una familia en riesgo de exclusión es un hito en su proceso de empobrecimiento que puede convertirse en irreversible. Esta situación, en muchas ocasiones, se vuelve recurrente, llegando a acabar en situaciones críticas de enganches.
Diferentes comunidades autónomas y ayuntamientos han establecido convenios con empresas eléctricas para la paralización de cortes de suministro a personas en riesgo de exclusión controladas a través de los servicios sociales. Estos acuerdos no representan un compromiso e implicación en el problema de estas empresas eléctricas, ya que es el ayuntamiento o gobierno autonómico u ONG actuando como avalistas, quienes realizan el esfuerzo económico, haciendo frente al pago de las facturas adeudadas.
Ecodes considera que “estudiando las fórmulas adecuadas, el principio general debería ser compartir el esfuerzo entre el sector público y sector privado”.
4 Coordinación entre órganos gubernamentales. La pobreza energética implica administrativamente a diferentes departamentos como son el de Energía, Salud, Consumo o Vivienda. De igual forma implica a varios niveles de gobierno, tanto estatal como regional. Por lo tanto, es imprescindible una coordinación eficiente de los diferentes órganos gubernamentales para llevar a cabo políticas coherentes y efectivas que agrupen soluciones no solo correctivas, sino también preventivas.
5 Mejorar la información para el consumidor vulnerable. Los suministros de energía representan uno de los gastos más elevados de la economía doméstica en todo hogar, más aun en los de personas en riesgo. Resulta imprescindible empoderar a estas personas en el uso eficiente de sus equipos y sobre aspectos básicos que les permitan entender las facturas, los servicios que están contratando y las ayudas de las que pueden beneficiarse.
6 Garantizar el acceso a equipamiento eficiente del consumidor vulnerable. La reducción de facturas de las familias en situación de vulnerabilidad, entre otras cuestiones, pasa por una mejora de la eficiencia de sus equipamientos. Sin embargo los electrodomésticos más eficientes son los más caros y estas familias no pueden acceder a ellos. Es necesario reflexionar si es más eficiente pagar ayudas de emergencia mes tras mes o transferir esa ayuda a la compra de equipos de la clase energética más alta posible que redunde en un ahorro continuado para la familia.
7 Exigir responsabilidad a las compañías en sus acciones comerciales cuando tratan con consumidores vulnerables para evitar que salgan del mercado regulado, dónde están más protegidos y pueden acceder al bono social.
8 Disminuir el IVA aplicado al uso de gas y electricidad a nivel doméstico. Actualmente, la energía se grava con el IVA general al 21%. Considerando que la energía es un bien básico y necesario para el bienestar y la salud, creemos necesaria su reducción. España es el quinto país europeo con IVA más alto para la electricidad por encima de países como Reino Unido, (5 %), Italia (10 %)y Francia que no tiene IVA reducido en la parte de consumo (20 %) pero sí en la de potencia (5,5 %).
Todo el año
Ecodes recuerda, por otra parte, que la pobreza energética es un problema que se extiende a lo largo de todo el año, no solo en invierno, y que priva a muchas familias de acceder a servicios básicos como la iluminación, la refrigeración o preparación de los alimentos.
“Incluso se está convirtiendo en un problema grave en verano ya que las familias no pueden acceder a sistemas de refrigeración para hacer frente a las olas de calor –destaca–. De hecho, las regiones donde existen más incidencias relacionadas con la pobreza energética son Castilla-La mancha, Extremadura y Murcia, que no son las más frías de España”.
Ecodes es una de las muchas organizaciones sociales que reivindica que el acceso a la energía sea reconocido con un derecho universal, como el agua y que se ha sumado a la petición de que el 17 de febrero se declare como Día Europeo de lucha contra la pobreza energética
