La demanda de Greenpeace llega horas después de que se haya hecho pública la resolución del Centro Internacional de Arreglo de Disputas entre Inversionista Extranjero y Estado que condena a España a indemnizar a dos empresas que denunciaron el hachazo a las renovables. La organización ecologista señala que este fallo pone en evidencia "la nefasta política energética de los diferentes Gobiernos desde 2010 hasta hoy que, con la excusa de acabar con el déficit de tarifa ha ocasionado la paralización de las energías renovables en España y va a provocar cuantiosas multas que deberán ser pagadas por toda la ciudadanía".
Así, los ecologistas piden que se desmonte "la desastrosa reforma energética que ha provocado los numerosos arbitrajes internacionales contra España". La responsable de la campaña de Energía de Greenpeace, Sara Pizzinato, denuncia además el gasto que ya ha hecho el Gobierno para defenderse de todos los pleitos internacionales: "el Estado lleva gastados entre 8 y 13 millones de euros en abogados y consultores que serán pagados por la ciudadanía". A esa cuantía hay que añadirle ahora el montante de la indemnización establecida por la cort internacional: 128 millones de euros más los intereses.
Greenpeace señala en su comunicado los tres frentes en los que ha sido negativa la reforma
1. Se ha paralizado la lucha contra el cambio climático con costes para el medio ambiente, la salud e incluso la economía. Según datos del Magrama, desde 2013 las emisiones de España han vuelto a aumentar tras la crisis económica, al contrario de la tendencia europea.
2. Se ha retrasado la transición hacia un sistema eficiente, inteligente y 100% renovable, con el que la ciudadanía se ahorraría un 34% en facturas energéticas, miles de millones en importaciones energéticas y se crearían más de tres millones de empleos. Bloquear las inversiones en renovables ha impedido que este sector contribuyera a la salida de la crisis económica y de empleo.
3. La defensa del Reino de España en las decenas de arbitrajes internacionales a causa de las malas decisiones gubernamentales cuesta millones de euros a la ciudadanía. Y si, finalmente, como es razonable pensar, se tendrá que indemnizar a los fondos internacionales que se vieron afectados por las medidas retroactivas, el Estado habrá impuesto a la transición energética unos sobrecostes y un retraso innecesarios.
Cabe recordar que tan solo los fondos internacionales o grandes empresas extranjeras han tenido la posibilidad de acudir a los tribunales internacionales de arbitrajes para reclamar al Estado español, lo que les prometió por ley cuando invirtieron; mientras que los particulares y pequeños inversores, que también habían confiado en la ley para invertir en renovables, solo han podido organizarse y protestar.
Así, Greenpeace pide al Gobierno español "que tome medidas urgentes para restablecer la seguridad jurídica en el sector renovable con especial atención para los actores no profesionales". Este es un problema -explican los ecologistas- que ha identificado incluso la propia Comisión Europea que "ha incluido una disposición en la propuesta de revisión de la Directiva Europea de Energías Renovables para evitar cambios retroactivos en la financiación y los mecanismos de apoyo a las energías renovables".
Ciadi
El fallo de este organismo internacional, que fue dado a conocer ayer a las partes, puede ser el primero de la treintena de demandas internacionales interpuestas contra el gobierno español por el recorte que aplicó al precio del kilovatio hora producido en instalaciones renovables. Si el resto de laudos van en la misma dirección, el Reino de España, o sea, la ciudadanía contribuyente, podría enfrentarse a indemnizaciones millonarias. El Centro Internacional de Arreglo de Disputas entre Inversionista Extranjero y Estado es un organismo del Banco Mundial, que es la institución a la que el Gobierno de España quiso enviar al exministro de Energía José Manuel Soria cuando este tuvo que dimitir por su vinculación a paraísos fiscales (Panama Papers).
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