El sol, el viento, el agua y la biomasa pueden ser y son fuentes extraordinarias de energía. Fuentes naturales, fuentes renovables y, sobre todo, fuentes autóctonas, es decir, fuentes de aquí. El petróleo, el gas y el uranio son materias primas de las que carece España, o sea, que son productos que nuestro país ha de importar. Y son muy caros. Hasta el punto de que la economía española expatria cada día hasta 120 millones de euros (M€) para adquirir esos bienes, que tan rentables les resultan a los Emiratos, a Catar o Azerbayán, y tan caros le salen a nuestra economía patria. Pues bien, esa sangría de divisas la ha puesto de manifiesto hoy el presidente de APPA, José Miguel Villarig, en el acto de presentación del «Estudio del Impacto Macroeconómico de las Energías Renovables en España 2013», un formidable documento que recoge, por una parte, los costes que le han supuesto a la administración y a los consumidores el lanzamiento de este sector, y, por otra, los retornos que ha percibido la economía española gracias a las exportaciones (de la industria eólica, por ejemplo), o a los ahorros en importaciones de uranio, carbón, gas o petróleo.
Gastos en incentivos a las renovables versus ahorros propiciados por ellas
El balance es positivo, según el Estudio Macro de APPA, que cuantifica en 60.198 M€ los ahorros que han producido en España las energías renovables entre 2005 y 2013. Solo en ese último año (el 13), el sector -explica el informe- produjo unos ahorros al sistema eléctrico de 9.197 millones de euros. APPA los desglosa así: 5.871 M€ de ahorros por reducción del precio del pool, 3.142 M€ de ahorro en importaciones de combustible fósil y 184 M€ de ahorro por reducción de emisiones de CO2); todo lo cual supera en 2.484 M€ a las primas percibidas en ese período (6.713 M€) por la generación de electricidad.
La mejor herramienta
¿Y qué ha dicho el presidente de APPA sobre el particular? Pues ha dicho que las energías renovables "constituyen la mejor herramienta para luchar contra la dependencia energética nacional", esa que desangra cada día a la economía española. Y, a continuación, ha criticado con dureza la política energética que está ejecutando el Gobierno Rajoy, "que ha frenado la implantación de renovables y parece haberse olvidado de la dependencia energética, tema estratégico de capital importancia y que nos supone más de 120 millones de euros diarios en importación de combustibles fósiles".
Los dos errores básicos del Ejecutivo Rajoy
Villarig ha apuntado además que la reforma energética incurre en dos errores básicos: "la improvisación y el cortoplacismo, cuando estamos en un sector estratégico que requiere mirar a largo plazo y actuar con marcos predecibles y de certeza y con amplios consensos, para dar seguridad a los inversores y atraer nuevas inversiones". Porque, ciertamente, los inversores están reaccionando. Según la consultora Bloomberg, por ejemplo, en España, y solo en el primer trimestre de 2013, una vez el Gobierno hubo puesto los pilares de su reforma, la inversión en el sector cayó un 96%.
De la retroactividad
El desencadenante de esa espantada de los inversores -ha explicado Villarig- no es otro que la política energética del Gobierno, que está trufada de medidas de carácter retroactivo, que desprecian los principios de "seguridad jurídica y confianza legítima" y que han propiciado que "el sector de las energías renovables de España viva hoy en una inseguridad regulatoria impropia de un país de la Unión Europea". La opinión parece muy compartida, pues ya han sido interpuestos contra esa reforma en los tribunales más de 350 recursos, de asociaciones, particulares, fondos de inversión, etc.
Despreciando la riqueza propia
El presidente de APPA ha acusado además al Gobierno de "despreciar los recursos renovables, en los que somos un país privilegiado por la naturaleza". En ese sentido, ha lamentado asimismo que el Ejecutivo no haya sabido ver aún que "las energías renovables son una herramienta imprescindible en la lucha contra el cambio climático". Según el Estudio Macro presentado hoy, "la producción con energías renovables evitó en 2013 la emisión de más de 56,5 millones de toneladas de CO2". Más aún: "las emisiones evitadas han aumentado un 9,5% respecto a 2012".
La criminalización de las renovables
Villarig también ha criticado la criminalización de la que han sido objeto las renovables en estos últimos años: "el Gobierno se ha limitado a culpabilizar a las renovables del déficit de tarifa, lo cual es un grandísimo error, o quizá una decisión -ha sugerido-, y no ha buscado las verdaderas causas de este". En ese sentido, ha propuesto al Ejecutivo que "elimine todos aquellos costes regulados que nada tienen que ver con el coste eléctrico -como políticas sociales, o de vertebración del territorio- y que esos costes vayan a donde deben estar, los Presupuestos Generales del Estado".
Fiscalidad
El presidente de APPA también ha hablado de la fiscalidad: "soportamos numerosos tributos y tasas, tanto municipales como autonómicos, que, además, no han sido tenidos en cuenta en el famosos cálculo de la rentabilidad razonable" (efectivamente, la reforma energética ha sustituido la prima por la denominada rentabilidad razonable, y esta grosso modo ha sido establecida en función de dos conceptos: cuánto invirtió el productor de energías renovables en su instalación y cuánto gasta en operación y mantenimiento; a partir de ahí se le aplica un 7,5% de rentabilidad razonable).
Impuestos y rentabilidad
Pues bien, resulta que, a la hora de hacer los números, el Ejecutivo ha decidido no tener en cuenta los impuestos locales o autonómicos que están pagando determinados productores en determinados territorios. Y no los ha tenido en cuenta pese a que dijo que estudiaría instalación por instalación para establecer esa rentabilidad razonable. En fin, que el Ejecutivo no tiene en cuenta un coste -el impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras; o cánones urbanísticos; o cánones eólicos- que obviamente influye en la mayor o menor rentabilidad de una instalación.
Tratar por igual a los que son desiguales
Villarig también ha criticado la Tasa Soria del 7%, ese impuesto que se imputa al kilovatio generado, y que grava por igual la electricidad renovable y la sucia (generada con uranio o combustibles fósiles), impuesto que, además, sí pueden repercutir las grandes compañías sobre el usuario final (las grandes compañías controlan la producción y la comercialización: Endesa Generación/Endesa Comercialización, por ejemplo), pero que obviamente no pueden repercutir la inmensa mayoría de los productores de energías renovables, que producen (y pagan la Tasa), pero no venden al usuario final.
El oligopolio tiene nombres y apellidos
No venden y por eso no pueden repercutir ese coste, como sí hacen sin embargo las cinco grandes compañías del oligopolio nacional: Endesa, Iberdrola, Gas Natural Fenosa, E.On España y EDP. Villarig se ha manifestado así "indignado" por ese doble ataque: reducción de los ingresos, por una parte, que ha venido de la mano de la imposición de la denominada rentabilidad razonable, esa que decía iba a tener en cuenta unos costes y luego resulta que no los ha tenido (el canon eólico, por ejemplo) e incremento, por otra, de la carga impositiva (léase Tasa Soria, por ejemplo).
Vergonzoso, injusto y confiscatorio
El presidente de APPA ha sido muy duro en este aspecto, hasta el punto de hablar de "el vergonzoso impuesto del 7%, impuesto injusto y en algunos casos confiscatorio". La situación, habida cuenta de todo ello, la ha definido Villarig en un par de frases: "las empresas del sector llevamos tres años de incertidumbre e indignación por cómo se ha llevado a cabo la reforma del sistema eléctrico". Las empresas -ha añadido- están ahora ocupadas en "defender las inversiones realizadas; en ello están y estamos, volcando nuestros esfuerzos en la renegociación de contratos y la refinanciación".
En manos de los bancos
Más allá de esas renegociaciones, que están dejando a muchos productores en manos de los bancos (y en un momento especialmente delicado, además), las consecuencias ya se han hecho visibles en muchos ámbitos del sector: “deslocalizaciones, pérdidas de empleo, disminución de la aportación sectorial al Producto Interior Bruto… En un sector regulado –ha dicho Villarig-, cuando el Gobierno no apuesta por él… el horizonte no puede ser esperanzador”. ¿La salida de este atolladero? “La recuperación de la demanda, las interconexiones, el autoconsumo, la electrificación del transporte y el coche eléctrico, siempre que el Gobierno apueste por fomentar los recursos autóctonos que tenemos y el dejar de considerar las renovables como un subapartado de las políticas de cambio climático”.
El primo de Zumosol
Una clave adicional es la Unión Europea (el primo de Zumosol). “Hemos pedido a la Comisión Europea –ha dicho Villarig- que apueste decididamente por las renovables y que no ceda ante las fuertes presiones que ejerce una patronal eléctrica con una capacidad de influencia y medios sin parangón en Europa ni en el mundo”. De momento, las perspectivas no parecen particularmente halagüeñas, pues la hoja de ruta a 2030 que ha redactado la UE se queda en un 27% de renovables para ese año, un 40% en ahorros y un 15% en interconexiones. ¿La esperanza? “Por verlo en positivo, diremos que la tendencia es a avanzar en penetración de renovables y mayores reducciones de CO2 y, ahí, las renovables no tienen rival, porque son el único futuro posible”.
