Delegaciones de casi 200 países se reúnen en Bonn (Alemania), desde hoy y hasta el 18 de mayo, para avanzar en el “libro de normas” que recogerá la reglamentación y los procedimientos necesarios para alcanzar los objetivos climáticos del Acuerdo de París. Greenpeace ha enviado a Bonn una delegación "para facilitar que las negociaciones avancen con rapidez y que todos los países se preparen para la revisión y el aumento de la ambición de los objetivos climáticos que tendrá lugar en 2018".
Según la organización ecologista, "el objetivo de esta reunión contrasta con la actitud del Gobierno de España, que sigue sin apostar claramente por frenar el cambio climático, como quedó patente el pasado viernes, cuando el ministro de Energía, Álvaro Nadal, se posicionó contra la decisión de Enel-Endesa para modificar su modelo de negocio y cerrar progresivamente sus térmicas de carbón" (concretamente las centrales de Compostilla y Andorra). La compañía italiana Enel, que es propietaria de Endesa, anunció la semana pasada en Roma su intención de desconectarse del carbón.
El ministro carbón
Según la responsable de la campaña de cambio climático de Greenpeace, Tatiana Nuño, con su apoyo a las "energías sucias", el ministro Nadal "está dificultando enormemente la transición energética y la búsqueda de alternativas sostenibles en las regiones minero-eléctricas”. Todo ello, además, cuando España es, por una parte -añade Nuño-, "un diamante para las energías renovables y, por otro lado, uno de los países europeos que más sufrirá los impactos del cambio climático".
Subvenciones
El estudio publicado hoy por ODI (Overseas Development Institute) sobre las subvenciones al carbón en diez países europeos revela -explican desde Greenpeace- que España "sigue lejos de poner medidas para terminar con las subvenciones a las centrales térmicas de carbón; de hecho, las subvenciones anuales al carbón ponen a España en el tercer puesto europeo, por delante de países como Alemania o Polonia". Según el informe, España habría otorgado 754 millones de euros anuales entre 2005 y 2016 en subvenciones al carbón, tanto para la transición de las cuencas mineras como para las eléctricas propietarias de las centrales térmicas, aunque la falta de transparencia -lamentan los ecologistas- hace que algunos datos no estén disponibles.
Una oportunidad, según los ecologistas
Habida cuenta de todo ello, Greenpeace exige al Gobierno "que se tome en serio las políticas climáticas y energéticas, y que anteponga la salud de las personas y el medio ambiente a los intereses de las empresas". La organización ecologista cree que España tiene "una magnífica oportunidad para planificar el cierre de las térmicas de carbón no más tarde de 2025 con el desarrollo de la ley de cambio climático y transición energética que quiere poner en marcha". Según la responsable de la campaña de cambio climático, Tatiana Nuño, "la Comisión Europea ya hizo un llamamiento a los Estados miembros para poner fin a las subvenciones perjudiciales para el medio ambiente para 2020, incluidas las subvenciones a los combustibles fósiles". Ahora, además -añade Nuño-, "cerca de 200 países suman sus esfuerzos en la lucha contra el cambio climático, por lo que el Gobierno español no puede seguir dando la espalda al cumplimiento sus obligaciones con el clima y la salud de las personas”.
De la contaminación y la salud
Según el Instituto Internacional de Derecho y Medio Ambiente, que es una organización española declarada de utilidad pública y acreditada ante la Asamblea de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, "muertes prematuras, hospitalizaciones por enfermedades cardiovasculares y respiratorias, aumento de la incidencia del asma en niños y casos de bronquitis crónica en adultos son algunos de los graves problemas de salud provocados por las emisiones de la quema de carbón". El Instituto IDMA ha anunciado que presentará, "este mes de mayo", un informe analizando estos impactos sobre nuestra salud producidos por las centrales térmicas de carbón en España durante 2014.
A continuación, tabla extraida de La Calidad del Aire en el Estado Español. El estudio en cuestión analiza la calidad del aire que respira la población española (46,6 millones de personas) y la relaciona con la protección de la salud humana. Así mismo, evalúa también la calidad del aire respecto a la protección de la vegetación y los ecosistemas. Los resultados -explican desde Ecologistas en Acción- provienen de los datos facilitados por las Administraciones autonómicas y locales a partir de sus redes de medición de la contaminación. La central de Andorra es una de las más contaminantes de España, según este estudio, que fue publicado el pasado mes de junio por Ecologistas en Acción.
