El impuesto al sol es una tasa que el ministro de Industria, Energía y Turismo José Manuel Soria –y el que era entonces su secretario de Estado de Energía, Alberto Nadal– se inventaron en octubre de 2015 para gravar los kilovatios hora que produzco en el tejado de mi casa, recorren el cableado de mi hogar y consumo en el frigorífico de mi cocina, es decir, kilovatios hora (kWh) que no llegan jamás a la red. El ministro Soria (y su secretario Nadal) justificaban su impuesto al grito de “señores autoconsumidores, no sean ustedes insolidarios con los demás consumidores de electricidad, no quieran ustedes ahorrarse los costes del sistema”.
El argumento que han empleado el señor Soria y sus sucesores es este: si cada kilovatio hora que un consumidor saca de la red lleva asociados unos impuestos que sirven para el mantenimiento del sistema todo y un autoconsumidor se ahorra unos kWh (que ya no tiene que sacar de la red porque los genera en casa), pues al final lo que el autoconsumidor se ahorra lo tendrán que pagar entre los demás consumidores; por eso establecemos el impuesto al Sol. El argumento, discutible en términos absolutos, acaba siendo kafkiano -acaba derivando hacia el más absoluto absurdo- si lo relativizamos, es decir, si lo comparamos. Y, para demostrarlo, nada mejor que un ejemplo.
Ejemplo: no compre usted una lavadora clase A
No, no la compre. Porque resulta que esas lavadoras ahorran un montón, ¿sabe usted? Y, claro, como cada kWh lleva unos impuestos asociados, pues todo kilovatio hora que no consuma usted en un lavado a partir de ahora –su ahorro, pues– va a acabar perjudicando a los demás consumidores… La pregunta es: ¿qué hacemos, pues? ¿Dejamos de comprar electrodomésticos clase A y si hace falta seguir gastando un poquito más… pues se gasta? Lógicamente, frente a ese impuesto kafkiano se han ido posicionando todos los actores de la sociedad española: los sindicatos y la patronal, las organizaciones ecologistas, las asociaciones de consumidores, los intelectuales del sector (think tanks) y, por fin, todos los grupos del arco parlamentario (todos menos el Popular, se entiende). Hasta aquí, la historia del impuesto y su justificación -el argumentario- "popular".
El caso es que, hace unas semanas, todos los grupos parlamentarios (todos menos el Popular, se entiende) registraron en el Congreso de los Diputados una "Proposición de Ley para el Fomento del Autoconsumo Eléctrico". El texto, que firman PSOE, Unidos Podemos, Ciudadanos, Esquerra, los nacionalistas canarios, catalanes y vascos, la izquierda abertzale, etcétera, etcétera, plantea "cuatro cambios principales" en la actual normativa del autoconsumo. ¿El primero? La derogación del que se ha dado en denominar impuesto al Sol (el que idearon Soria y Nadal).
Pues bien, a la vista de esa Proposición, el Ministerio Energía ha elaborado un informe, para valorar, entre otras cosas, el impacto económico del autoconsumo en las arcas del Estado. Y Energía ha dicho que ese impacto podría elevarse en 2017 a unos 162 millones de euros (cantidad que ha sido por otro lado muy discutida y que el sector considera no justificada). En todo caso, en ese informe, el Ministerio viene a insistir en el argumentario de la solidaridad, los costes del sistema y su mantenimiento. Así, el informe dice (concretamente en su página 4) lo siguiente:
«Otros países ya han revisado su regulación sobre el autoconsumo para conseguir un reparto equilibrado de los costes del sistema entre todos los consumidores y, en todos ellos, se han establecido cargos asociados al autoconsumo para contribuir a los costes del sistema».
Y es aquí donde UNEF dice que eso es "rotundamente falso", para, a continuación, darle un repaso a la regulación que, en materia de autoconsumo, tienen otros países. Energías Renovables recoge a continuación ese repaso.
1. Portugal cuenta desde hace tres años con una regulación del autoconsumo similar a la que se enuncia en la Proposición de Ley.
2. En Alemania, el EEG Umlage es un impuesto que se incluye en la factura de electricidad de todos los consumidores y que está destinado a financiar la transición energética. Pues bien, las instalaciones de autoconsumo con potencia inferior a los diez kilovatios (10 kW) no están obligadas al pago de este gravamen (vamos, que están exentas); mientras que las instalaciones de más de 10 kW disfrutan en 2017 de un descuento del 60%. Alemania además mantiene aún los Feed-in-Tariffs o Feed-in-Premium (primas) para las instalaciones fotovoltaicas sobre tejado, ayudas que van desde los 8,41 a los 12,30 céntimos de euro por kilovatio hora. Estas instalaciones pueden inyectar toda la electricidad a la red o autoconsumir parte de ella.
3. En Italia, los pequeños y medianos inversores (hasta quinientos kilovatios, 500 kW) pueden adherirse al programa de balance neto, la llamada Scambio sul posto (el balance neto es un sistema de compensación de saldos de energía, de manera instantánea o diferida; mis placas generan por la mañana y, si no puedo aprovechar esa electricidad porque estoy fuera de casa, vierto a red y esta -la red- me compensa por la noche cuando regreso, devolviéndome esos kilovatios que yo cedí). Pues bien, en Italia, las instalaciones de balance neto y de Feed-in-Tariff II (que cobran una prima) pueden autoconsumir y, por lo tanto, están exentas del pago de los costes variables de la factura si es un sistema de menos de 20 kW. Si el sistema es de más de 20 kW, deben pagar un 5% de todos los costes generales variables del sistema. También tienen un IVA reducido (10% en lugar del 23%) y exenciones fiscales.
4. Francia acaba de publicar una Ley de Autoconsumo que dice que las instalaciones de menos de 100 kW tendrán unos peajes de acceso a las redes reducidos. O sea, al revés que en España, donde no solo no se reducen esos peajes (se mantienen), sino que, antes al contrario, se quiere además imputarle a los autoconsumidores un impuesto nuevo, el impuesto al Sol.
5. En Dinamarca, la regulación de balance neto exime a las plantas fotovoltaicas y a los autoconsumidores de menos de 50 kW del pago de la Obligación de Servicio Público (OSP). El OSP es un cargo que incluye apoyo a las energías renovables. Los productores y autoconsumidores de más de 50 kW están exentos del cargo para el apoyo a las renovables, parte del OSP. También tienen un sistema de Feed-in Premium (prima) para instalaciones de menos de 500 kW, hasta una cantidad de 20 MW al año, terminando en 2017.
Además -añade UNEF en su informe-, varios países iberoamericanos, como México, Brasil o Costa Rica, ya tienen regulación favorable al desarrollo del autoconsumo, y ahora se está sumando Chile. Mucho más al norte, pero igualmente en el continente americano, California ha extendido el balance neto por lo menos hasta el año 2019. Eso sí -apuntan desde UNEF-, han cambiado las tarifas de electricidad, introduciendo discriminación horaria, lo que va a hacer perder valor al balance neto.
El discutido informe que ha elaborado el Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital -concretamente su Secretaría de Estado de Energía- le ha servido al Gobierno para justificar su veto a la tramitación de esa Proposición de Ley. Ese veto -el del Gobierno- podría haber sido levantado por la Mesa del Congreso, donde están representados los cuatro grandes grupos parlamentarios: PP, PSOE, Unidos Podemos y Ciudadanos.
Sin embargo, en el último momento, el Grupo Parlamentario Ciudadanos -que era uno de los firmantes de la Proposición- ha decidido sumarse al veto Popular y la Proposición ha quedado así desactivada. La semana que viene habrá otra votación en el Congreso en la que el Grupo Parlamentario de Ciudadanos, y habida cuenta del escándalo que ha suscitado este volantazo del partido de Albert Rivera, podría cambiar nuevamente de opinión -especulan algunos- y ayudar a PSOE y Podemos (con los que ha firmado la Proposición) a levantar el veto popular, si bien no parece claro que vaya a hacerlo.
